En la actualidad, la mayoría de los españoles cree que España es un país donde existen grandes desigualdades en general. Concretamente, el 53,4 por ciento de la población tiene esa percepción. Un 38,8 por ciento diría que es un país donde existen algunas desigualdades importantes en algunos aspectos, pero en otros no. Y un 5,1 por ciento cree que es un país donde existen pocas desigualdades sociales, según los datos del Barómetro de mayo del CIS.

La democracia es un camino de libertad y de igualdad. Pero cuando en la vida cotidiana de muchos ciudadanos, la libertad se va achicando como consecuencia del incremento exponencial de la desigualdad, la democracia va perdiendo su valor práctico y comienza a ser presa, primero, de la crispación y de los populismos. Y después, de fronteras invisibles entre sufrimiento y bienestar, entre pobreza y opulencia, que van erosionando el contrato social hasta romperlo. ¿Por qué? Porque se rompe la confianza en el sistema democrático.

Ahora nos encontramos en uno de esos momentos de malestar general, de indignación ciudadana, en los que hay que renovar el contrato social, para que el bienestar llegue a todos los rincones de España y del mundo. De no hacerlo, el futuro, que es mañana, será más incierto y sombrío para todos.

Para que la democracia pueda sobrevivir al alejamiento de los ciudadanos de la política, y recupere su confianza, es preciso establecer un cambio en las prioridades políticas de los gobiernos, y ampliar y afianzar mejores y mayores instrumentos de participación cotidiana de los ciudadanos.

Uno de los aspectos que mejor sirve para la identificación de la cultura política en una sociedad es conocer la priorización que los ciudadanos realizan entre los criterios de solidaridad y los de esfuerzo personal, y el papel que tiene que jugar el Estado en ello.

El hecho de que la población se decante por una opción de prevalencia de los principios de solidaridad y búsqueda de la mayor igualdad entre las personas con un papel activo del Estado, o por otra individualista, donde cada uno debe ser responsable de su bienestar, debería ser determinante a la hora de establecer las prioridades políticas de esa sociedad.

Sin embargo, factores ideológicos, el poder de las élites políticas y económicas, y la escasa percepción colectiva en la sociedad sobre que es lo que la mayoría de las personas prioriza, pueden hacer que las políticas realizadas por los gobiernos vayan en sentido contrario a lo que desean los ciudadanos.

Afortunadamente, en estos momentos, el gobierno de la nación coincide en sus prioridades políticas con los deseos de los ciudadanos de construir una sociedad más prospera, donde se vayan reduciendo las desigualdades, y el bienestar entre por la puerta de todos los hogares.

Así, el 70,9 por ciento de los españoles está de acuerdo con que el Estado debe ser el responsable del bienestar de todos los ciudadanos. Un 12,7 por ciento cree que los ciudadanos deben ser los responsables de su bienestar. Y un 11,4 por ciento, señala que el Estado sólo debe ser responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos.

Los datos anteriores conforman un cuadro de preferencias muy definido. Son mayoría los ciudadanos que opinan, que favorecer la igualdad debe ser la prioridad y el Estado debe ocuparse de ello. Es decir, se confirma que los valores colectivos priman en la identidad de la mayoría de los ciudadanos sobre el individualismo.

Pero también se reflejan las incertidumbres sobre el presente y el futuro en sociedades cada vez más fragmentadas y desiguales. En todo caso, es evidente que las prioridades mayoritarias de los ciudadanos coinciden ahora con las actuaciones políticas que está realizando un gobierno de la nación que quiere ampliar el papel del Estado en la economía. Este hecho, le refuerza en su legitimidad a la hora de realizar dichas actuaciones.

Si desde el punto de vista democrático, parece oportuno que las preferencias de los ciudadanos se conviertan en la guía principal de la acción de los gobiernos. Es preciso aprovechar los más de 140.000 millones de euros que vendrán a España los próximos años para establecer un cambio de rumbo en nuestro país. La agenda 2050 tiene que llevarnos a la consecución de una sociedad más justa y más prospera, aprovechando los avances científico-técnicos.

Lo demás, son distracciones que pueden impedirnos, como sociedad, llegar a la meta propuesta.