En enero del año 2018 escribía un artículo titulado “Las encuestas: ciencia, editorial o manipulación”, donde denunciaba la manipulación grosera que se hacía de las encuestas y el grave perjuicio que esto ocasionaba a la democracia. Estamos en enero del año 2022, se inicia otro ciclo electoral largo, y la cosa sigue igual, aunque se ha producido un movimiento que debe aprovecharse para que la ciencia triunfe sobre la manipulación.

Me refiero al anuncio realizado por el grupo PRISA de poner a disposición de todos los ciudadanos los datos de las encuestas que a partir de ahora publiquen en sus medios. Es un paso importante, donde afirman que quieren “contribuir a un clima de transparencia que verdaderamente ayude a los ciudadanos a formarse una opinión lejos de los intereses de parte”. Un paso, que debería servir para que otros grupos mediáticos sigan el camino.

Aunque tengo que reconocer que soy escéptico, porque se inicia un ciclo electoral donde muchos de ellos quieren incidir en el voto de los ciudadanos, utilizando entre otras armas las encuestas fake, principalmente contra el gobierno.

En otras ciencias, como la medicina, se toman medidas severas contra la pseudociencia, como hemos podido observar más recientemente en relación con la pandemia. Pero, en el ámbito científico de la Sociología, asistimos constantemente a la publicación de encuestas que abandonan los criterios científicos, los relegan a un segundo plano, o se diseñan para proclamar unas conclusiones determinadas, que tienen más que ver con intereses particulares que con la realidad. Así, aparecen titulares llamativos donde se pretende favorecer a algunos líderes políticos y sus formaciones, y en paralelo castigar a otros, algo que en el caso del PSOE se ha agudizado desde hace ya demasiados años.

La manipulación de las encuestas es una grave enfermedad de la democracia que es necesario atajar. Durante el año que ha terminado, la enfermedad se ha agravado al publicarse más encuestas sobre estimación de voto que nunca. Concretamente, 207 encuestas, que suponen más del doble que en cualquier otro año. Y muchas de ellas, más que intentar informar de las preferencias de los españoles, pretendían incidir en el voto de los ciudadanos, ya fuera movilizándolo, cambiándolo o desincentivándolo hacia determinadas formaciones políticas.

Esta situación de fraude democrático supone un abuso de poder que va más allá de la posterior no coincidencia entre las estimaciones de las encuestas y los resultados. Supone alterar la relación entre representantes y representados por parte de unas élites económicas que pretenden imponer su agenda a la sociedad. Más aún, en sociedades donde la fragmentación política puede hacer que pequeñas variaciones de voto alteren completamente los resultados.

La presión mediática hacia algunos líderes y el beneplácito hacia otros es una opción que puede decidir la línea editorial de cualquier medio de comunicación legítimamente. Pero lo que chirría es que se pretenda hacer pasar la opinión o el apoyo hacia ciertas formaciones políticas como una realidad instalada en la sociedad española.

En este punto, es importante separar la opinión y el apoyo de la información, porque de lo contrario se está utilizando la difusión de esos medios para debilitar la democracia. ¿Cómo? Haciendo pasar el apoyo por información, y confundiendo a unos ciudadanos que tienen derecho a ser informados y a conocer las ayudas que reciben unas y otras formaciones políticas.

La pregunta es sencilla y clarificadora: ¿Por qué hasta ahora los medios de comunicación no ofrecen los microdatos de sus encuestas? ¿Es mejor ocultarlos y seguir criticando al CIS que sí los da? ¿Por qué solo dan sus “cocinas electorales” sin la intención directa de voto? Como señala ahora el grupo Prisa, “la transparencia es irrenunciable para poder identificar el alcance, veracidad, fiabilidad y confianza que merece una encuesta que pronostica resultados electorales o liderazgos en intención de voto. Sin esos microdatos, pueden acabar convertidas en poco más que muletas retóricas para los intereses de los partidos favorecidos en ellas”.

Para evitar las dudas crecientes que tienen los ciudadanos sobre las encuestas, sería interesante que se aplicaran en todo momento los requisitos que exige la ley de Régimen Electoral General para las encuestas en los procesos electorales, que aparece en su artículo sesenta y nueve. Así, sería obligatorio, entre otros aspectos, dar a conocer las características técnicas del sondeo, incluyendo el sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de esta, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que no han contestado a cada una de ellas.

Al mismo tiempo, la Junta Electoral Central tendría un papel activo a la hora de velar por que los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas. Pudiendo recabar más información técnica de los sondeos o encuestas publicadas para efectuar las comprobaciones que estime necesarias. Y pudiendo obligar al medio de comunicación a publicar y difundir una rectificación en el plazo de tres días si observa violaciones de las disposiciones antes mencionadas.

Todos dirán que ya cumplen estos requisitos. Pero, este papel activo y vigilante de la Junta Electoral Central fortalecería la democracia y evitaría la utilización torticera de unas encuestas donde ahora no sabemos si el muestreo que se ha utilizado es representativo, se ha realizado la selección de las entrevistas de manera objetiva, se han prevenido sesgos en las preguntas y se ha garantizado la imparcialidad y la fiabilidad en la presentación e interpretación de los datos.

La concentración de los medios de comunicación en grandes conglomerados mediáticos ha favorecido una tendencia donde algunos medios más que trasladar información a la sociedad pretenden influir en ella. Un ejemplo evidente se observar las encuestas que publican. Que más que encuestas elaboradas con criterios científicos y de investigación que pretenden obtener información de la sociedad, son meros editoriales al servicio de determinados intereses particulares, legítimos, pero particulares.

Por ese motivo, para fortalecer la democracia y no confundir la información con la opinión, sería oportuno que las encuestas vuelvan a tener la dimensión científica que no debieron perder. Con la propuesta de ampliar el marco competencial de la Junta Electoral Central, y permitiendo a cualquier investigador verificar lo que al final se pretende resumir en un titular de prensa, habría más transparencia y, sobre todo, más información. Ganaría la democracia. Y a lo mejor, la Sociología conseguiría ser más respetada, al acabar con la pseudociencia.

En definitiva, la democracia debe protegerse de sus enemigos, y las encuestas falsas son uno de ellos.