La Organización Internacional del Trabajo define la negociación colectiva como un proceso voluntario en el cual los empleadores y las personas trabajadoras discuten y negocian sus relaciones, en los términos y condiciones de trabajo particulares. Es la capacidad compartida por representantes de los trabajadores y empresarios de regular y gestionar las relaciones laborales en aquellas materias de acuerdo a la legislación laboral. Es una herramienta fundamental en el mercado de trabajo.

La negociación colectiva ha sido una de las principales herramientas de vertebración de nuestro país, de manera que ha conseguido que la clase trabajadora mejore su nivel de vida, aumente su estado de bienestar, y las clases medias crezcan. En España, gracias a este instrumento de redistribución de la riqueza, las clases medias dieron un salto cuantitativo llegando a ser entre el 70 y el 80% de la población.

Los países con una clase media reducida son más desiguales y cuando ésta empieza a desaparecer, es más difícil financiar los servicios públicos que suelen empeorar. Aumenta la pobreza, las personas trabajadoras no pueden financiar el sistema público, mientras que los ricos tienden a contratar servicios privados.

El trabajo ha sido durante muchos años la forma de ser parte de la sociedad, de tener derechos. El problema es que ese empleo que nos protegía social y económicamente, ahora mismo ya no es suficiente. La figura de la persona trabajadora pobre es real y está en aumento. Personas que trabajan y que tienen ingresos, pero que no son suficientes para afrontar sus necesidades básicas y las de su familia: educación, sanidad, alimentación, gas, luz, teléfono… Trabajar no basta para escapar de la pobreza.

El número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en los últimos tiempos en nuestro país y el número de familias que necesita de ayudas extra para poder cubrir todos sus gastos, también. El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en junio de 2022, señala que el riesgo de pobreza en España, en base a los datos de 2021, se ha incrementado hasta el 27,8%, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

La acción sindical se basa en el diálogo social, la concertación y la negociación colectiva en sectores y empresas. En estas fechas, los sindicatos están insistiendo en negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Sin embargo, se están encontrando con gran desinterés de los empresarios (CEOE-CEPYME) por negociar un nuevo Pacto de referencia que recupere el poder adquisitivo de los salarios perdido a lo largo de las crisis, la pandemia y la actual guerra de Rusia contra Ucrania que está generando un gran desequilibrio entre las rentas del capital y las del trabajo, así como grandes desigualdades económicas y sociales, aumento de la pobreza, exclusión social y deterioro de la calidad de vida de las personas en general.

Nos encontramos en un momento difícil, la negociación colectiva se encuentra paralizada, la patronal se ha levantado de la mesa de negociación no queriendo reconocer el empobrecimiento de la clase trabajadora, de las clases medias, ni la necesidad de equiparar los salarios a la inflación.

El compromiso para subir los salarios es vital frente a una inflación que hace imposible llegar a fin de mes a las familias. Las organizaciones sindicales más representativas están decididas a recuperar los derechos perdidos y, en particular, a trabajar activamente para recobrar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que deben aumentar su poder de compra ya que se ha producido un desplome salarial acumulado (sobre todo de las rentas más bajas).

La negociación ha de girar entorno a la previsión de inflación del gobierno, de manera que es imprescindible incluir en los convenios cláusulas de revisión salarial para garantizar el incremento real, así como negociar el salario mínimo de convenio. De ahí la necesidad de que el patronal deje de bloquear la negociación colectiva y se siente a negociar. Los sindicatos más representativos UGT y CCOO se manifestaban el pasado 3 de noviembre con el lema SALARIO O CONFLICTO para llamar a la responsabilidad del empresariado. Esperemos que próximamente se alance el Acuerdo en beneficio de la estabilidad del país.

El miedo a no poder pagar el teléfono, el agua, el gas, vivir en una casa con temperaturas bajas, comida o calefacción, ducha semanal o diaria, están presentes en el día a día de la clase trabajadora. Todas estas circunstancias afectan a la salud de las personas y generan enfermedades físicas y mentales, que perjudican especialmente a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas mayores.

Y mientras esto sucede, el apoyo del Gobierno de la nación, pero especialmente el de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se hace imprescindible. El Gobierno está lanzando una batería de medidas para intentar paliar esta situación y mejorar la calidad de vida de los españoles, principalmente de los que menos tienen. La subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, bono social energético, bonificación en el precio de la gasolina, la regulación del servicio doméstico, entre otras, son algunas de ellas. Las políticas públicas, aunque necesarias, no están siendo lo suficientemente efectivas para atajar esta desigualdad, para escapar de la pobreza.

Sin embargo, hay Comunidades Autónomas como la Comunidad de Madrid, con su presidenta a la cabeza, a las que no les interesa en absoluto el bienestar de la ciudadanía. La oposición frontal a la política fiscal del gobierno de la Nación desde las derechas, además de faltar al respeto institucional, es un ejemplo de promesas en términos ideológicos: bajar los impuestos a costa del perjuicio de las clases medias. Servicios públicos como la dependencia de nuestros mayores, la educación o la sanidad, están sufriendo un grave detrimento.

La situación de la sanidad madrileña, que se encuentra en estado crítico por falta de personal. La devaluación día a día de la atención primaria, las urgencias extrahospitalarias traducidas en centros sin personal, centros cerrados, médicos trasladados, cambios de planillas, centros sin el material necesario o directamente cerrados, equipos sin personal médico o de enfermería. Insuficientes recursos públicos, desarme de servicios públicos básicos con el riesgo que conlleva.

No tiene ningún sentido el planteamiento de bajar impuestos, salvo el de beneficiar a las rentas más altas y del capital, sobre todo cuando los ciudadanos reclaman aumentar el gasto social para superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. La reforma fiscal ha de ir encaminada a legislar con el propósito de mejorar nuestros ingresos y hacerlo de la manera más justa, suficiente, eficiente y progresiva posible.

Se trata de  avanzar en políticas públicas de apoyo a las familias, dando prioridad a la atención a la población más vulnerable, sanidad, educación y la ampliación del transporte público o la mejora del acceso a la vivienda, en lugar de bajar  impuestos, generando desigualdad y reducción de derechos.

Mayor justicia fiscal, subida de salarios, prestaciones no contributivas más potentes, en definitiva, políticas públicas adecuadas harán que la clase trabajadora, la clase media de nuestro país se incremente. Tenemos como asignaturas pendientes: la superación de las desigualdades, reducir la pobreza, eliminar la exclusión social y potenciar la igualdad de oportunidades, que son el  fundamento de las ideas socialdemócratas.