La crisis sanitaria provocada por la propagación en Europa del COVID 19 está obligando en todos los países que lo sufren a que sus respectivas Administraciones reaccionen con medidas extraordinarias, lo que obliga a preguntarse si la Administraciones españolas (General del Estado, autonómicas y locales) están preparadas para hacer frente a esta epidemia. La respuesta parece, a primera vista, bastante sencilla, pues existe un Ministerio de Sanidad y unas Consejerías Autonómicas de Sanidad, pero quizá convendría profundizar algo más. En su comparecencia ante la prensa, en la tarde del 10 de marzo, el Presidente del Gobierno informó de las medidas adoptadas desde que se conoció la llegada de la epidemia a Europa; pero ahora conviene examinar la predisposición de nuestras Administraciones y de nuestros órganos constitucionales para afrontar esta crisis.

Empecemos por las Cortes Generales. En pocos momentos se ve con más intensidad que el Parlamento ha de ser un centro de encuentro y de diálogo y no un foro fácil de oposición. Con o sin cierre temporal de las sesiones plenarias, las Cortes Generales deben ayudar a escenificar toda la unidad política ante una crisis sanitaria que ha llegado a Europa y que debe servir para que se rebaje la crispación política. ¿Lo asumirá así la oposición, rectificando su inicial belicosidad ante una crisis nacional? Si asume la oposición que no es el momento de tender una trampa al Gobierno de coalición, sino una ocasión de buscar una mayor integración de los partidos con el Estado, habremos ganado en calidad democrática.

Además del papel de apoyo del Parlamento, quien tiene el mayor protagonismo y también la mayor responsabilidad es el Gobierno de la Nación. No se puede decir que el Gobierno haya estado pasivo, pues el martes 10 de marzo aprobó el Decreto-ley de medidas para la protección de la salud y ya se anuncia, a la hora de escribir este articulo, que el jueves 12 de marzo volverá a reunirse el Consejo de Ministros. Parece que la reacción del Gobierno está siendo rápida. ¿Y las Administraciones Públicas?

En primer lugar, la Administración General del Estado, como órgano estratégico está planificando la intervención directa y la coordinación con las Comunidades Autónomas , y siempre con criterios técnicos más que políticos, como señaloó el Presidente del Gobierno en su comparecencia del 10 de marzo. Desde una visión administrativa, el Ministerio de Sanidad ofrece garantías de acción pública y lo mismo puede decirse de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, que están coordinadas con el Ministerio a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta red orgánica constituye una estructura sólida , pero no faltan algunas dudas. Es sabido que durante los dos Gobiernos del Presidente Rajoy la Sanidad Publica sufrió recortes presupuestarios muy graves y, a cambio, se reforzó mucho la sanidad privada que, no hay que decirlo, actúa como una actividad lucrativa. Ahora pueden entrar dudas si en toda España, especialmente donde gobierna la derecha, la Sanidad Pública está en condiciones de hacer frente a la crisis. Probablemente sí, porque el Sistema Nacional de Salud levantado en los años ochenta del siglo pasado es tan sólido que podrá resistir los recortes de los Gobiernos conservadores. Pero podría estar en mejores condiciones si no hubiera sufrido los ataques privatizadores.

Por otra parte, como parte integrante de la Administración Publica, el Sistema Nacional de Salud también ha sufrido las reformas de los Gobiernos de Rajoy, que intentaron desmantelar y reducir la Administración Pública. Esto se nota especialmente en la prohibición de las Agencias Públicas, que quizá sería necesario que renacieran en algunos ámbitos administrativos, y en la contratación administrativa. Con la vigente legislación de contratos del sector público es muy posible que los hospitales públicos y la Administración sanitaria no puedan conseguir con la urgencia necesaria los suministros que necesiten, por lo que quizá sería aconsejable reformar por decreto-ley la Ley de contratos de 2017 para permitir un acceso rápido a los suministros sanitarios. Y también hacer renacer la antigua Ley de Agencias por si fuera necesario dotar de esta forma administrativa a algún servicio sanitario.

Es decir, con un buen impulso del Gobierno, el Sistema Nacional de Salud está en condiciones de hacer frente a la epidemia. Sin embargo, no debemos olvidar que el ordenamiento español dispone de otros instrumentos para hacer frente a situaciones de especial gravedad. Sobre todo, los estados de alarma, excepción y sitio, previstos en el articulo 116 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Los estados de excepción y de sitio están orientados a grandes crisis políticas, pero el estado de alarma (aplicado una sola vez en España, con ocasión de la huelga de los controladores aéreos de 2010) es aplicable si la crisis sanitaria sigue avanzando. De hecho, la Ley Orgánica especifica que el estado de alarma se aplicará a crisis sanitarias como son las epidemias.

Con el estado de alarma, que declara el Consejo de Ministros por medio de Real Decreto, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los funcionarios quedan bajo una única autoridad que el Gobierno designa, y permite limitar la circulación de personas y vehículos, requisar temporalmente bienes, limitar el uso de servicios y el consumo de bienes y, lo más importante, adoptar las medidas «establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas». Lo cierto es que el estado de alarma, de cuya proclamación hay que dar cuenta al Congreso de los Diputados, es el instrumento jurídico más adecuado para luchar contra una epidemia de esta clase, sin perjuicio de acudir a la Ley de Seguridad Nacional para acentuar la coordinación de todas las fuerzas policiales.

España dispone de una organización administrativa idónea para combatir una gran epidemia, pero lo más importante es la coordinación que pueda efectuar la Administración General del Estado y la colaboración de las Comunidades Autónomas y de la oposición, pues la salud no conoce límites ideológicos.