La epidemia del coronavirus ha sido un acontecimiento inesperado que, como tal, genera preocupación porque afecta a la salud de las naciones e incertidumbre sobre el porvenir económico y social de cada país. De ahí la importancia de los Estados nacionales y de sus máximos representantes, los gobiernos centrales, para ordenar y ejecutar las políticas encaminadas a la resolución de la crisis y, en paralelo, tratar de atenuar sus consecuencias, previendo todos aquellos cambios que sean necesarios en materia económica, financiera y social, para evitar sentimientos de fatalismo u orfandad en el conjunto de la sociedad. En España creo que es al Gobierno Central al que corresponde la responsabilidad de dirección y ejecución y no de mera coordinación de las actuaciones e iniciativas de las Comunidades Autónomas, como se deduce de lo actuado hasta el momento; porque no estamos ante una cuestión de administración ordinaria, sino ante algo excepcional que requiere, a mi juicio, el protagonismo absoluto del Consejo de Ministros y de su presidente.

Como la memoria suele ser flaca, conviene recordar que la crisis iniciada en 2007, y todavía inconclusa en algunos aspectos, puso en duda muchas cosas, tanto en el plano internacional como en el doméstico; se ha dicho de todo y se han planteado debates doctrinales sobre el capitalismo, sobre el papel de los Estados, sobre las organizaciones supranacionales etc. etc. También en España se cuestionaron algunas realidades y una de ellas, que me interesa resaltar hoy, se refiere a la capacidad del Estado para ejercer sus funciones debido a la gran fragmentación del poder público, derivada de una ejecución inadecuada del modelo autonómico regulado por la Constitución de 1978. Sin recurrir a ejemplos negativos, como es el caso lacerante de la cuestión catalana, si hay que reconocer, para lamentarse de ello, que las Comunidades Autónomas se han convertido en la práctica en contrapoderes estatales con vicios agudos de clientelismo y con escaso sentido de la solidaridad. Aunque son parte del Estado no han funcionado como tales, dificultando sobremanera el ejercicio de las políticas de interés general. No creo que haya que extenderse en explicar algo que está a la vista de todos.

Es verdad que los Estados nación han ido perdiendo capacidad y poder por dos vías, la supranacional y la regionalización doméstica. El caso de España es paradigmático de ese fenómeno, pero la cruda realidad es que, cuando aparece una crisis importante, todas las miradas e inquietudes de los ciudadanos se dirigen a los Gobiernos nacionales. Así ocurrió en 2007/2008, y empieza a ocurrir ahora. Entonces fueron todos y cada uno de los Estados los que asumieron las responsabilidades y las garantías de los rescates habidos y ejecutaron unas políticas, cuyas consecuencias negativas están en el origen de los movimientos políticos y sociales de insatisfacción que predominan en diferentes países, entre ellos el nuestro.

En el caso que nos ocupa, la crisis sanitaria, resulta llamativo observar cómo el discurso imperante en las últimas décadas orientado a negar la capacidad del Estado y a denigrar los servicios públicos, practicando recortes indiscriminados, se ha trastocado por arte de birlibirloque en exigencias de ayudas al Estado y en alabanzas al sistema sanitario, profundamente disminuido en medios materiales y humanos por las políticas practicadas en la última década. Pero, aparte de subrayar la contradicción, esta tiene de positivo que la realidad debe imponerse para reconocer que el Gobierno contaría con el aval ciudadano para asumir sin complejos la dirección de los asuntos públicos y recuperar facultades y capacidades que nunca debió perder.

Hasta el momento, el guión del Gobierno Central ha sido observar y, si es posible, coordinar las actuaciones de los poderes regionales. En el orden supranacional, esperar instrucciones de Bruselas, es decir de la Unión Europea. En cuanto a lo primero, pienso que se ha confundido la administración ordinaria con un asunto que, a todas luces, la trasciende y sobre lo segundo, Bruselas, es demostrativo de una ingenuidad imperdonable, conociendo los antecedentes de otras situaciones de crisis, desde la guerra de Los Balcanes en la década de los 90 del pasado siglo hasta la reciente crisis financiera de 2008, como ejemplos más destacados de inepcia y de desaciertos.

Lo único que cabe esperar de la UE, para que nadie se engañe, es que una de sus instituciones, el Banco Central Europeo, continúe y, en su caso, incremente sus inyecciones de liquidez que son las que han permitido en estos años hacer una reestructuración de facto de la deuda soberana, procurando unos costes irrelevantes de la misma. Del resto de las instituciones comunitarias, muchas y nutridas de burocracia, nada de nada. En paz sea dicho. Por eso comprendo la decepción confesada de nuestro jefe de Gobierno con el “resultado” de las recientes reuniones en Bruselas.

En fin, a quienes conservamos algo de sangre jacobina nos inquieta el peligro de que el Poder Público, cuyo máximo representante es el Gobierno de la nación, aparezca dubitativo a la hora de encarar una crisis nacional como la actual. Por eso, hay que animarle y exigirle para que tome las riendas, utilizando todos los instrumentos legales y administrativos necesarios, con el fin de evitar que la alarma y preocupación de los españoles terminara transformándose en ira. Porque España merece más y puede más.