Las declaraciones vertidas por un político de la Comunidad de Madrid el pasado marzo, zahirieron, con toda seguridad, a cuantos ciudadanos de bien escucharon las siguientes palabras: “Si la población sale a la calle, y ve que la región de Madrid es rica, y que dicen que hay tres millones de pobres… ¿Por dónde estarán?”.

Sin entrar, de momento, en datos, como los ofrecidos en el último informe Foessa 2022 (con datos relativos a 2021)[1], bastaría con pasarse por cualquier banco de alimentos, acompañar a las mujeres y hombres que se ven en la urgencia de acudir a las “colas del hambre”, visitar una noche cualquiera los centros de acogida para personas en situación de “sin hogar” o pasear por las calles de tan hermosa villa como Madrid para darse cuenta de la envergadura de esta problemática humana y social.

Vayamos ya a los datos, según el precitado informe Foessa, los efectos económicos y laborales de la COVID-19 han sido demoledores: se ha duplicado la precariedad laboral (2 millones de hogares la viven en primera persona); hay 600 mil familias en donde todos sus miembros están en paro (1/3 del total); la exclusión social ha aumentado más del doble en los hogares monomarentales; hay 2.700.000 jóvenes  (entre los 16 y 34 años) en procesos de exclusión social; en los hogares de migrantes es tres veces mayor que entre los de autóctonos; tres de cada diez familias han reducido sus gastos cotidianos en alimentación ropa y calzado; las tasas más elevadas de exclusión social se observan en el sur y este de la península, junto con las Islas Canarias (29%); la distancia entre la población con más y menos ingresos se ha incrementado en más de un 25% y 1.800.000 hogares sufren el que se ha denominado “apagón digital”.

Lo anterior ha originado un nuevo factor exclusógeno, que desde Caritas se ha calificado como el “nuevo analfabetismo del siglo XXI”. Afecta, básicamente, a los hogares integrados por personas mayores de 65 años y a los que viven solos. Se constata el aumento de la brecha de género. No en vano las mujeres han sido las más perjudicadas, teniendo en cuenta que los sectores ocupacionales en los que se emplean se han visto especialmente damnificados: comercio y hostelería. En este sentido, se observa que entre los hogares encabezados por varones sus procesos de movilidad social descendente han seguido recorridos desde la integración a la precariedad, sin embargo en los encabezados por mujeres los itinerarios se han presentado: desde la integración precaria a la exclusión. De hecho, la exclusión social en los hogares monomarentales ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, a distancia de los integrados por varones a la cabeza (del 15% al 18%).

En otro orden, se reafirma el binomio juventud versus exclusión social. Según Foessa, hay 2,7 millones de personas entre los 16 y 34 años en la vivencia de dinámicas de exclusión social intensos y multidimensionales (1,4 millones en exclusión severa), que les impide desarrollarse conforme a su edad (acceso al empleo, emancipación, construcción de sus propios hogares…) y hacer planes de futuro (les ha tocado sufrir, en primera persona, dos crisis, la del 2008 y la económica derivada de la COVID-19). Específicamente, la tasa de exclusión social en esta cohorte de edad es tres veces superior a la de los mayores de 65 años.

Por otro lado, la nacionalidad sigue siendo un factor exclusógeno de primer nivel. El 50,3% de los hogares integrados por no autóctonos en 2021, porcentualmente tres veces más que los integrados por españoles. Añadir que entre los migrantes la tasa de incidencia de la COVID-19 es 3 puntos más que entre la población originaria de España. Se explica por sus peores condiciones de vida y de habitabilidad (peor ventilación, hacinamiento…), recursos limitados para acometer medidas preventivas y una mayor probabilidad de contagio, a consecuencia de los trabajos en los que desarrollan su actividad profesional.

En una investigación realizada por el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales en 2011 que dio lugar al libro En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis[2] se analizó a las familias que estaban viviendo procesos de empobrecimiento y de movilidad social descendente, aunque no estaban contabilizadas en las estadísticas oficiales, por encontrarse en los límites (por encima del 60% de la mediana de ingresos), se constató que desplegaron una estrategia de contención del gasto en aspectos básicos, como electricidad, agua, teléfono, ocio y tiempo libre…

La Covid-19 trajo también consigo una reducción de gastos cotidianos en alimentación, ropa, calzado, que alcanzó a 3 de cada 10 ciudadanos, y se multiplica por dos entre aquellos que vivían, en su día a día, procesos de exclusión social. Además, avanzado el año 2022, según el Banco de España, los elevados precios están llevando a muchas personas y familias a una contingencia de alto riesgo social, al no estar en disposición de hacer frente a comida, agua, luz… e incluso pagar recibos de vivienda…  Según detallan, más de 3,3 millones de ciudadanos se desenvuelven en la pobreza extrema, con profundos déficit que nos les permite satisfacer mínimamente sus necesidades y asumir sus gastos. Asimismo, se detecta una fragilización de los vínculos relacionales en los hogares con mayores dificultades, privativamente entre los hogares monomarentales.

La prevención cobra especial relieve en un escenario como el expuesto, de igual modo que es indispensable acometer cuantas medidas sean necesarias, desde el Estado de Bienestar, que contengan y apoyen, a los sectores sociales más vulnerables. Prevención y medidas desde el ámbito de la salud, la vivienda o la protección social, que incluyan mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, además de acometer medidas que acaben con la precariedad y la temporalidad laboral como focos de pobreza y de exclusión social,  asumir medidas fiscales redistributivas, apoyar el sistema de salud y a sus profesionales con los medios necesarios, habiéndose demostrado, su papel central en el abordaje de la pandemia; promover políticas integrales; potenciar una política de viviendas sociales, que frenen la exclusión residencial (la pandemia ha duplicado el número de hogares con retrasos en los pagos relativos a la vivienda, desde el 1,1 millones en 2018 a 2 millones en 2021). Es indispensable abordar la brecha educativa derivada del apagón digital asociado a la COVID-19. Por hacernos una idea del tema, en 2020 el 31% de los hogares con pequeños menores de 15 años de etnia gitana manifestaron, en el estudio FOESSA, que habían bajado sus calificaciones notablemente respecto al 2019 (recuerdo en pleno confinamiento la extraordinaria labor de tantos y tantos maestros que llevaban las tareas en mano a los menores que vivían en poblados marginales).

En definitiva, la realidad en la que nos encontramos, puesta la vista en el futuro, exige la formalización de servicios sociales adaptados a los retos del siglo XXI: el envejecimiento de la población, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el apoyo a los menores más vulnerables, la integración de los migrantes y refugiados de guerras…

Muchas son las medidas que desde el Gobierno de Sánchez se han puesto marcha con la finalidad de acometer problemas tan complejos, que generan grandes sufrimientos y está llevando a miles de personas y familias a un futuro incierto.

Permítanme finalizar estas líneas, compartiendo la principal proposición de la gran socióloga norteamericana Jane Addams (1860-1935), una de las mujeres más relevantes de su época, olvidada por décadas, quien dijo: “… la identificación con el destino común, que es la idea esencial de la democracia, se convierte en la fuente y expresión de la ética social”. Ética social que consideraba el principio prevalente de la conducta en la sociedad y que todos deberíamos asumir si aspiramos a un mundo realmente justo y equitativo, máxime en los tiempos que corren.

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[1] Fundación Foessa, Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España, Caritas, 2022. https://www.caritas.es/main-files/uploads/2022/01/Conclusiones-Informe-FOESSA-2022.pdf

[2] José Félix Tezanos, Eva Sotomayor, Mª Rosario Sánchez Morales y Verónica Díaz, En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013.