Parecería innecesario comenzar un artículo recordando el artículo 1 del RDL 36/2020 referido al plan de recuperación y resiliencia. Sin embargo, la ignorancia o la mala intención, y el bulo como instrumento de confusión y engaño, me recomiendan hacer algunas reflexiones al respecto.

Contiene el Título I (Objeto), artículo 1: “El presente Real Decreto Ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos”.

La Comisión Europea recuerda que en la ejecución de estos fondos mantendrá su colaboración con la OLAF (Oficina Europea Antifraude) y la Fiscalía Europea (Ricardo Rivero, comentario de urgencia al RDL 36/2020 de 30 de diciembre). Y en relación al seguimiento de los datos recomiendo el artículo 46 de la misma obra comentada por el profesor Fernández Ajenjo.

Pues bien, en recientes fechas, la Presidenta de la Comisión Europea (de la misma familia política que el PP) señalaba, y cito literal: “Este plan transformará profundamente la economía española, la hará más verde, más digital y más resiliente. Hemos apoyado este plan porque es ambicioso, previsor y ayudará a conseguir un mejor futuro para los españoles”.

En este contexto, alguien que no esté guiado por la ignorancia o la mala fe, es incapaz de entender la decisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y seguida de cerca por su jefe nacional, de llevar al examen de Bruselas primero, y a los tribunales después, un programa de nueve millones de euros para cuatro comunidades autónomas.

La discusión, en estos momentos, está en la apuesta por el riesgo, porque según algunos auditores y prestigiosos administrativistas, los hay que jocosamente apuestan por reprimir el papel de forense de la auditoría, en favor de unos mecanismos de control más rápidos y arriesgados. Sin perder de vista en ningún caso el objetivo marcado por la Comisión Europea, que según señala tienen que ser comunes a otros programas de la Unión, esta posibilidad ofrece ventajas en términos de complementariedad y sinergia.

Me voy a permitir la licencia de indicar algunas guías para el seguimiento correcto de estas inversiones, no me cabe duda, de gente preparada de la derecha española que las comprenderá, incluso alguna las habrá leído. Incluso puede que se hayan sonrojado en silencio como el innombrable pudor del anuncio sobre el cuidado de una parte íntima de la anatomía.

Indica Peter F. Drucker que las tendencias de evaluación y desarrollo que se tendrán en cuenta son los siguientes: uso de ensayos de control aleatorio, creación de redes y asociaciones de evaluaciones nacionales, regionales y mundiales, entre otros.

Me permito recomendar las conclusiones que sobre la evaluación de fondos se explican en la revista galega de administración pública (ver todo en su conjunto, especialmente en su punto sexto, números 5 y 6).

En un estado compuesto como el español, el Tribunal de Cuentas y los OCEX analizan el destino de esos y cualquier otro fondo con honestidad y profesionalidad, y a partir de un programa básicamente compartido y común. Honestidad que, por cierto, no les ha faltado a secretarios e interventores de todos los ayuntamientos de España, así como a los interventores de las Comunidades Autónomas, ni a la IGAE…ni a muchos otros actores que participan el control externo e interno del gasto.

En fin, antes de ir (como suele ser habitual) a levantar falsas alarmaras a las instituciones de la Unión Europea como pollo sin cabeza, es conveniente no confundir, señoras y señores, un lechoncito con un cerdo de cien arrobas.