El Acuerdo firmado recientemente por el Gobierno y Podemos ha sido muy bien acogido por las fuerzas progresistas, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, a pesar de que todavía debe emprender un largo camino para que, finalmente, se refleje en los PGE- 2019. Por el contrario, la reacción de la derecha no ha podido ser más desafortunada, visceral y desproporcionada, con manifestaciones muy negativas, incluso en Bruselas, en relación con el crecimiento económico, el empleo y la corrección del déficit y de la deuda pública. En este sentido, el visto bueno de la UE al borrador de los PGE-2019, aprobado por el gobierno, ha cerrado, definitivamente, el debate abierto y ha puesto  de manifiesto que el Acuerdo cumple con los requisitos más exigentes en materia de estabilidad financiera y fiscal y, como consecuencia, ha desmontado los burdos y tabernarios argumentos utilizados por el PP y Ciudadanos.

El Acuerdo pretende remediar los estragos sociales causados por las políticas de austeridad, así como por la gestión neoliberal de la crisis (Mariano Rajoy) y, por lo tanto, superar las profundas desigualdades, la pobreza y la exclusión social. El capítulo del gasto (Agenda Social) es posibilista y moderado y hace hincapié en la superación de la devaluación salarial (SMI hasta 900 euros por 14 pagas: el 22,3%) y en la protección social (recupera  la cobertura del desempleo a los 52 años, elimina paulatinamente el copago farmacéutico, revaloriza las pensiones ligadas al IPC e incrementa las no contributivas en un 3%, además de incrementar la inversión en dependencia y reducir la pobreza infantil). También insiste en la necesidad de eliminar las medidas más nocivas de la reforma  laboral y en otros asuntos relacionados con la igualdad de género, becas y reducción de tasas universitarias, freno a la burbuja del alquiler de viviendas, aumento de la inversión en investigación y ciencia, derogar la ley Mordaza, reformar la Ley Electoral…

Una política de estas características sólo será posible llevarla a cabo aumentando los ingresos fiscales- como contempla el Acuerdo– a los grandes patrimonios y altos ingresos, así como imponiendo tasas a  las transacciones financieras y a los servicios digitales (la llamada tasa Google), además de establecer la fiscalidad verde (diesel), un mayor control de las SICAV y, sobre todo, un mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a las grandes empresas, entre otras medidas. Este es, precisamente, el asunto más discutible en cuanto a su credibilidad y cumplimiento ante el previsible rechazo de los sujetos afectados por el aumento de los impuestos a un pequeñísimo número de personas, patrimonios y empresas. En todo caso, esto no significa que estemos ante un incremento salvaje de impuestos o de que el incremento de los ingresos fiscales, a través de estas medidas, nos conduzca a una situación económica semejante a Venezuela o a países tercermundistas, como manifiestan los voceros más aguerridos y reaccionarios de la derecha. Debemos recordar que la subida de impuestos sólo afecta al 0,5% de los contribuyentes y que las empresas que se verán afectadas por el aumento de los impuestos se sitúan por debajo del 1%.

En cualquier caso, el Acuerdo pone de relieve varios asuntos a tener en cuenta. En primer lugar, el acercamiento entre el PSOE y Podemos- después de muchas suspicacias, reservas y malos entendidos-, puede facilitar que se culmine la actual legislatura y se consolide un proyecto a medio y largo plazo de izquierdas con la lógica aspiración de garantizar la gobernabilidad en nuestro país. En segundo lugar, el Acuerdo consolida el discurso moderadamente socialdemócrata del PSOE y el aterrizaje de Podemos en la realidad social, así como la apuesta de ambos partidos por sustituir la confrontación y la lucha partidaria por una mayor colaboración política en la actual coyuntura. En tercer lugar, el Acuerdo anuncia la confrontación de clases entre derecha e izquierda y refuerza un mapa político estatal a cuatro: dos por la derecha (PP y Ciudadanos) y dos por la izquierda (PSOE y Podemos); al que hay que añadir los partidos nacionalistas e independentistas. En cuarto lugar, demuestra, una vez más, la capacidad propositiva de la izquierda y la ausencia de alternativas reales desde la derecha, al margen de la utilización de las Banderas y de la Unidad de España, el recurso demagógico contra los inmigrantes, su radical comportamiento en relación con el problema de Catalunya y, sobre todo, el sistemático recurso al miedo y a la incertidumbre sobre nuestro futuro.

Además, el Acuerdo tiene una mayor relevancia política por el momento en el que se ha producido y por lo que ello significa: convocatoria de elecciones en Andalucía y después (próximo mes de mayo) en los ayuntamientos, CCAA y UE. Por eso, si se confirman las encuestas, el previsible avance de la izquierda en los próximos procesos electorales puede convertirse en una referencia ilusionante para la izquierda en la UE- junto a Portugal y el Reino Unido (Jeremy Corbyn)- e, incluso, servir de freno al fuerte auge de la ultraderecha y, desde luego,  ayudar a que las ideas socialdemócratas, inmersas en una profunda crisis, se recuperen y tengan un mayor protagonismo en el marco europeo.

Conseguir que el Acuerdo se traslade a los PGE-2019 no será nada fácil. Descartados el PP y Ciudadanos (en esta ocasión ni siquiera se intentará conseguir su apoyo), el trabajo encaminado a buscar apoyos se está dirigiendo al PNV y a los partidos independentistas catalanes. La mayor dificultad se establecerá con Ezquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT, porque ambos partidos saben que el gobierno no puede hacer concesiones en relación con los políticos presos (movimiento previo: presionar a la fiscalía) ni con la Constitución y el Estatut catalán en su pretensión de hacer realidad el “derecho a decidir” (autodeterminación). Por eso, los partidos catalanes deberán optar entre  convivir con una derecha montaraz y con aspiraciones re centralizadoras, o con  una izquierda progresista y respetuosa con la democracia y con la actual configuración del Estado. Una izquierda que, además, ya ha manifestado su interés en explorar la posibilidad de reformar la Constitución, el Estatut y el  establecimiento de un marco Federal para nuestro país.

En la tarea de desarrollar el Acuerdo, los sindicatos y empresarios serán imprescindibles, a pesar de que llama mucho la atención el escaso protagonismo que han tenido en la elaboración del documento firmado- al margen de que éste recoge una buena parte de las reivindicaciones sindicales-, ante el convencimiento de que los empresarios no estaban dispuestos a incrementar los salarios y el gasto social y menos apostar por la convergencia social de España con los países más avanzados de la UE. No debemos olvidar que el Acuerdo no resuelve, por sí solo, los grandes problemas pendientes de nuestro país: el empleo, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores (capaz de recuperar el protagonismo de la negociación colectiva a nivel sectorial), la sostenibilidad de la Seguridad Social (pensiones), la prestación de ingresos mínimos, la suficiencia y falta de equidad de los ingresos fiscales, el cambio de nuestro modelo productivo (con un fuerte componente industrial), la adaptación a la digitalización y a la robótica, la eficacia de los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda pública…), el problema catalán, el fenómeno migratorio y el cambio climático (equilibrio ecológico).

Por eso, los ciudadanos deben movilizarse y participar activamente en defensa de  las políticas progresistas y, finalmente, con su voto en los próximos meses a todos los niveles; simplemente porque estamos ante un momento histórico donde el cambio es posible. En este sentido, el PSOE y Podemos deben persistir en las políticas pactadas para no defraudar las justas aspiraciones de los ciudadanos y, particularmente, de los más débiles. Debemos recordar que los nefastos años de gobierno de Mariano Rajoy y la incomprensible reacción del PP y Ciudadanos, en los meses transcurridos desde la moción de censura, han demostrado sobradamente la incapacidad manifiesta de la derecha para gobernar y hacer oposición con eficacia y para ofrecer propuestas y alternativas progresistas capaces de modernizar el país, recuperar la relevancia en el ámbito internacional y, sobre todo, superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social que atenaza en la actualidad a miles y miles de conciudadanos.

Desde luego, la consolidación del Acuerdo y también de un proyecto de cambio socialdemócrata va a depender de la fortaleza de las estructuras partidarias del PSOE y de Podemos y de su capacidad para penetrar en el tejido social, así como de conectar con colectivos a la vanguardia de nuestra sociedad: redes sociales (comunicación de masas), universidad, mundo de la cultura, asociaciones de barrio y de vecinos, de jóvenes, mujeres, inmigrantes, ONG y, sobre todo, sindicatos… Por eso, ante un asunto tan relevante como éste, no es extraño que muchas voces insistan, en estos momentos, en impulsar la participación de los afiliados en las estructuras de base de Podemos y del PSOE, para potenciar, entre todos, el Acuerdo y el Proyecto Social (recuperación de valores) que se pretende desarrollar por el bien de la ciudadanía.

Un asunto que el Gobierno debería estudiar a fondo con el PSOE. Un partido fagocitado por la acción de Gobierno y, además, hipotecado por su escasa presencia en colectivos ciudadanos emergentes y muy movilizados. A ello ha contribuido, en buena medida, la salida de hecho de los órganos de dirección del partido de responsables del PSOE para gestionar ministerios y diversos organismos claves de las administraciones públicas, lo que requiere dedicación exclusiva (duplicidad de cargos). Un hecho que algunos lamentan e, incluso, critican con espíritu constructivo, porque se avecina un futuro a corto y medio plazo cargado de retos y procesos electorales.

Eso puede explicar también la preocupación que embarga a un número no despreciable de militantes y, sobre todo, justificar la pregunta que se hacen: ¿Qué podemos esperar del PSOE en un contexto político incierto, lleno de incertidumbres para la socialdemocracia en la UE y supeditado en exceso al actual Gobierno?