“La confianza en la sensibilidad del ordenamiento constitucional desempeña un papel crucial en la preservación de la autoridad de la Constitución. Cuando existe esa confianza, los ciudadanos pueden aceptar juicios acreditados acerca del significado de la Constitución, que difieren de los suyos propios…Paradójicamente, la posibilidad de que haya desacuerdos sobre el significado de la Constitución preserva su autoridad, ya que permite a personas con convicciones muy diferentes considerar que expresa sus compromisos más fundamentales y que constituye la norma fundamental”.

Estas palabras de Post y Siegel, nos recuerdan que cuando se pierde la confianza en la sensibilidad de un ordenamiento constitucional, éste primero pierde autoridad. Y posteriormente, si no rectifica, se produce una crisis de las instituciones democráticas que pueden acabar superadas por formas populistas o autoritarias.

¿Por qué digo esto? Porque una vez que de forma mayoritaria la sociedad española desea que se reforme la Constitución, y que los cambios sean de calado, resulta pertinente que sus representantes institucionales escuchen sus deseos. Y en el camino de la reforma, se fijen en qué aspectos son los que consideran los ciudadanos que deben ser los protagonistas de esa reforma.

De este modo,  ante la pregunta ¿Y en qué aspectos o cuestiones concretas cree Ud. que habría que introducir reformas en la Constitución de 1978?, formulada por el CIS, la población se decanta por mejorar y ampliar el Estado de Bienestar frente a los recortes de derechos y de servicios públicos que se han producido durante la última década.

Para ordenar las demandas de los ciudadanos se pueden establecer las prioridades en cinco bloques:

  • Cuestiones relacionadas con la necesidad de una mayor igualdad social, se demandan reformas para una mejor coordinación de competencias en la educación y la sanidad( 32,4 por ciento); mejorar la protección de los derechos sociales( un 22,7  por ciento); y garantizar una mayor igualdad de las mujeres( un 19,3 por ciento)
  • Cuestiones relacionadas con las condiciones en que se realiza la actividad política, en este apartado se demanda incrementar la transparencia y el control de la actividad política( un 28,9 por ciento)
  • Cuestiones relacionadas con una mayor participación e implicación, modificación del sistema electoral (16,7 por ciento); proteger en mayor grado los derechos y libertades de los ciudadanos ( 17,2 por ciento)
  • Cuestiones relacionadas con la estructura territorial, regulación de las competencias de las comunidades autónomas (19,3 por ciento); la manera de nombrar a cada una de las comunidades autónomas (2,6 por ciento); y profundizar en la integración de España en la Unión Europea y sus instituciones (3,4 por ciento).
  • Cuestiones relacionadas con el papel de las instituciones, sucesión de la Corona ( 12,6 por ciento) y las competencias del Senado ( un 6,4 por ciento)

Estas demandas de los ciudadanos, tendrían que servir de guía para unas fuerzas políticas que tienen el deber, constitucional y democrático, de acordar una reforma de nuestra Carta Magna, que la adapte a la sociedad del siglo XXI. Una reforma urgente y necesaria, que recupere la sensibilidad del ordenamiento constitucional con la vida diaria de los españoles. Es decir, que aumente su autoridad, incrementando la libertad, la igualdad y la justicia social entre todos los españoles.

Pero mientras eso sucede, ahí está el mapa.