Se ha salvado, con una probabilidad elevada, la situación política que podía abocar a España a un Gobierno de PP+VOX con elevados riesgos para la política energética, ambiental y socioeconómica, según lo señalado en el último artículo de esta Sección. Y aunque entramos en un período de incertidumbre, es de esperar que pueda establecerse un Gobierno de coalición PSOE+Sumar, que no será sencillo ni de formar ni de gestionar. Tendrá que definir unos Presupuestos para 2024 difíciles de aprobar en las condiciones derivadas de los resultados electorales del 23J, que deberían incorporar las instrucciones de la Comisión Europea (CE), entre otros aspectos, en cuanto a reducción de subvenciones derivadas de la crisis energética y su aportación a la reducción del déficit. Y tendrá que seguir desarrollando las políticas consolidadas para este ejercicio 2023 y las presentadas a la CE para 2024 en materia energética y de descarbonización, que esperemos puedan continuar en las líneas establecidas en el documento propositivo PNIEC 2023-2030 enviado a la CE en junio de este año[1].

No obstante, el deseable nuevo Gobierno de coalición continuista en las políticas energéticas y ambientales debería tener en cuenta algunas consideraciones ante un futuro crecientemente incierto no solo en lo referente a la situación política española.

Así, partiendo de los establecido en los cuatro artículos previos de esta Sección dedicados a la temática energética y a sus previsiones de futuro globales, sobre la UE y sobre España, podemos caracterizar las potencialidades y riesgos actuales atendiendo a los siguientes aspectos fundamentales:

  1. La Unión Europea, pese a los cambios globales producidos, primero con la pandemia de la COVID 19 y luego con la invasión de Ucrania y el inicio de un conflicto bélico de duración indeterminada, mantiene inalterables, por ahora, los Objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, fundamentalmente en lo que se refiere al Objetivo de descarbonización de la economía para el año 2050. Pero las crecientes dificultades progresivamente acumuladas en materia energética la están obligando a endurecer progresivamente las medidas a desarrollar para mantener una hoja de ruta coherente con esos objetivos. Lo que lleva a exigir a los Estados miembros medidas crecientemente endurecidas, con resultados no siempre positivos sobre los costes que se repercuten a sus ciudadanos ni sobre el bienestar de estos. Lo que, con frecuencia, está generando protestas, sobre todo provenientes del medio rural (ejemplificadas en Francia y Países Bajos), y desafección política con desviación social hacia la extrema derecha.
  2. Las hipótesis utilizadas para los Modelos que permiten la definición de la trayectoria de descarbonización hasta el 2030, en la UE y en España, son los establecidos por la CE y son excesivamente optimistas. Y en un momento de incertidumbre tan elevada como el que caracteriza a la evolución socioeconómica actual deberían estar matizadas con Escenarios y análisis de sensibilidad que tuvieran en cuenta la fuerte volatilidad de elementos fundamentales como los precios internacionales de los combustibles fósiles (atendiendo a potenciales conflictos geoestratégicos que pudieran dificultar el acceso a fuentes diversas), los precios de materias primas -por motivos similares- que pudieran encarecer sensiblemente las alternativas renovables o elementos fundamentales para reducir las emisiones difusas (residencias y transporte), o los propios mercados de futuro del carbono en una dinámica de cambios normativos de la UE que pretende que dichos mercados incidan en las emisiones difusas y en el comercio internacional europeo, evitando el “dumping” ambiental.
  3. En este marco, el borrador presentado en junio a la CE del PNIEC 2023-2030 español, muestra, siguiendo las directrices de la UE, una mejora sustancial en los Objetivos establecidos para 2030 respecto a los asumidos en el anterior PNIEC 2021-2030 y en la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética española. Asume la previsión de un volumen de inversión acumulada de 294.000 millones de € hasta 2030 (media de 29.400 millones/año, con un incremento del 22% sobre el PNIEC 2021-2030), cuya viabilidad es discutible. Primero, porque los bancos centrales están elevando sensiblemente los tipos de interés, lo que exige, necesariamente, una elevación sensible de las tasas de retorno exigidas para las inversiones privadas (24.990 millones de euros, como media, al año), con la correspondiente repercusión en los costes de los servicios asociados. Segundo, porque en 2024 se exige, con un aumento de las presiones neoliberales, recuperar los objetivos del 3% anual de déficit público y 60% máximo de deuda pública, aunque sea de una forma flexible y adaptada a cada Estado y excluyendo -teóricamente- las inversiones públicas en los objetivos de transición ecológica y digital, como se propone desde países como España frente a los más neoliberales del norte de Europa, que exigen una mayor restricción financiera. Y, tercero, en este marco va a ser muy difícil -por no decir imposible- acomodar objetivos e inversión pública; o, incluso, poder responder a las necesidades de inversión pública exigida por el PNIEC para España, que implican 4.410 millones de euros, como media, al año, hasta el 2030.
  4. La fuerte dependencia energética (de España y de la UE) y la incapacidad de influir en los precios de la energía de los mercados globales (capacidad relativamente marginal en el caso de la UE y prácticamente nula en el caso de España) explican que el coste internacional de las materias primas y de la energía, y particularmente el del petróleo, así como el tipo de intercambio euro/dólar, sean factores determinantes en la fijación del precio de la energía hasta la actualidad, aunque con una tendencia decreciente por el auge de las energías renovables y por las medidas adoptadas por la UE y el Gobierno de coalición español. Pero los procesos inflacionarios subyacentes, el alza en los tipos de interés globales, su incidencia en los países en desarrollo, en EEUU, China, India o en lo que es el conjunto de la OCDE, así como los procesos de cambio que se están produciendo en la globalización, exigirían considerar Escenarios potenciales futuros que tuvieran en cuenta el elevado margen de incertidumbre presente en la actualidad -y cara al futuro- en el mundo, y definir las baterías de Hojas de ruta alternativas de respuesta a cada uno de ellos. Escenarios que no se contemplan en el PNIEC 2023-2030 y que se deberían incorporar con sus correspondientes análisis de sensibilidad sobre los objetivos establecidos.
  5. Es evidente que los Objetivos y compromisos de la UE asumidos en la lucha contra el calentamiento global son necesarios, al igual que su papel de vanguardia mundial en esta lucha, en un marco en el que el cambio climático está teniendo efectos cada vez más costosos y devastadores socioeconómicamente. Pero no podemos olvidar que la UE sólo representa del orden del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, el efecto de su descarbonización en el gravísimo proceso de calentamiento global es relativamente secundario, siendo incapaz, por sí sola, de corregir el mismo. Por ello, debería producirse un urgente sesgo en las prioridades de actuación hacia la adaptación y resiliencia socioeconómica frente a los efectos del calentamiento global.
  6. No obstante, aunque insuficientes para la transición ecosocial que sería necesaria y urgente a nivel mundial, no hay nada que objetar a los Objetivos de descarbonización total de la economía, al objetivo de reducción de la dependencia energética y al impulso imprescindible de las renovables, ahorro y eficiencia energética, así como a los procesos de impulsión de un cambio en los modelos de desarrollo hacia lo establecido en el Pacto Verde Europeo, asegurando una mayor cohesión territorial y social. Pero debería hacerse desde una perspectiva más realista, imaginativa y flexible de acuerdo con las nuevas situaciones de inseguridad, indeterminación y nuevos escenarios de globalización presentes y tendenciales en el mundo.

En este marco, hay que destacar el correcto alineamiento del PNIEC 2023-2030 con los señalados objetivos de descarbonización de la UE y de España al 2030 y 2050. Y, en particular, con los documentos fundamentales con incidencia en el tema: primero “Fit for 55” [2], de 2021, y después de la invasión de Ucrania, “REPowerEU” [3], de marzo de 2022, así como las diferentes regulaciones y propuestas en materia energética y de descarbonización de la economía, unidas o derivadas de las progresivas sanciones a Rusia; a los que unir las últimas acciones desarrolladas desde la Comisión Europea, con aprobación en marzo[4] y abril[5] de este año, exigiendo a los Estados miembros, como aspectos prioritarios, acelerar el desarrollo de energías renovables, mejorar el ahorro y eficiencia energética y reducir radicalmente las emisiones de GEI (reducción del 55% neto para 2030 y reducción del 100% neto para 2050). Lo que, a su vez, permitirá avanzar en la seguridad energética, mejorar la competitividad europea, y mejorar las condiciones ambientales, bienestar y salud de sus ciudadanos.

Desde esa perspectiva, el PNIEC 2023-2030 pretende mejorar sustancialmente los Objetivos establecidos para 2030 respecto a los asumidos en el anterior PNIEC 2021-2030 y en la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, tanto en descarbonización (reducción de emisiones incrementada del 23% al 32% respecto a las registradas en 1990), como en potenciación de renovables (de una participación del 42% en la energía final prevista en el PNIEC 2021-2030, a una del 48% en el PNIEC 2023-2030), participación de las renovables en la generación eléctrica (del 74% previsto en el PNIEC 2021-2030, al 81% en el PNIEC 2023-2030), incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo de energía final del 41,7% previsto en el PNIEC 2021-2030, al 44% en el PNIEC 2023-2030) o, por último, reducción de la dependencia energética de España desde el objetivo del 61% previsto en el PNIEC 2021-2030, al 51% definido en el PNIEC 2023-2030.

Obviamente a nadie se le escapan las dificultades de unos procesos de transición energética –y consecuentemente ambiental- en la inestable situación que caracteriza al mundo, a la UE y a España, ahora incrementada por la situación política derivada de las elecciones del 23J. A lo que hay que añadir las dificultades específicas del sector transporte-movilidad (objetivo de reducir sus emisiones un 16,6% para el 2030) y las especialmente destacadas en el campo de la edificación (conjuntamente con el sector transporte –sectores difusos- han de reducir sus emisiones un 43%, para 2030).

Especialmente para el sector de la edificación, hay que señalar que la propuesta de revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios, de la Comisión Europea, en el marco del paquete “Fit for 55”, establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que, en 2030, todos los edificios nuevos sean “Edificios Cero Emisiones (ZEB, en sus siglas en inglés)”, requerimiento que se adelanta a 2027 para los edificios ocupados o de titularidad de las Administraciones Públicas. Y exige que todos los edificios existentes deben transformarse en ZEB antes de 2050.

Estas obligaciones exigen disponer previamente de las emisiones de cada actividad asociada al ciclo de vida del edificio[6], debiendo mantenerse una adecuada trazabilidad y contabilidad de las mismas, así como una metodología coherente y un registro que permitan contar con la información necesaria. Y, aunque la Ley de cambio climático y transición energética incidió en la necesidad del proceso, poco se ha avanzado al respecto, estando pendiente la aprobación de la reglamentación del proceso, cuya aplicación no va a estar exenta de amplias dificultades, no tanto desde la perspectiva técnica, metodológica y de cálculo –que ya tienen significativas dificultades- como de actuación específica en todo lo que significa la trazabilidad y aplicación específica de esta metodología dada la estructura y comportamiento histórico del sector. De hecho, la dificultad de alcanzar los objetivos de la Directiva señalada es extrema atendiendo a la historia de la rehabilitación energética, urbanística y habitacional en España.

En todo caso, la situación en el campo del transporte-movilidad y en el sector de la edificación y todo lo que comporta avanzar hacia Edificios de Cero Emisiones será objeto de consideración después de un verano que va ser todo menos tranquilo en este país.

Felices vacaciones para los que las puedan disfrutar.

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[1] Borrador de PNIEC 2023-2030. https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=607

[2] El Plan “Fit for 55”, presentado por la CE el 14 de julio de 2021, es un documento que incluye normas dirigidas a asegurar la senda de descarbonización para el 2050, cumpliendo el objetivo intermedio, para el 2030, de una reducción del 55% en las emisiones de GEI. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/speech-commissioner-simson-itre-committee-meeting-fit-55_en

[3] CE (2022). REPowerEU: Acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511 cuya aprobación, para su aplicación con carácter temporal, se produjo el 23 de marzo de 2022 por parte de la CE. Pretendía lograr una autonomía estratégica de la UE, que resuelva su vulnerabilidad energética, logre la independencia energética de Rusia (sustituyendo el 40% de las importaciones de su gas por otros proveedores), reduzca las tensiones en los precios de la energía -garantizando un acceso energético justo a toda la población- y mejore la competitividad económica europea, a la vez que se avanza en la transición ecológica para abordar el cambio climático, sin renunciar a los objetivos del Pacto Verde Europeo, potenciando la coordinación, en el seno de la UE, de las inversiones y reformas previstas para alcanzar los objetivos definidos, de modo que los distintos Estados miembros se refuercen mutuamente y se eviten divergencias entre ellos.

[4] Directiva RED III que pretende aumentar la capacidad instalada total de energías renovables en la UE, desde el 32% del mix vigente, hasta el 42,5% de aquí a 2030, con una recomendación indicativa de llegar al 45% para ese año e incremento de objetivos sectoriales en transporte, industria, edificios y calefacción y refrigeración urbanas, además de exigir que los Estados aumenten las zonas para la instalación de energías renovables (consideradas de interés público superior) en las que los proyectos de estas energías estarán sujetos a un procedimiento de concesión de permisos simplificado y rápido.  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/30/council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-renewable-energy-directive/

[5] Dirigidas a reducir emisiones de GEI en los principales sectores de la economía, garantizando al mismo tiempo que los ciudadanos y las microempresas más vulnerables, así como los sectores expuestos a “dumping” en carbono por empresas extranjeras, reciban un apoyo efectivo en la transición climática. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/

[6] El análisis integrado de los consumos y emisiones asociados al ciclo de vida (ACV) de los edificios (estimadas en del orden del 50% de las emisiones totales para la UE y del 40% para España), considera tanto la energía y carbono operativo (asociado al uso de energía en mantenimiento, calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, cocina, iluminación y electrodomésticos en general), como el embebido en el propio edificio (relacionadas con la producción de los materiales y la propia construcción – carbono embebido inicial-, como las derivadas de las actividades de mantenimiento, reparación, sustitución, rehabilitación y desmantelamiento del edificio, dando lugar al carbono embebido por uso, rehabilitación y fin de vida del edificio).