La degradación institucional que supone la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la resistencia de parte del propio CGPJ a proponer a los Magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar en estos momentos denota que el sistema constitucional corre serios riesgos. Ya sería bastante preocupante que tal tipo de cuestionamientos afectaran, total o parcialmente, a dos órganos de la relevancia de éstos, pero todo hace pensar que los peligros de degradación están alcanzando a otros órganos e instancias del Estado.

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