El episodio que ha sufrido el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que le ha llevado a declarar como imputado ante una Juez, acusado de haber “permitido” (sic) la manifestación del 8.M en Madrid, más otras intervenciones judiciales similares (por ejemplo, un Juez de Lérida acaba de abrir diligencias por el mismo motivo) deben llevarnos a reflexionar sobre una situación que cada vez es más turbia y que nos lleva a evocar, como hemos dicho aquí varias veces, la política de Brasil donde una Presidenta fie destituida por una acusación penal fabricada exprofeso y donde otra acusación penal llevó a prisión al ex –Presidente Lula de Silva con el fin de impedir que concurriera otra vez a las elecciones presidenciales.

El Delegado del Gobierno Franco ha salido libre de la acusación de un abogado que es dirigente del Partido Popular en Cantabria pero el grado de desgaste personal y político para el dirigente socialista madrileño ha sido muy elevado. Además han concurrido circunstancias que añaden gravedad y extrañeza al caso como un forense ultracatólico y un encargo de la investigación a la Guardia Civil cuando en puridad las tareas de Policía Judicial hubieran debido corresponder a la Policía Nacional (que ya no se presta a actuar como Policía patriótica como ocurrió durante el Gobierno de Rajoy). El caso es que el archivo del asunto no ha cortado los ataques desaforados de la eterna prensa derechista madrileña (ABC, El Mundo y La Razón) al amparo de una redacción muy cuidada del Auto con el fin de exonerar al imputado pero también esparcir sospechas sobre su actuación. Últimamente se dan casos similares que consisten en no imputar pero dejar caer sospechas sobre los acusados que son siempre socialistas.

Esta operación necesita un gran soporte informativo. Normalmente las acusaciones penales contra altos cargos socialistas son jurídicamente inconsistentes pero con ayuda de la prensa puede estar en primera línea informativa durante varias semanas con el fin de transmitir el mensaje de los socialistas incurren en delitos. Y no ocurre sólo con los medios de la derecha pues el Grupo Prisa y hasta la Agencia Efe se han prestado, consciente o inconscientemente, a estas operaciones desinformadoras.

Estamos ante un fenómeno que posee una estructura visible, pública o abierta pero también otra estructura sumergida. La estructura visible se ha dado varias veces a lo largo del estado de alarma: un abogado más o menos conocido (con frecuencia, vinculado al Partido Popular) denuncia al amparo de la acusación popular a un alto cargo del Gobierno socialista, preferentemente por malversación o prevaricación. Esa acusación es admitida a trámite por un determinado Juez quien intenta imputar al acusado o procura prolongar la acusación por otros medios remitiendo todo a otro Tribunal. Todo ello con gran ruido informativo y con furibundos ataques del Partido Popular al futuro desimputado. Esta es la estructura expresa y abierta pero hay otra estructura latente o sumergida.

Llegan noticias de que Jueces de extrema derecha y abogados próximos al Partido Popular están preparando, con la asistencia de un conocido bufete de abogados igualmente próximo al Partido Popular, denuncias que se presentarán oportunamente en ciertos Juzgados cuando se sabe que está de guardia un Juez previamente escogido. Evidentemente, no hay pruebas y quizá no las haya nunca y sólo son noticias que circulan pero el fenómeno de Jueces hiperdiligentes (como ocurrió hace unos meses con el Juez que intervino en la extraña acusación por la llegada de la Vicepresidenta venezolana al aeropuerto de Barajas) que tratan de imputar a un alto cargo socialista no es  raro.

Hace mucho tiempo algunos medios de comunicación y ciertos partidos se han quejado de que la política se judicializa, entendiendo por judicializar acudir al Tribunal Constitucional (que en puridad no pertenece al Poder Judicial sino que es el defensor de la Constitución) o bien denunciar a los gobernantes en los Tribunales de lo penal. Lo primero no es en absoluto judicializar la política, lo segundo sí lo es. Pero ahora estamos ante una fase nueva y muy peligrosa. No es que ante un presunto hecho delictivo de un gobernante se le denuncie ante el orden penal. Es que todos los rumores apuntan a una situación nueva donde es posible que se busque al Juez complaciente y al abogado venal o militante de la derecha y luego se invente el hecho delictivo. Así se hizo en Brasil.

Todo este fenómeno preocupante puede prosperar gracias a una interpretación muy expansiva de una oración del artículo 125 de la Constitución (“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular”) que ha dado lugar a varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 18 y 20) y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 101, 270 y 761) que permiten una amplísima acción popular que el Partido Popular y Vox utilizan con frecuencia como un instrumento más de la acción política. Urge reformar estos artículos que no sólo perturban la política española sino que se prestan a politizar el Poder Judicial. Los partidos del centro y de la izquierda deberían llegar a un acuerdo parlamentario que posibilitara reconducir la acción popular a una acción subsidiaria del Ministerio Fiscal, nunca autónoma. De· lo contrario España estará en riesgo de sufrir, como lo ha sufrido Brasil, una desestabilización gubernamental por medio del Poder Judicial.