El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los resultados de la Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar 2022. Los datos muestran que ha aumentado un 22% el número medio de alojados en dichos centros, si se compara con el año 2020[1].

La ocupación media diaria fue de 21.684 usuarios mayores de 18 años, de los cuales 7.105 fueron mujeres, elevándose a 51.379 los servicios de restauración que ofrecieron (un 10,5% más que dos años antes).

Se mantiene la tendencia a que en su mayor parte dichos recursos sean de titularidad privada (76,3%) y financiados por las Administraciones Públicas (83,8%). Llama la atención la precariedad laboral de su personal. Estaban empleados a tiempo completo el 43%, el 57% a tiempo parcial. Respecto a su vinculación laboral, el 49,5% eran asalariados, el 44,6% voluntariado y el 5,9% en otras modalidades (religiosos, estudiantes en prácticas, personal subcontratado…).

En cuanto a las prestaciones que dispensan: el 54,8% estaba orientado a atender situaciones concretas. La más frecuente, y a distancia del resto, la relativa a inmigración y/o solicitud de protección internacional (46,7%), seguida de la adicción a sustancias psicoactivas (no alcohol) (17,7%), a mujeres víctimas de violencia de género (15,7%) o a los trastornos mentales (14,4%). En el otro extremo: las enfermedades de larga duración/dependencia (2,8%) y el VIH/sida (2,5%).

Llama la atención, en primer lugar, que a pesar del incremento de las plazas de alojamiento, éstas asciendan a 26.690 teniendo en cuenta que en España, haya al menos unas 35.000 personas que viven de exclusión social extrema. En segundo lugar, que en la red de atención específica exista una sobrerrepresentación de plazas en dispositivos colectivos (13.763), en pisos o apartamentos (7.921). Estableciéndose una diferencia abismal entre nuestro país y algunos del centro y norte de Europa, pues disponen de establecimientos residenciales no masificados que hacen posible dispensar una atención más individualizada.

Los profesionales y organizaciones que trabajan con este sector estiman ineludible favorecer el cambio hacia un modelo personalizado, que facilite invertir el camino de vuelta desde su exclusión extrema hacia su autonomización. Dando el paso desde la calle a los macrocentros y desde ahí, en su caso, a pisos; a una opción, que contemple, desde las primeras fases de su proceso de exclusión a residir en pisos compartidos de forma temporal, con acompañamiento social, puesta la mirada en su inclusión social.

Actualmente, como señalamos, hay 7.921 personas que participan en programas de este tipo, los conocidos como: Hoosing First y Housing Led[2]. A fecha diciembre de 2022 había 671 viviendas (un 56,8% más que ese mismo mes en 2020), ocupadas por 969 personas (348 mujeres).

Varias son las conclusiones que se derivan de estas informaciones:

En primer lugar, que en España hay más personas en situación de “sin hogar” (al menos 35.000) que plazas disponibles (26.690), si bien las políticas sociales generales y sectoriales dirigidas a mejorar sus condiciones de vida han mejorado. Sin embargo, se mantienen tendencias históricas como que en su mayor parte los recursos sean de titularidad privada.

En segundo lugar, que no están a la par el número de profesionales con cualificación específica dedicados a atender sus necesidades, si se compara con otros ámbitos de la atención social. Detectándose una fuerte implicación del tercer sector.

En tercer lugar, que la mayoría de los alojamientos son centros colectivos (albergues y centros de acogida) de gran capacidad. Es necesario apostar por alternativas de otra naturaleza que permitan se les ofrezca un trato más individualizado.

A la luz de lo anterior, estimo imprescindible se rompa el aislamiento en el que tradicionalmente se ha desenvuelto la red específica de atención para estos hombres y mujeres, conectándola plenamente con la red general de Servicios Sociales. Juzgo, también, preceptivo articular actuaciones preventivas en el ámbito de las políticas de vivienda, de las migratorias, de las de empleo, de las educativas, de las específicas para sectores vulnerables, etc… De igual modo desarrollar modelos asistenciales más flexibles y una adecuada coordinación de las diversas Administraciones Públicas. Promoviendo políticas públicas de sensibilización social que permitan entender a la ciudadanía lo que significa la problemática de la exclusión social. Por último, valoro es una obligación como sociedad favorecer acciones que favorezcan la participación de estos hombres y mujeres en la vida comunitaria, pues hablar de “sinhogarismo” nos remite a una cuestión de Derechos Humanos.

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[1] Véase, https://www.ine.es/prensa/ecapsh_2022.pdf

[2] Véase, https://www.provivienda.org/housingfirst-housingled/