La frustrada elección del Primer Secretario del PSC. Miquel Iceta, como senador de designación autonómica para ser propuesto a continuación como Presidente del Senado, es un ejemplo ilustrativo del margen de actuación que se puede tener con los independentistas. Antes de formular algunas reflexiones políticas conviene acotar jurídicamente la cuestión.

Como es sabido, conforme al artículo 69.5 de la Constitución, las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes y la designación corresponde a su Parlamento o, en su defecto, a su Gobierno. “de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional”. El mandato constitucional es tajante en cuanto a los criterios de proporcionalidad aplicables a la elección pero deja amplia libertad a los Estatutos y a las Leyes que los desarrollen para fijar la forma específica de enviar Senadores a las Cortes: procedimiento de elección, duración del mandato (en coincidencia con el de la Cámara autonómica o con la legislatura del Senado), calidad de los elegidos (exigir o no la condición de parlamentario autonómico) o condiciones de ejercicio (compatibilidad con la condición de parlamentario o no).

En el caso de Cataluña, su Estatuto no se esforzó mucho en regular esta materia (lo que sorprende en un Estatuto-río que más parece una Ordenanza municipal que la norma institucional de una Comunidad Autónoma), pero aun así apuntó principios de elección muy interesantes:

“…La designación debe realizarse en una convocatoria específica y de forma proporcional al número de Diputados de cada grupo parlamentario” [artículo 61.a)].

Y en desarrollo de esta previsión estatutariamente, se aprobó muy tardíamente (treinta años después de aprobarse el primer Estatuto) la Ley 6/2010, de 26 de marzo, del procedimiento de designación de los senadores que representan a la Generalidad en el Senado. Esta Ley aclara algunas de las cuestiones que la Constitución y el Estatuto de Autonomía no cerraron: poseer la condición política de catalán, distribución entre Grupos Parlamentarios, propuestas paritarias, forma de elección por papeletas, mandato coincidente con la legislatura del Parlamento catalán, forma de provisión de vacantes, sometimiento a la petición de comparecencia por parte del Parlamento catalán, etc. El reglamento del Parlamento catalán completó esas previsiones con un artículo, el 171, que se refiere a la ratificación de la propuesta de los Grupos Parlamentarios por parte de la Cámara, ratificación que inevitablemente ha de ahcerse por votación.

La naturaleza jurídica de esta designación no deja de ser compleja. Es cierto que se vota (con sus efectos de votación a favor y en contra) pero materialmente es un acto debido a partir de la propuesta que formula cada Grupo Parlamentario. Por ello, una votación negativa sobre una o varias de las personas propuestas comportaría la vulneración del derecho del correspondiente Grupo Parlamentario que, conforme a la Constitución, tiene derecho a un trato proporcional. Se trata de una zona jurídicamente oscura porque no casa la libertad de voto con una decisión que es obligada porque todas las normas aplicables (Constitución, Estatuto de Autonomía, Ley Autonómica y Reglamento parlamentario) configuran un derecho irrenunciable a favor de los Grupos Parlamentarios a los que el principio de proporcionalidad atribuye la designación de uno o más Senadores. Por eso estamos ante lo que la doctrina denomina “actos debidos” cuyo sujeto no puede negarse a ejecutar. El Derecho constitucional se suele hablar de actos debidos del rey (sancionar y promulgar Leyes, expedir Decretos) pero lo cierto es que se trata de una categoría más amplia que se puede predicar de todos los órganos constitucionales o estatutarios.

En aplicación de estas previsiones, y no sin retraso respecto a la constitución de la Cámara, el 4 de mayo de 2018 el Pleno del Parlamento eligió dos Senadores propuestos por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana y un Senador a propuesta de los Grupos Parlamentarios del PSC (José Montilla) y de Catalunya en Comú. La elección se hizo sin debate, debió durar unos pocos minutos y nadie puso en cuestión los términos precisos del Estatuto y de la Ley de 2010 (Diari de Sesions del Parlament de Catalunya, XII legislatura, núm. 9, 4 de mayo de 2018, págs. 63-64).

En los últimos días, ha dimitido el Senador Montilla con el fin de que fuera sustituido por Miquel Iceta que, de esa manera, podría ser elegido Presidente del Senado, Sería la primera vez desde 1978 que la Presidencia del Senado fuera ocupada por un Senador autonómico y la primera vez que se elegiría a un catalán. Pero en la sesión del 16 de mayo de 2019 los Grupos Parlamentarios independentistas han votado en contra de la propuesta de sustitución y las derechas españolistas se han abstenido, de modo que Iceta sólo ha obtenido 21 votos a favor frente a 65 en contra y 39 abstenciones.

En términos jurídicos, entiendo que no se ha respetado el derecho del Grupo Parlamentario del PSC a proponer el nombre del Senador que el corresponde y la satisfacción de ese derecho debe corresponder al Tribunal Constitucional. ¿Por qué vía? La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En su artículo 42, contempla el recurso de amparo constitucional frente a las decisiones o actos sin valor de Ley de los Parlamentos autonómicos pero es más dudoso que pueda tramitarse como un contencioso-electoral que correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Más allá de la dimensión jurídica que hemos apuntado, la conclusión política que se obtiene es muy sencilla. La elección de Iceta para presidir el Senado era una decisión arriesgada porque Iceta ha visitado a los políticos encarcelados y porque ha hablado de indultos. Luego, era un guiño arriesgado en favor del diálogo. Que los independentistas corten el acceso al Senado del mejor candidato que podía haber conduce a varias conclusiones:

  • no es verdad, y así lo señala el editorial de El País del 16 de mayo, que Esquerra Republicana sea más dialogante. Aspira al mismo unilateralismo pero por otras vías y por eso formula peticiones imposibles como la visita del Presidente Sánchez o del propio Iceta a los políticos encarcelados.
  • que los secesionistas sólo entienden el objetivo de la independencia y que un Presidente del Senado “estatutario” no les interesa porque se mueve en el marco del Estado con el que quieren romper;
  • prefieren siempre lo peor para corrobora la “persecución” del Estado neofranquista contra Cataluña; y
  • y en ese panorama no dudan en vulnerar el ordenamiento vigente como ya hicieron el 6 y el 7 de septiembre de 2017.