El FMI acaba de emitir un nuevo informe (https://www.marketplace.org/2020/10/13/imf-encourages-countries-where-covid-exacerbating-extreme-deprivation-keep-spending-safety-net/). Se trata de la contabilización del gasto público como porcentaje del PIB en las principales economías del mundo. Los datos son elocuentes: el apoyo directo a la economía en España llega al 3,6% del PIB, mientras en los países más avanzados esa ratio friega el 10%. Nueva Zelanda, con el 21,5%, lidera el ranking, un país que, además, está reconsiderando el PIB como única medida para evaluar la calidad social de las acciones económicas que se puedan desplegar. Un ejemplo a seguir. España se encuentra en niveles parecidos a Corea del Sur, Finlandia, Bélgica y Países Bajos. Alemania, con un 14,4%, establece un importante nivel de apuesta del gasto público para atajar los problemas económicos derivados de la pandemia. Ahora bien, el dato español es corregible, por varias razones.

En primer lugar, porque la prima de riesgo no está sometida a las presiones que conocimos durante la Gran Recesión; es decir, hay margen para seguir impulsando el gasto público para mejorar una situación económica que va a ser más difícil de lo esperado en los últimos meses de 2020. En segundo término, porque el país puede endeudarse todavía más, a pesar de que su nivel de endeudamiento ya supera con creces el 100% del PIB. Ambos elementos son cruciales para ofrecer unas coordenadas de posible gasto mucho más generosas, más acordes con la evolución que se está viviendo en las economías más desarrolladas. Éstas no están dudando lo más mínimo en incentivar políticas de estímulos, para enfrentarse a la anunciada anemia de la demanda y del consumo. En el caso de España, los datos son menos halagüeños que los reconocidos en Europa: mayores caídas del consumo, de la inversión; en definitiva, de los motores esenciales para la recuperación.

En tal sentido, la inversión no puede fiarse estrictamente a los fondos europeos, que previsiblemente llegarán en 2021, sin que acertemos a atinar su calendario. El esfuerzo propio va a ser decisivo durante estos próximos e inmediatos meses; de ahí que resulte vital disponer de unos PGE que se alineen claramente con una recuperación que, en esta crisis, está saltando las barreras escolásticas del control del déficit y la deuda. De alguna manera, todos se han vuelto keynesianos, malgré tout. Frente a esto, ante tales posiciones de economía aplicada, con indicadores recogidos en este reciente trabajo del FMI, siguen sorprendiendo las llamadas de los austericidas, que claman por mayores controles presupuestarios advirtiendo la enorme factura que se va a dejar a nuestros nietos. Son los mismos argumentos que se utilizaron a raíz de la Gran Recesión, para aplicar medidas draconianas del control del gasto que no resolvieron –dígase lo que se diga por parte de aquellos mismos voceros– los graves problemas sociales y económicos que se desencadenaron. Datos cantan.

Se ha entendido, y esperemos que sea algo más definitivo que en ocasiones anteriores, que el Estado no sólo no es el problema, sino que en momentos de recesión se traduce en la solución, en la vía plausible para contribuir a una salida menos onerosa sobre todo para las capas sociales y económicas más vulnerables.