La incidencia de la pobreza por tramos de edad advierte una considerable influencia de los factores generacionales, de manera que las tasas de pobreza y exclusión social son mayores entre las personas menores de 16 años (pobreza infantil), entre los jóvenes con edades entre los 16 y 29 años y en menor medida, comparativamente, entre las personas mayores.

Los factores que inciden sobre la pobreza infantil son: la composición del hogar (fundamentalmente afectados están los pequeños en donde ambos progenitores están en paro, los hogares monoparentales y las familias numerosas; la vinculación de los padres/madres con el mercado laboral (tipo de contratos, calidad de los trabajos, bajos salarios);  los costes de la vivienda para la unidad familiar y, en general, las insuficientes partidas económicas de las diversas administraciones destinadas a la atención de este sector poblacional (básicamente relacionadas con educación, sanidad y servicios sociales).

Veamos los últimos datos referidos al año 2023 que constatan lo anterior: la tasa de pobreza infantil ascendió al 28,9% (8,7 puntos más que la población en general); 979.493 niños, niñas y adolescentes no disponían de los bienes y servicios básicos para mantener unas condiciones de vida dignas; la carencia material y social severa afecta al 12,3%; el 7% no tenía acceso al menos a dos raciones de carne, pollo o equivalente a la semana; el 19,9% vivía en hogares que no mantenían la vivienda con una temperatura adecuada.

Respecto a los jóvenes he de destacar que, desde hace años, son un sector en situación de especial riesgo social, siendo sus condiciones vitales preocupantes. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2024, el 27,4% de los hogares jóvenes en nuestro país viven en la pobreza y la exclusión social. El 41,7% no puede afrontar gastos imprevistos, un tercio no puede permitirse disfrutar de una semana de vacaciones, la cuarta parte no puede pagar la calefacción de sus viviendas y más del 50% viven de alquiler.

Lo anterior obedece, prioritariamente, a la precariedad del mercado laboral. Para el periodo 1996-2023, las tasas de paro entre los menores de 25 años superan las del promedio de paro global de la Unión Europea y desde el año 2007-2008 estas se dispararon, con un récord histórico del 60% en 2013 (10 años después, en 2023: el 14,8%). Además, la temporalidad, las diversas modalidades de trabajo a tiempo parcial, y los bajos emolumentos les involucra con especialmente virulencia.

En definitiva, tienen una posición en el mercado laboral devaluada. Conlleva que se desenvuelvan con grandes rémoras en términos económicos, afectando, en su conjunto, a su calidad de vida y a las posibilidades de emanciparse del hogar de sus padres. De hecho, la tasa de emancipación juvenil ascendió en 2023 al 16,3% y la edad promedio de salida del hogar familiar son los 30,3 años. Los más vulnerables son las mujeres, los que padecen discapacidades y los migrantes. Lo anterior tiene consecuencias muy negativas sobre su bienestar personal, tanto en términos de salud física y mental, como de autoestima, de participación social…

Impidiendo que alcancemos como sociedad la cohesión social necesaria acorde a lo que desde una perspectiva de ciudadanía plena debería ser, con derivaciones perniciosas coaligadas a que una parte relevante de la población no encuentre su lugar y aporte a la comunidad. Resulta necesario promover más políticas públicas, a largo plazo, que vayan a la raíz de esta cuestión social, pues atañe al futuro de nuestro país.

Por su parte, la vulnerabilidad de las personas mayores atiende a: 1º.  factores demográficos, pues cerca del 20% de la población supera, en estos momentos, los 65 años, a tenor del aumento de la esperanza media de vida: 83,5 años. 2.ª Factores socioeconómicos, pues el 21% de nuestros ancianos, según la Encuesta de Condiciones de vida 2024, vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Responde a la insuficiencia de las pensiones que perciben, a residir en viviendas inadecuadas o a no disponer de redes sociales y/o familiares de apoyo. Destacando, asimismo, posibles dependencias físicas o cognitivas, cuando no, la falta de la ayuda de terceros. Por último, en tercer lugar, reseñar factores psicosociales, tales como cuadros agudos de aislamiento o de soledad, a consecuencia de viudedades y/o a la perdida de sus redes familiares y/o sociales de apoyo…

Denunciar, asimismo, el maltrato al que pueden verse sometidos y que constituye una violación de los derechos humanos y es una problemática social de primer orden. Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales[1], en 2023 un 20% de las personas mayores que vivían en domicilios o centros de la tercera edad fueron sometidos a algún tipo de violencia física o psicológica. El porcentaje supera el 50% cuando se refiere a abusos relacionados con medicamentos o abandonos. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto particularmente perjudicial entre este sector etario: más fallecidos que entre otros grupos de edad y complicaciones graves por la enfermedad.

Son las mujeres mayores las que soportan más dificultades, pues generalmente no trabajaron, sus pensiones son bajas, están solas, tienen más riesgos de ser discapacitadas o sobrellevar enfermedades crónicas, con el agravante de que suelen resignarse ante sus circunstancias y que, por razones culturales/educativas no hacen uso en plenitud de los recursos y apoyos dispuestos para su atención.

Ante este escenario debemos aunar fuerzas y trabajar para recuperar las riendas de una racionalidad, basada en principios humanistas y del bien común, pues como decía Luis Vives:

“Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella”.

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[1] Véase, https://www.infogerontologia.com/documents/maltrato/maltrato_mayores_esp.pdf