Desde que el independentismo activó su hoja de ruta hacia la independencia en Cataluña, (más o menos en los inicios de esta década), mucho de lo que ha pasado estos años en la política en España ha sido como una especie de “prueba del algodón” a los liderazgos de Estado.

Esta “tormenta territorial” unida a los desastrosos efectos de la crisis económica en la vida de millones de personas y en el incremento de la desigualdad, ha roto muchas cosas en la política de España y ha afectado y lastrado gravemente nuestra capacidad para afrontar los enormes desafíos del siglo XXI.

La derecha de Rajoy no supo afrontar esta “tormenta territorial” que no hay que olvidar que contribuyó a activar con su oposición al nuevo Estatuto de Autonomía llevándolo al Tribunal Constitucional (algo que no hizo con párrafos iguales en los Estatutos de Valencia o Andalucía) o con sus campañas contra los productos catalanes, entre otros hitos.

Bajo el mandato de Rajoy, el independentismo supo jugar con la demagogia para atraer a sus tesis políticas a muchos más ciudadanos catalanes de los que apoyaban la independencia al inicio de la década. Bajo el mandato de Rajoy, se produjeron tanto la promulgación de las leyes de desconexión en septiembre de 2017 como el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año.

Mientras tanto, el partido Ciudadanos creció a la sombra de este fenómeno independentista haciendo frente a los excesos del separatismo catalán, hasta el punto de ganar inútilmente las últimas elecciones en Cataluña sin ofrecer ninguna propuesta útil para solucionar en términos de convivencia el conflicto territorial iniciado por los independentistas.

Haciendo algo de memoria, es conveniente recordar que el PSOE advirtió la gravedad del conflicto territorial y tras arduos debates internos, se convirtió en el único partido político de gobierno que en España tiene la única propuesta política para una solución de convivencia ante el desafío del soberanismo en Cataluña.

Seguramente no se ha sabido poner en valor la importancia de ser el único partido con la única propuesta de convivencia, respetando la Constitución para su eventual reforma pactada.

Esta propuesta es la llamada Declaración de Granada del Consejo Territorial del PSOE aprobada el 6 de julio de 2013 y titulada: “Un nuevo pacto territorial: la España de todos”. Una declaración que aconsejo leer o releer porque contiene la hoja de ruta con la que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez está abordando la gestión de esta importante crisis territorial; una crisis que pone en juego la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado más sociales de nuestra democracia.
Pedro Sánchez ha gestionado el proceso de diálogo con Cataluña siguiendo la hoja de ruta marcada en la Declaración de Granada del PSOE y las resoluciones del 39 Congreso del PSOE. Y en mi opinión, esta Declaración es el carril en el que se puede encontrar la solución a este grave conflicto. Porque es una propuesta que tiene el valor político de buscar un nuevo pacto de convivencia que es una condición necesaria, pero no suficiente, para abordar la España del futuro; la España con las reformas estructurales imprescindibles para un nuevo tiempo en lo social, en lo laboral, en lo político y en lo económico.
Ello requiere liderazgo de Estado, no solo en el lado del PSOE. También en el lado de la derecha. Sin la derecha, será casi imposible un nuevo pacto. Pero la derecha nos ofrece un vacío de liderazgo de Estado que en la actualidad es especialmente grave, máxime con Vox en el horizonte.

Las próximas elecciones generales, sean pronto o no lo sean, conviene que sirvan para resolver esta ausencia de liderazgo de Estado mandatando con claridad, y de manera expresa, al nuevo Gobierno a buscar una solución basada en un acuerdo político que respete la Constitución, tal como ha intentado Pedro Sánchez.

Para ello, considero que este debe ser un asunto expresa y explícitamente incluido en el programa electoral de quien quiera gobernar España y solucionar esta condición necesaria para un mejor futuro en convivencia implicando a la sociedad para que reclame ese liderazgo de Estado y recabe el mayor respaldo democrático.