La nueva estructura del Gobierno, expresada en el Real Decreto 2/2020, de 20 de enero, viene a mostrar cómo las formas administrativas sirven a las políticas concretas. En este artículo vamos a ver qué es ese Real Decreto de estructura orgánica, sus peculiaridades y su trasfondo político.

La facultad del Presidente del Gobierno de crear, modificar y suprimir departamentos ministeriales (esto es, la estructura concreta del Gobierno), viene establecida en la Ley del Gobierno de 1997. Hasta entonces había que crear y suprimir ministerios por medio de la Ley, según el viejo modelo decimonónico; si bien, desde 1986 la Ley delegaba en el Presidente del Gobierno esta tarea. Es uno de los pocos casos en el que el Presidente del Gobierno puede dictar decretos al margen del Consejo de Ministros, y es una forma ágil de adaptar la estructura del Gobierno a la coyuntura política. Este decreto va acompañado de otro, también del Presidente, de creación de Vicepresidencias.

El Decreto dictado por el presidente Sánchez el 12 de enero pasado, tiene la peculiaridad formal de crear 22 ministerios, número muy elevado para lo que ha sido en la democracia española, pero no debe extrañar y tampoco parece poco operativo, porque la Administración, en un país del siglo XXI, es lo suficientemente compleja como para necesitar actuar en muchas áreas. Con un Gobierno unipartidista habría sido posible que se incorporaran dentro de un mismo Ministerio varias Secretarías de Estado, pero con un Gobierno de coalición hace falta un reparto mayor de responsabilidades, que se expresan en nuevos Ministerios.

Desde el punto de vista del contenido, la estructura del Gobierno refleja las prioridades de ese gobierno y la estructura del Real Decreto 2/2020 refleja una opción por una política social en un sentido muy amplio. La sociedad postcrisis necesita políticas públicas que integren al ciudadano en el Estado y que acentúen la cuestión social, y eso es lo que refleja esta estructura, la búsqueda de cohesión social y la salida igualitaria de la crisis que devastó a España a partir de 2012.

Finalmente, aunque no es materia del Decreto del Presidente, ha dado lugar a comentarios el cambio del día de la semana en que se celebrarán los Consejos de Ministros. No es la primera vez en que las reuniones cambian de día de la semana, y el cambio tiene poca trascendencia, ni siquiera para el control parlamentario, que puede acomodarse fácilmente al nuevo calendario. El hecho de que la oposición se alce desaforada por este cambio, indica que no tiene motivos más serios de protesta contra el nuevo Gobierno.