Históricamente los sectores sociales más vulnerables y en situación de exclusión social han sido objeto de connotaciones criminógenas e incluso referidos en el discurso eugenésico. Hecho que refiere que se hayan adoptado medidas coercitivas y, en algunas ocasiones la máxima dureza, hacia esta población. En el Antiguo Régimen son muchos los testimonios que dan cuenta de esta realidad, acometiéndose las respuestas sociales desde el ámbito policial y punitivo. Todo lo anterior me recuerda las recientes actuaciones de la policía norteamericana con final dramático, en la que fueron muertos varios varones negros con extrema crueldad, y conocidas por haber dado la vuelta al mundo en los medios de comunicación y redes sociales internacionales (y no ha sido la primera vez), asociadas, a la creencia de la supremacía blanca, una ideología política, con rasgos eugenésicos, que trata de mantener el dominio social, político, histórico e institucional de los blancos.

Tras la revolución industrial a los precitados sectores sociales se les seguía coligando un fuerte componente desestructurador de lo social. Esta percepción estaba condicionada a la inoperancia oficial para dar solución a buena parte de los inconvenientes que surgieron al hilo de la llamada “cuestión social” (en relación a la pobreza y el pauperismo). Mientras los considerados padres de la sociología Marx, Weber, Durkheim y Comte se centraron en las estructuras de la sociedad para detallar sus hechos básicos, en Inglaterra, los pensadores británicos, acomodados en la economía política, focalizaron su atención hacia las mujeres y hombres que constituían esas estructuras.

El ameliorism británico centró su atención en la solución de los problemas sociales mediante la reforma de los individuos, de forma que se instalaron en un discurso de culpabilización. Elaboraron una lista de los que consideraban de naturaleza individual: ignorancia, pobreza espiritual, impureza, falta de higiene, mendicidad e inmoderación… Fue en 1798 cuando vio la luz el Ensayo sobre el principio de la población de Robert Malthus, advirtiendo de los riesgos que para la sociedad conllevaba el crecimiento poblacional. A esta interpretación se sumaron aportaciones de otros pensadores y científicos. Así, en 1859, el naturalista Charles Darwin en su obra El origen de las especies establece el principio de la “selección natural”. Pocos años antes, para explicar el triunfo de unos sistemas culturales sobre otros, el padre del evolucionismo moderno, Herbert Spencer, como él mismo reconoce, acuñó el principio universal de la “supervivencia del más apto”.

Francis Galton es el padre de la eugenesia moderna. Estaba convencido de que las diferencias entre los individuos tenían un componente exclusivamente hereditario, eximiendo a la sociedad de cualquier responsabilidad en tanto en cuanto generadora de desigualdad. Estas ideas devinieron en una especie de nueva religión de la humanidad y tuvieron notable difusión, sobre todo en los EE.UU., en donde además de crearse una Oficina de Registro Eugenésico en el año 1911, se practicaron miles de esterilizaciones. En Canadá, Suiza, Suecia y Noruega fueron desarrolladas prácticas similares. En los años treinta del siglo XX con la gran depresión se produjo un colapso del capitalismo de “laissez faire”, que se tradujo en desempleo masivo y en el triunfo del fascismo, del nazismo y del estalinismo. Se produjo una revitalización de las ideas de Galton y la consolidación del movimiento eugenésico, a lo que añadir los acontecimientos acaecidos en la Alemania nacional-socialista, en la idea de una limpieza racial.

Fue en la segunda mitad del siglo diecinueve y primera mitad del veinte cuando las ideas eugenésicas adquirieron mayor concreción. En las décadas siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tras una reacción de la izquierda política más humanista, la eugenesia perdió vigor. No obstante, a mediados de los años setenta, se reactivaron los argumentos eugenésicos, de la mano de genetistas como Victor Mckusic.

A comienzos de los años ochenta del siglo XX, a instancias del pensamiento ultraconservador encabezado por Ronald Reagan en los Estados Unidos, se empezó a utilizar un lenguaje diferente en relación a los sectores sociales que exigían de asistencia pública. El gabinete republicano denunció los altos costes de las ayudas públicas que recibían, su supuesta ineficacia e incluso que contribuían a la pereza. El pobre, el excluido dejaba de ser un ciudadano, víctima de la lógica económica y social, y pasaba a convertirse en un vago congénito o en un individuo genéticamente inferior (eugenesia social).

En la tercera década del siglo XXI, tras la vivencia de la pandemia del Covid-19, ha emergido una modalidad de eugenesia en un contexto de radicalización de las ideologías más conservadoras, coincidiendo con una crisis económica planetaria (a la par que los avances en genética humana son de un extraordinario alcance). Una realidad de tal magnitud que, en países como el nuestro, dio lugar a que el actual gobierno decidiera recientemente poner en marcha la prestación del Ingreso Mínimo Vital con la finalidad de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social entre aquellos que viven solos o en hogares/familias que carecen de recursos económicos básicos para satisfacer sus necesidades básicas. Es, por tanto, un derecho subjetivo que garantiza un mínimo de renta a los ciudadanos que se desenvuelvan en una contingencia de vulnerabilidad económica y, cuyo propósito es garantizarles oportunidades de inclusión social y laboral. Consecuentemente, es una red de protección de transición que tiende puentes desde la vulnerabilidad/exclusión hacia la integración social, pues tal como se concreta en la Resolución Ministerial este ingreso “Se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la Ley”.

Las críticas provienen de la derecha, particularmente de la extrema derecha, y se focalizan en la inviabilidad de su financiación, en sus repercusiones éticas y morales (con argumentaciones del estilo “no es justo que alguien que no trabaje perciba ingresos” o del tenor que fomentaría la “holgazanería”) e incluso se alude al “efecto llamada” que hipotéticamente ocasionaría sobre los no autóctonos. No existen datos empíricos que así lo confirmen por las experiencias de otros países, pero lo que sí sabemos es que estas disposiciones tienen un efecto muy beneficioso sobre los más desfavorecidos.

Las palabras de Herbert Spencer adquieren actualidad en contexto político internacional marcado por la impronta y vigor de las políticas neoliberales más radicales, que fundamentan el NO a estas medidas en la idea de que “Promover la haraganería a expensas del bien constituye una crueldad extrema. Supone un fomento deliberado de la miseria para las futuras generaciones…”.

Desde una perspectiva humana y del bien común dejar en la cuneta a los que lo han pedido todo, máxime tras una crisis sanitaria de la envergadura de la vivida en todo el planeta en los últimos meses, con sus consecuentes efectos económicos, vinculados al aumento de la pobreza y la exclusión social a escala global, además de un problema ético de hondo calado, sería un fracaso como civilización. De ahí la necesidad de acometer, desde el ámbito institucional, tanto a nivel nacional como internacional, las composturas que sean necesarias para apoyar, como derecho de ciudadanía, a todos los seres humanos y familias que hayan entrado en franjas de vulnerabilidad y exclusión social. De no hacerlo, los libros de historia nos recordaran por haber iniciado una nueva eugenesia social en el siglo XXI.