Se acerca el momento de poner encima de la mesa propuestas para reparar en lo posible el gran daño económico causado por la pandemia del covid-19. Será muy interesante ver el sesgo ideológico de las mismas. Pero se podría mejorar mucho la recaudación (del orden de un 5% del PIB) sin subir ninguno de los impuestos actuales. Utilizaremos como unidad de medida el millón de euros (M€).

Los datos de partida no pueden ser peores: el Gobierno estima que el PIB caerá en 2020 un 9,2%, esto es, se dejará de producir riqueza por valor de 111.000 M€; la recaudación de impuestos descenderá en 25.700 M€, mientras que el gasto público se disparará por la batería de ayudas puestas en marcha para paliar la recesión producida por el covid-19; como consecuencia, se estima que el déficit público alcanzará el 10,3% del PIB; y el endeudamiento del Estado subirá cerca de 20 puntos, pasando del 95,5% del PIB al 115%.

Está claro que nos esperan al menos un par de años muy duros, donde será necesario atender a los numerosos trabajadores y empresas afectados por la crisis, y al mismo tiempo reparar los enormes agujeros que se habrán producido en las cuentas públicas. Un país que deberá a sus acreedores en 2020 un billón largo de euros, deberá destinar del orden de 35.000 M€ cada año a pagar intereses, es decir, los intereses de la deuda superarían el crecimiento anual de la economía, el país estaría en peligro de insolvencia y sería vulnerable frente a sus acreedores. Un problema inicialmente económico devendría en un problema político.

Para evitar ese escenario, parece que las soluciones han de pasar necesariamente por gastar menos, recaudar más, o ambas cosas. Aquí es donde se desplegarán las distintas ideologías con soluciones muy diferentes para abordar el problema.

Un posible enfoque por el lado de los gastos sería congelar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Esta “solución” es la más fácil de implementar, porque bastarían un par de decretos. La primera medida afectaría a 9 millones de personas y a un gasto de 135.000 M€ en 2019. La segunda, a 3 millones más, considerando a los funcionarios y a otros asalariados de las distintas administraciones. También se podría subir el IRPF a los 13 millones de trabajadores por cuenta ajena. Esta medida también sería muy fácil de aplicar: un solo decreto bastaría, porque las nóminas de los trabajadores son unos de los datos mejor controlados por Hacienda.

Pero, ¿sería razonable este enfoque? En definitiva, el descalabro económico lo pagarían los que viven de un salario o una pensión, que son los que ya hoy soportan la mayor parte de la recaudación tributaria del Estado. Conviene detenerse entonces en analizar la estructura de nuestro sistema fiscal.

España recauda, según Eurostat, un 35% del PIB frente a una media del 41% en la UE, y muy alejada de países como Francia o Dinamarca que recaudan, respectivamente, un 48% y un 45%. Hay, por lo tanto, un margen de al menos 6 puntos (72.000 M€) para situarnos tan solo en la media europea. Sin embargo, lo que caracteriza nuestro sistema impositivo no es que sus tipos sean bajos. Al contrario, son muy similares a los europeos. Todos los expertos coinciden (ver, por elemplo, El PAÍS 22/05/20) en que la baja recaudación se debe sobre todo a la jungla de exenciones y subvenciones de los diferentes impuestos, a la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales y al fraude fiscal. Por ejemplo, el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25% para las pequeñas empresas y del 30% para las grandes. Sin embargo, el tipo efectivo sobre los beneficios brutos se sitúa en las grandes empresas entre el 2,8% y el 13,7%, con un tipo medio del 6% (Fuente: Agencia Tributaria). Dichas empresas disponen de mecanismos de “consolidación” que permiten compensar las ganancias de una empresa del mismo grupo con los beneficios de otra, o transferir beneficios de unos países a otros utilizando compras entre filiales.

En otros casos, las CC.AA. se hacen dumping fiscal entre ellas bonificando a veces hasta el 99% de los impuestos transferidos tales como patrimonio, donaciones y sucesiones. De esta forma, un andaluz o un valenciano podrían pagar hasta cien veces más impuestos de este tipo que un madrileño o un castellano-leonés.

Está, por último, la defraudación fiscal. La Fundación Fedea estima dicho fraude en unos 20.000 M€ en el IRPF y otros 20.000 M€ en el impuesto de sociedades. Aquí no se trataría de ingenierías fiscales dentro de la legalidad sino pura y llanamente de la ocultación de bases imponibles.

Por tanto, antes de plantearse congelar salarios y pensiones, establecer nuevos impuestos o subir los tipos de los ya existentes, sería de justicia emprender una reforma y una inspección fiscales a fondo que, en primer lugar, eliminaran los numerosos agujeros de nuestro sistema por donde hoy se escapa la recaudación, homogeneizara la tributación actualmente tan dispar entre los diferentes territorios y aflorara las bases imponibles que hoy se escamotean al fisco.

Sumando estas partidas, tendríamos alrededor de 6.000 M€ más por impuesto de sociedades, una cantidad adicional similar por eliminación de desgravaciones en el IRPF, varios miles de millones más difíciles de cuantificar, si se estableciera un suelo en todas las CC.AA. para los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y recuperaríamos una parte de los 40.000 M€ que se escapan debido al fraude. Es decir, sin subir un solo impuesto, podríamos reducir gran parte de esa diferencia de 72.000 millones de recaudación que nos separa de la media europea. Y tan solo se estaría tratando a todos los ciudadanos y a todas las empresas por igual.

Adicionalmente, el Gobierno ha dado algunos pasos para la implantación de ciertos impuestos largamente discutidos en la UE: la llamada “tasa Google”, que gravaría a las grandes tecnológicas digitales, las cuales eluden la casi totalidad de sus impuestos gracias a su implantación global y a la ausencia de una adecuada legislación internacional; la tasa sobre las transacciones financieras, cuyo objetivo es limitar la especulación en las bolsas; y los nuevos impuestos verdes, cuyo fin es penalizar los comportamientos nocivos para el medio ambiente. En este último apartado, España está la cola de la UE, la cual recauda una media del 2,5% del PIB por estos impuestos, mientras aquí la fiscalidad verde solo llega al 1,8%. Hay, pues, margen para recaudar 8.000 M€ adicionales. La capacidad recaudatoria de los otros dos impuestos se estima en 2.000 M€.

En definitiva, podrían recaudarse del orden de 65.000 M€ (un 5,4% del PIB) poniendo todo el esfuerzo en la homogeneización y en la inspección fiscales. Se trataría de una simple cuestión de justicia: hacer que todos los españoles y todas las empresas, residan donde residan, y tengan la actividad que tengan, sean tratados con los mismos criterios. Antes de proponer las manidas soluciones de siempre (que paguen los funcionarios y los pensionistas), habría que resolver de una vez esta lacerante injusticia.