La agenda económica del Gobierno de España hasta final de año no es para cardíacos. Además de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y lo que eso implica en diferentes cuestiones como alquileres de vivienda o infraestructuras, hay que sumar las reformas comprometidas con la UE en los acuerdos para recibir los fondos (hasta 16), que pondrán a prueba la capacidad negociadora del gobierno, tanto con sus apoyos parlamentarios como con los interlocutores sociales y hasta dentro  de él mismo.

De entre todos ellos hay dos muy significativos y con enorme transcendencia: la derogación de la reforma laboral de los populares del 2013, y el mecanismo de equidad intergeneracional, donde el acuerdo de los interlocutores sociales seguro será más difícil de conseguir que el de los ministerios de economía, trabajo y seguridad  social juntos.

El Gobierno de Rajoy sostenía que para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, había que dotarlo de un factor de sostenibilidad que adaptara la jubilación a las arcas del estado y la evolución demográfica del país. Así, en el cálculo de la jubilación habría que tener en cuenta, además de los años cotizados, la edad de jubilación y las cantidades aportadas, la previsión en la esperanza de vida. Para lo cual idearon una fórmula matemática publicada en el BOE, por la cual conforme esta aumenta habría que repartir el mismo dinero en un mayor periodo de tiempo.

En las distintas proyecciones que se hicieron, esto suponía que en el 2019, caso de haberse aplicado, la reducción hubiera sido del 0’57% para llegar en el 2024 al 12% y en el 2060 al 20%. Esto, unido a la sustitución del IPC en el incremento anual por el factor de revalorización anual (FRA) que hacía que las pensiones solo subían el 0’25% al año mientras el sistema siguiese en déficit, daba un cuadro macroeconómico perfecto para condenar a los pensionistas a perder poder adquisitivo de por vida.

Menos mal que en el acuerdo con el PNV para sacar adelante los PGE del 2018, el PP tuvo que aceptar que se desarrollaría el factor de sostenibilidad una vez hubiera acuerdo en el seno de la subcomisión del Pacto de Toledo, y nunca antes del 2023.

El reciente acuerdo sobre las pensiones suscrito por los agentes sociales y el gobierno deroga estos dos elementos clave de la legislación de los populares. La revalorización anual se hará en función del IPC y el factor de sostenibilidad será sustituido por un Índice de Equidad Intergeneracional que deberá diseñarse antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Derogar un elemento que reducía el gasto de pensiones sin ninguna otra alternativa, será difícil de llevar a Bruselas. Por eso se pone como límite de fecha para sellar un acuerdo el 15 de noviembre para que, en caso de no conseguirlo con los agentes sociales, sea el gobierno quien legisle.

A pesar de que apenas quedan dos meses, poco sabemos acerca de por dónde puede ir el contenido del futuro Índice de Equidad Intergeneracional. Tan solo las declaraciones que hizo el Ministro de Seguridad Social a principios de julio, en las que dio a entender que el nuevo factor de equidad intergeneracional supondría o bien un ajuste moderado en las pensiones de la generación del “baby boom” (nacidos  a finales de 1950 hasta 1970) o bien un retraso en la edad de jubilación, y que posteriormente rectificó. E igualmente las realizadas a finales de agosto en las que consideraba que el nuevo mecanismo “igual ni hace falta aplicarlo”. El recorrido que hay entre ambas seguro que en las próximas semanas se despejará.

Porque en el acuerdo alcanzado seguramente hay los suficientes mecanismos para garantizar el sistema. Los nuevos coeficientes reductores de la jubilación anticipada, los incentivos para demorar la jubilación, las transferencias que el Estado hará a la Seguridad Social para asumir los gastos impropios, seguramente sean suficientes para poner fin al déficit del sistema.

Los sindicatos, a tenor de sus declaraciones, difícilmente van a aceptar que exista ningún tipo de factor de sostenibilidad o mecanismo de equidad, porque al final, se llame como se llame, o bien incrementará las carreras profesionales de cotización o reducirá las cuantías.

En el debate parlamentario de la Ley, seguramente habrá más diferencias que las habidas en el debate de noviembre del 2020, donde se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo por el 75% de la Cámara y dos votos en contra. Previsiblemente la derecha hará del factor de sostenibilidad una trinchera, para deslegitimar la futura Ley y denunciar la viabilidad del sistema, abundando en su descalificación de la reforma en los foros de la UE que tan bien se le dan al presidente del PP Pablo Casado.