El pasado 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, este año bajo el lema “Una sola Tierra”. Este también fue el lema de la Conferencia de Estocolmo de 1972, donde se acordó el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Tristemente, 50 años después, se mantienen las reivindicaciones y siguen siendo necesarios cambios en el modelo social, conseguir modos de vida más sostenibles.

El cambio climático es uno de los grandes retos sociales y medioambientales. Los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC) demuestran que la actividad humana es su principal causa y que el aumento de la temperatura por encima de los 2Cº tendrá graves consecuencias para la salud, la economía, el medio ambiente y el bienestar social, modificando la vida de las generaciones futuras.

Identificar y afrontar los riesgos en relación al cambio climático es necesario para que la transición ecológica sea justa, segura y saludable. Los gases de efecto invernadero, la generación de un gran volumen de residuos, todos ellos principalmente provocados por el uso intensivo de recursos naturales, y la presión que estamos generando sobre el medio ambiente, inciden en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, y en la contaminación de suelos y masas de agua.

La Unión Europea, en los últimos años, ha incorporado esta reflexión a importantes iniciativas políticas, economía circular y bioeconomía, políticas en materia de clima y energía para 2030 y 2050, el “Pacto Verde Europeo” e incluso el actual “Plan de recuperación y resiliencia de la economía para reparar el daño causado por la COVID-19”. Se trataría de trasformar la economía y la sociedad respetando el medio ambiente.

El aumento de la temperatura en España se ha concentrado principalmente en el final del último siglo; probablemente en los próximos años, de seguir esa tendencia, los efectos se acelerarán. Además, en nuestro país, hemos observado fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, graves o de mayor duración; degradación de la calidad del aire; enfermedades transmitidas por insectos…; se prevé que estas amenazas se agravarán.

En continuidad con las políticas europeas, el Gobierno socialista ha desarrollado la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Economía Circular, el Plan de Acción de la Agenda 2030, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021- 2030 (PNACC) y la Estrategia de Transición justa. Todas ellas con el objetivo de trasformar modos de vida, modelos de consumo, modelo laboral,  imprescindibles para que la transición sea justa, ya que las actividades económicas y los estilos de vida están muy relacionados.

El uso de recursos y los impactos ambientales, están vinculados al mundo laboral, al empleo, a los salarios, a la capacitación de la población trabajadora. En definitiva, a la forma de vida, al desarrollo laboral y su comportamiento. La necesidad de encontrar el modo de transformar los sistemas productivos responsables de las presiones sobre el medio ambiente y la salud es un objetivo de país.

Y este proceso de cambio del sistema es largo y depende en gran medida de las nuevas prácticas sociales, laborales, tecnológicas, modelos de negocio, soluciones basadas en la naturaleza, valorización de los servicios proveídos por la naturaleza, etc. Para ello se necesita apoyo a las empresas, a las personas trabajadoras, a autónomos y emprendedores. Hacer posible la sostenibilidad a través de la colaboración en todos los ámbitos: gobiernos, empresas, trabajadores y trabajadoras, y ciudadanía.

En esta línea de trabajo y siguiendo las directrices fijadas por la UE, el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” recién aprobado por el Gobierno plantea destinar un 37% a proyectos vinculados a la transición ecológica, con el principal objetivo de impulsar iniciativas que ayuden a la transformación de la economía española. Concretamente en relación con esta línea de actuación se han aprobado los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica): para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado; para la salud de vanguardia, de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA); Agroalimentario, para la industria naval, aeroespacial, de Economía circular; de Digitalización del ciclo del agua, entre otros.

El modelo económico actual está generando gran desigualdad. Los trabajadores y trabajadoras estamos viviendo varias crisis paralelas: el cambio climático, la desigualdad, la pandemia, el aumento del precio de la energía y de los alimentos a causa de la guerra en Ucrania, invadida por Putin, un sistema mundial en el que los sistemas democráticos se ven amenazados. Necesitamos un nuevo contrato social que aborde el empleo, derechos, salarios, igualdad e inclusión y respeto al medio ambiente.

La propuesta del gobierno pasa por una transformación del tejido productivo del país a través del recién aprobado Plan Estratégico financiado parcialmente con fondos europeos. Hablamos de políticas públicas decididas, trasversales para diferentes administraciones con colaboración público privada para eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, aumentar nuestra capacidad tecnológica, y potenciar nuevas oportunidades que supondrán la transición ecológica. Desarrollar nuevas tecnologías y nuevos modelos de empresa, avanzar hacia sectores industriales y de servicios innovadores, sostenibles y competitivos, basados en el conocimiento y las nuevas tecnologías, que ayuden a trasformar el sistema productivo español hacia un modelo más ecológico generador de empleos, es una necesidad.

Empleos verdes, en el sector público, en la construcción, reconversión de puestos de trabajo de la industria manufacturera, puestos asociados a la salud, a la educación, a la investigación. Ocupaciones que generarán un crecimiento sostenible integrador de la economía verde, circular e hipocarbónica.

Promover la trasformación tecnológica de la política industrial; desarrollando acciones ambientales, de empleo y formación, fiscales, e industriales, para generar un sistema productivo eficiente en el presente y en el futuro, y una sociedad más sostenible, más solidaria y más justa. Trabajos decentes y seguros de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible, del Pacto Verde Europeo y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Empleos de calidad, con salarios dignos, decentes y de continuidad.

Actuaciones transversales que harán posible una modernización de nuestro país de manera equilibrada y generarán mayor sostenibilidad del sistema productivo, seguridad, calidad de vida… Un nuevo modelo que parte de la base de un estado de bienestar justo, eficiente en el uso de recursos, y respetuoso con el medio ambiente.