Introducción.

En el artículo anterior nos centrábamos en la urgencia de medidas de adaptación y resiliencia socioeconómica ante la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos asociados al calentamiento global del planeta, destacando que los problemas asociados a esta dinámica se conocen desde hace décadas, al igual que las soluciones y la forma de actuar para prevenir y minimizar los daños correspondientes, tanto por incendios forestales, como por olas de calor y su incidencia urbana, sequías, inundaciones, afección a costas por temporales y elevación del nivel del mar, o afección a ecosistemas terrestres y marítimos, con degradación de la biodiversidad y pérdida de servicios de los ecosistemas.

En este marco, destacábamos que no se han adoptado las políticas imprescindibles adecuadas ni, sobre todo, se han puesto a disposición los recursos necesarios a nivel mundial, no ya solo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global asociado, cuya dificultad es tremendamente elevada y de dimensión planetaria, sino, tampoco, para adoptar medidas suficientes y adecuadas de prevención, adaptación y resiliencia socioeconómica local ante los fenómenos climáticos extremos. Y ahora, con un periodo de retorno (número de años en que es esperable que el fenómeno se repita) cada vez menor, y una magnitud de la incidencia de cada fenómeno creciente a medida que se incrementa el calentamiento global y sus efectos sobre el cambio climático, la urgencia de llevar a cabo medidas de adaptación y resiliencia socioeconómica es máxima, ante la magnitud de las consecuencias que se están derivando de su no adopción.

En este artículo nos vamos a centrar en los incendios forestales y sus consecuencias, con una aproximación a las dinámicas detectables y las medidas recomendables para lograr una adecuada adaptación y resiliencia socioeconómica a un proceso de gravedad creciente con el calentamiento global y cambio climático asociado. Y ello pese a los grandes recursos empleados y a la consecución de una dinámica general, en España, de reducción del número de incendios (afección a 1 ha o más) y de la masa forestal quemada, con una correcta respuesta ante siniestros que quedan reducidos a conatos (afección a menos de 1 ha), pero con una incidencia periódica de grandes incendios (afección a más de 500 ha) que multiplican los efectos negativos en el balance.

La dinámica de producción de incendios forestales en España.

Señalábamos en el artículo anterior que los incendios forestales, cuando responden a causas naturales pueden tener un papel positivo en los biosistemas, favoreciendo su reequilibrio y renovación. Pero, cuando superan un determinado umbral en frecuencia e intensidad, presentan efectos fuertemente negativos para los mismos, deteriorando el paisaje y afectando de forma muy negativa a los servicios de los ecosistemas de los que se beneficia la sociedad; pudiendo llegar a tener consecuencias catastróficas, “aridizando” nuevas superficies, o sobre el patrimonio si afectan a áreas urbanizadas o generan daños o pérdidas humanas.

Aunque de forma general, el calentamiento global está aumentado el riesgo de incendios forestales en toda Europa, las medidas que se vienen adoptando en las últimas décadas han conseguido que la superficie quemada permanezca relativamente estable en el área mediterránea, que es el ámbito de mayor riesgo. Pero la coincidencia de sequías y olas de calor sin precedentes, con reducción de la humedad ambiental e incremento de la temperatura media soportada, han afectado no solo a las regiones mediterráneas tradicionales, sino también a regiones del centro y norte de Europa, que no solían ser propensas a los incendios, dando lugar a incendios de grandes proporciones y larga duración, que afectan a grandes superficies de forma particularmente intensa.

Como se aprecia en la Figura anterior, en el caso de España, los incendios forestales son procesos que se reiteran periódicamente en un medio rural sometido a fuertes procesos de transformación. Varían los ámbitos en que se producen a lo largo de las distintas estaciones del año, o el tipo de incendio, las superficies quemadas y sus consecuencias, pero, en todos los casos destruyen bienes materiales, biodiversidad, servicios de ecosistemas y acaban, o ponen en riesgo la vida de personas.

 

Más en concreto, como apreciamos en la Figura y Cuadro siguientes, la evolución de todas las variables ligadas a los incendios forestales tiene una tendencia decreciente, en gran parte por la gran labor realizada por las administraciones, fundamentalmente en la extinción de conatos (menos de una ha afectada), evitando su transformación en incendios (una o más ha afectadas) o grandes incendios (GIF, con más de 500 ha afectadas). Con ello se ha logrado reducir considerablemente la superficie anual media afectada por incendios, aunque los episodios periódicos de grandes incendios de fuerte afección (con un período de retorno de unos cinco años en las últimas décadas), definen una diferenciación específica que hace que, en función del período que se seleccione, la tendencia de la superficie afectada por GIF sea disímil de la tendencia general señalada.

 

Así está sucediendo específicamente con este año 2022, donde, a mediados de septiembre, 55 GIF han afectado a más de 261.000 hectáreas, pudiendo convertirse, finalmente, en el año con mayor superficie afectada en los últimos tres decenios, recordando lo acaecido en 1994, donde los incendios afectaron a más de 250.000 ha de bosque y a 180.000 ha de superficie no arbolada, incidiendo en el 13% de la Comunidad Valenciana, el 6% de la de Murcia y el 4% de la de Cataluña.

En este año 2022, hasta el 18 de septiembre, se habían registrado un total de 8.934 siniestros, de los que el 69% (6.193) se quedaron en conatos, al ser extinguidos antes de afectar a una hectárea y 2.741 han sido incendios mayores de una hectárea, adquiriendo 55 la condición de GIF hasta la fecha citada. Con ello, 2022 es ya una nueva punta en producción de grandes incendios (GIF) y superficie afectada, en relación con las recogidas en la Figura anterior para en los últimos 16 años. Y ya supera a las generadas en 2017, 2012 y 2006, pudiendo llegar a triplicar la media de la superficie afectada del período 2012-2021 (Cuadro anterior) y a más que duplicar el número de grandes incendios forestales (GIF) medios anuales. Adicionalmente, hasta septiembre de 2022 se han producido tres fallecidos, y la cercanía de los incendios a zonas habitadas ha generado el desalojo de más de 28.000 personas.

Como síntesis, podemos señalar que, mientras que se aprecia una tendencia a la reducción del número total de incendios y en la superficie afectada por el fuego, los grandes incendios forestales (GIF) definen puntas en estas variables que, cada cinco años, como media, dan lugar a episodios de gran magnitud y virulencia. Es frecuente que estos GIF coincidan con épocas de sequía (1974/75; 1978/80; 1983/1985; 1987/89, 1993/94; 1997/2000; 2004/2005, 2011/2012, …) y que años considerados muy secos desde el punto de vista hidrológico, son años en que también los incendios superan la media, con records de superficie afectada en los años 1978, 1985, 1989 y 1994 (del orden de 450.000 ha cada año) a los que este año 2022 puede estar cerca de rememorar.

Y si bien la bajada de la superficie máxima total afectada, bien puede considerarse como un resultado de las mejoras introducidas en la lucha contra el fuego, cada año tiende a crecer la superficie de monte, a medida que las superficies de cultivo y, sobre todo, las dedicadas a pasto, sufren reducciones por los procesos de la intensificación de la ganadería y del ritmo decreciente de la actividad del sector primario en el medio rural español.

Factores incidentes en los incendios forestales.

El conocimiento actual de las causas de los incendios forestales es profundo y contrastado. Y las maneras de prevenir sus efectos y de corregir estos, cuando se producen, tampoco presentan la más mínima duda, aunque la aplicabilidad de las actuaciones necesarias varía, y tiene características diferenciadas, desde el extremo noroccidental de España al litoral Mediterráneo suroriental o a los archipiélagos, atendiendo a la variada orografía, usos del suelo, el papel de los montes y de la superficie forestal, la aridez relativa, o las precipitaciones y el uso del agua característicos de las distintas regiones españolas. A lo que se une la diferente incidencia de factores ligados al creciente calentamiento global y a la generación de episodios de sequía y calor extremo continuado.

En todo caso, las causas de los fuertes daños asociados a los incendios forestales en España tienen una componente fuertemente estructural, básicamente de modelo de desarrollo, si bien con muchas singularidades y características diferenciadoras. De hecho, los diversos aspectos que, conjuntamente, inciden en la generación de incendios forestales se pueden agrupar en tres grandes capítulos: geográficos, de ordenación y gestión territorial, y climático/meteorológicos

Los factores geográficos tienen que ver con la geomorfología, orografía y dificultad de acceso a terrenos que condicionan la gestión territorial y el acceso a los mismos cuando se produce un incendio. Son determinantes en terrenos de alta pendiente o barrancos de muy difícil acceso en los que la gestión de la biomasa es compleja.

Los factores ligados a la ordenación y gestión territorial son los más significativos en la medida en que dependen de la actuación de administraciones y agentes sociales y determinan las causas ligadas a la incidencia humana en la producción de incendios forestales. Causas que se ligan, fundamentalmente a:

  • Acumulación de combustibles en los montes por una gestión forestal condicionada por la falta de recursos. El grave abandono de la gestión forestal, en un país como España, eminentemente forestal, donde cerca del 40% del territorio español, que es forestal, no tiene un plan de ordenación ni una gestión adecuada del mismo, con la falta de tratamientos y trabajos culturales en estos ecosistemas, sobre todo en masas densas de alto riesgo de ser objeto de grandes incendios. La falta de recolección de madera y de gestión en plantaciones forestales favorece la expansión de conatos (siniestros de menos de 1 ha) y su transformación en incendios (afectando a una o más hectáreas) o en grandes incendios (GIF, de más de 500 ha). Cerca del 60% de los GIF suceden en ámbitos forestales alterados con masas de alta ignición y fuertemente monoespecíficas. La extensa política de repoblación con pinares, óptimos para muchos de los suelos esqueléticos que caracterizan a nuestros montes, y útil desde la perspectiva de fijar carbono, evitar la erosión y evitar la degradación de suelos agrícolas marginales abandonados, ha venido en muchos casos acompañada de un abandono posterior por falta de presupuestos y de rentabilidad para el aprovechamiento directo, y por la reducción de la ganadería extensiva que contribuía a reducir el combustible, con lo que su destino, ante la ausencia de tratamientos silvícolas que pudieran optimizar su estado, es el de colaborar a un mayor riesgo de incendio.
  • Procesos de transformación territorial (social, económica y ecológica) que han implicado el abandono del medio rural más desfavorecido con una regeneración de los montes no controlada. La uniformización del paisaje y usos del suelo por el abandono de pequeñas parcelas de cultivos y zonas agrícolas intercaladas en los espacios forestales, que producían discontinuidades favorecedoras de cortafuegos, han generado numerosas zonas con vegetación continua y fácilmente inflamables, muchas veces ocupadas por matorrales y vegetación forestal asociada al abandono rural, a la disminución de la agricultura y a la ausencia de pastoreo.
  • El arraigado y generalizado uso del fuego en el medio rural, como práctica agrícola. A nivel nacional, del orden del 80% de los incendios forestales son provocados por actuaciones humanas; del orden del 5% son producidos por rayos; del orden de un 15% son de causa desconocida (aunque probablemente se asocien a intencionalidad o negligencia) y en el entorno del 2% son reactivaciones de siniestros controlados. Pero más del 60% de la superficie afectada por incendios se debe a que más de un 50% de siniestros son intencionados (intencionalidad por acción dolosa o culposa del causante) aunque las quemas agrícolas (eliminación de matorral o regeneración de pastos que se dejan arder de forma incontrolada e ilegal, abandonando el causante el lugar) representan casi un 33%. Los provocados por negligencia son también de origen humano y representan del orden del 18% del total, aunque aquí no hay intencionalidad en la producción (negligencias por quemas agrícolas legales y controladas, por aparatos mecánicos, barbacoas o fuegos para cocinar o calentarse suelen ser las razones más frecuentes). Los pirómanos del orden del 8%; y cifras mucho más reducidas las venganzas personales, las causas políticas, la caza, la diversión irresponsable, etc. Lo preocupante es que sólo del orden del 10% de los causantes intencionados de incendios son descubiertos, y un porcentaje mucho menor son objeto de sentencias ejemplarizantes.
  • Quejas de los residentes ante la realización de incendios controlados que reproduzcan los ciclos históricos naturales de los propios incendios, lo que hace que cuando se produce un incendio sea mucho más probable que se convierta en un gran incendio de graves consecuencias.
  • Ocupación por residencias y urbanizaciones de las áreas de riesgo -interfaz urbano/forestal- con líneas eléctricas, infraestructuras de transporte o residencias sin áreas de prevención, que pueden generar los inicios de los incendios en un marco en el que los gobiernos municipales tienden a priorizar los desarrollos urbanísticos –y los ingresos fiscales asociados- al riesgo.
  • Usos recreativos intensivos de las áreas forestales que incrementan los riesgos de siniestros en un medio rural crecientemente despoblado y envejecido, salvo los fines de semana y las épocas de vacaciones, por la visita de excursionistas temporales, o con la vuelta de emigrantes directos o descendientes de emigrantes directos que utilizan las casas, originarias o heredadas, por motivo de ocio.
  • Los residentes o empresarios que sufren las consecuencias de un incendio reconstruyen sus edificaciones o negocios exactamente donde estaban, permitiendo las autoridades, pese al mantenimiento de riesgos, no sólo esa reconstrucción sino el incremento de las edificaciones, o la densificación con nuevas viviendas que reducen el tamaño de las calles y espacios libres y dificultan la capacidad de los bomberos para combatir los incendios.
  • El incumplimiento o inexistencia de planes de prevención de incendios o medidas de seguridad exigibles. La inmensa mayoría de los municipios españoles con obligación de tener un plan de incendios no lo ha realizado ni ejecutado o gestionado[1]. Estos planes son imprescindibles en áreas de riesgo, y han de incluir un análisis territorial del medio físico, de la situación socioeconómica y del riesgo de incendio, tanto para diseñar medidas orientadas a reducir la cantidad de siniestros, como para que, si se producen, que afecten a la menor superficie posible y minimizando sus efectos. Deben contener:
    • Actuaciones para prevenir las causas de los incendios y disuadir de su generación.
    • Actuaciones de gestión forestal y tratamientos sobre la vegetación (masa combustible) en la interface urbana/rural.
    • Actuaciones para limitar/minimizar la superficie afectada, si el siniestro se produce.
    • Actuaciones de carácter pedagógico y educativo, orientadas a la colaboración ciudadana y la conciliación de intereses.

La inexistencia o falta de gestión de estos planes suele estar asociada a la ausencia de recursos técnicos, humanos o económicos o a la no consideración de la prevención de incendios forestales como una prioridad.

Por último, los factores asociados al clima vienen ligados al recrudecimiento de las condiciones meteorológicas, con un clima cada vez más cálido durante más tiempo, que lleva a que la humedad del terreno disminuya y a una foresta más seca. El calentamiento global y los episodios de altas temperaturas mantenidas con bajos grados de humedad y altas velocidades del viento, están favoreciendo incendios de carácter explosivo (definidos como de nueva generación) en la Europa mediterránea y en las islas, con fuegos rápidos, que entran en explosión ígnea ampliando de golpe el área en llamas, letales por las temperaturas alcanzadas, e imposibles de apagar hasta que no cambian las condiciones meteorológicas o se acaba la masa forestal combustible, a pesar de los avanzados dispositivos de extinción de que se dispone en España.

Los factores climático/meteorológicos, que son los que más interesan en relación a la adaptación y resiliencia frente al calentamiento global, inciden a través de la extensión de las temporadas con riesgo de incendios, tanto por el incremento de la temperatura (sobre todo si es sostenido, dando lugar a olas de calor), como por el descenso de la humedad, los cambios en los vientos y en las precipitaciones, que pueden terminar dando lugar a sequías y al incremento de la aridez. Y que también incrementa el deterioro y degradación de la vegetación (aumentando la biomasa seca) coadyuvando a incrementar las condiciones favorables a los incendios.

Y no hay que olvidar que se espera que con el Calentamiento Global previsible el número de conatos aumente, que el porcentaje de ellos que acaben en grandes incendios se incremente, y que la superficie total quemada vuelva a superar cotas de más de 200.000 ha/año, con un número reducido de ellos que alcanzarán grandes dimensiones, pero que serán responsables de la mayoría de los daños.

En todo caso, no hay que olvidar que una de las muchas consecuencias negativas de los incendios es el incremento de las emisiones de gases invernadero asociadas a la quema del carbón almacenado en los bosques, lo que retroalimenta la dinámica de calentamiento global y el riesgo de grandes incendios. De hecho, se estima que las emisiones brutas de CO2 en incendios forestales equivalen a casi el 25% de las emisiones anuales de CO2 de los combustibles fósiles.

Medidas de adaptación y resiliencia socioeconómica ante los riesgos de incendios forestales en España.

Dentro del territorio español existen notables diferencias en cuanto a las áreas de riesgo en función de su caracterización geográfica y usos del suelo. Y puede decirse que, en general, se dispone de esta caracterización y de la definición del correspondiente nivel de vulnerabilidad y riesgo asociado a estas variables en las distintas estaciones del año. Y que la preocupación fundamental por la posibilidad de prevenir incendios debe centrarse en las áreas donde las consecuencias de los mismos son más graves, incidiendo en áreas edificadas o en ecosistemas especialmente valiosos o vulnerables.

Obviamente los GIF se concentran en áreas de alta cantidad de combustible, con masas forestales altamente densificadas e intensamente alteradas, perfectamente definidas en los mapas de riesgo de incendios en función de las variables asociadas a la biomasa. Y sobre las que unas crecientemente desfavorables condiciones meteorológicas (baja humedad, alta temperatura, vientos fuertes) unidas a una orografía generalmente complicada y una elevada vulnerabilidad de las masas forestales, hacen prácticamente inevitable la generación de GIF.

En España, a lo largo de las últimas décadas, se ha ido consolidando un amplio dispositivo operativo, fundamentalmente dedicado a la extinción, formado por unidades especializadas terrestres y aéreas, que cuentan con una probada capacidad de respuesta frente al riesgo de incendios forestales. La regulación básica estatal se encuentra recogida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que se complementa con numerosas leyes, normas y planes generales o específicos de ámbito estatal, autonómico y local, esta última con competencias propias en materia de prevención y extinción de incendios en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local[2].

Pero no es satisfactoria el cumplimiento de la normativa vigente, en gran parte por ausencia de la planificación adecuada y de insuficiencia de los recursos económicos dedicados a la planificación y gestión de riesgos. Lo que es grave en un marco en el que se prevé una expansión de las áreas propensas y de las temporadas de incendios más largas en España, en particular para escenarios de elevado calentamiento global, estimándose que, si se alcanzaran los 3ºC de calentamiento global, los incendios forestales podrían duplicar su área potencial de afección.

El “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030” [3], al que nos referíamos en el artículo anterior, ponía el acento en la necesidad de centrarse prioritariamente en la gestión del riesgo de desastres en lugar de en la gestión de los propios desastres, actuando preventivamente para disminuir dichos riesgos, evitando la aparición de nuevos riesgos y reforzando la resiliencia ante los mismos. Junto a lo señalado por el Informe del IPCC presentado en febrero de 2022, sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático[4] de su Grupo de trabajo II, y lo recogido en el documento presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en abril de 2022: “Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR2022)”[5], podríamos concluir que las políticas de adaptación y resiliencia socieconómica ante los incendios deberían venir presididas por las siguientes líneas generales de intervención:

  • Comprender el riesgo de incendios forestales en todas sus dimensiones: exposición, vulnerabilidad y características del riesgo. Es necesario, en primer lugar, definir los territorios en riesgo y definir los tipos de desastres que se pueden producir. Pero la lucha contra los incendios no puede quedar reducida a la necesaria reacción adecuada en la extinción. Es necesario reforzar la defensa frente a los incendios todo el año, en un contexto en el que el riesgo se ve incrementado como consecuencia de los cambios demográficos y poblacionales y los impactos del cambio climático. La cooperación y la coordinación entre administraciones competentes para mejorar la sinergia e integración de las respuestas, y el fortalecimiento de las medidas destinadas a prevención, vigilancia y extinción, son imprescindibles para fortalecer su eficacia. Y hay que felicitarse de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales[6].
  • Fortalecer la gobernanza del riesgo de incendios previamente a que dicho desastre se produzca, y gestionar dicha previsión y riesgo fortaleciendo la coordinación y el acuerdo en el comportamiento de todas las partes implicadas y/o afectadas por el riesgo. La vulnerabilidad humana y de los ecosistemas son interdependientes, siendo las personas y los sistemas más vulnerables los que se ven afectados de manera desproporcionada. Y es fundamental comprender y reducir los riesgos, en un marco de creciente incertidumbre, ante la frecuencia en la aparición de fenómenos extraordinarios difícilmente previsibles e integrables en la dinámica registrada.
  • Invertir en la reducción del riesgo de incendios para la resiliencia socioeconómica, lo que implica prever las consecuencias esperables de los mismos e incorporar entre los beneficios de las acciones de prevención la reducción de los daños que se evitan con las inversiones correspondientes. Las pérdidas y los daños esperables dependen de la magnitud y duración del calentamiento y de su creciente incidencia sobre los GIF, pero algunos GIF son ya inevitables, y sus efectos serán irreversibles si aumenta el calentamiento y los sistemas naturales y humanos se ven empujados más allá de su capacidad de adaptación. Deben superarse las limitaciones financieras, de gobernanza, institucionales y políticas para mejorar la adaptación. Se requiere compromiso político y buena gobernanza: seguimiento, marcos institucionales, políticas e instrumentos con metas y prioridades claras, mayor conocimiento sobre impactos y soluciones, movilización y acceso a recursos financieros adecuados, monitoreo y evaluación de las dinámicas registradas, y procesos de gobernanza inclusivos. Y no olvidar que los costos reales de los riesgos están especialmente infravalorados, y esta brecha se está ampliando a medida que los principales efectos del cambio climático se multiplican. Hay que adaptar la planificación, la financiación de actuaciones sobre inversión y seguros, y los sistemas de gobierno para tener en cuenta los costes reales de cada línea de acción, incorporando los riesgos de potenciales desastres y su probabilidad de ocurrencia. Sin esta incorporación en los balances y tomas de decisiones de gobierno, los resultados serán inadecuados y crecientemente inefectivos.
  • Aumentar la preparación de todas las partes para cuando el incendio, probabilísticamente inevitable (aunque su periodo de retorno sea mayor o menor) se produzca, a fin de dar una respuesta eficaz y eficiente en la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción necesaria en aquellos efectos que previamente no se hayan podido evitar por su excepcionalidad o magnitud. Se requiere una planificación e implementación flexible, multisectorial, inclusiva y a largo plazo de medidas de adaptación, que beneficien de manera interrelacionada a los diversos sectores y sistemas afectados por el riesgo de incendios.
  • La capacidad de adaptación de los asentamientos urbanos y rurales puede aumentar significativamente con una planificación e inversión integradas e inclusivas en la toma de decisiones sobre la infraestructura urbana, incluidas las infraestructuras sociales, ecológicas y grises/físicas que salvaguarde la biodiversidad y los ecosistemas para un desarrollo resiliente al calentamiento global y al cambio climático asociado, a la luz de las amenazas que estos plantean y las funciones potenciales de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en la adaptación y la mitigación al riesgo de incendios. Nuevamente, las medidas recogidas en el citado Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, han de considerarse particularmente positivas.
  • Hay que diseñar sistemas que tengan en cuenta cómo la mente humana de los posibles afectados o causantes de siniestros toman decisiones sobre el riesgo. Se subestima el modo en que se percibe el riesgo, incluidos los sesgos cognitivos, y cómo esta percepción influye en la toma de decisiones. Para ayudar a diseñar sistemas que tengan en cuenta cómo la mente humana toma decisiones sobre el riesgo, hay que ir más allá análisis técnico de riesgos, útil como herramienta, pero no como panacea. Ningún modelo es 100% confiable y el diseño de las medidas debe realizarse tras consulta a las personas potencialmente afectadas. Es fundamental intensificar la participación, la transparencia y el diálogo ciudadano en la toma de decisiones sobre riesgos, para acelerar el aprendizaje e introducir los ajustes necesarios. Hay que mejorar las formas de comunicación con el público y, en particular, mejorar la comunicación con los grupos de mayor riesgo, mejorando los sistemas de protección social dirigidos a los grupos más vulnerables y garantizar una acción preventiva eficaz.
  • Por último, hay que potenciar la gestión de riesgos a múltiples escalas, con particular consideración de las medidas adecuadas de ordenación del territorio, teniendo en cuenta que la autonomía de actuación local es esencial. Se deben planificar escenarios para gestionar los incendios y para manejar los problemas de gobernanza que se derivan de sus posibles efectos en cascada.

Como síntesis, queda claro, que la principal función de las Administraciones en la problemática de los incendios, debe ser la prevención y el favorecer la adaptación/resiliencia ante procesos que no se pueden evitar, así como la corrección y una política proactiva ante los procesos que hay que evitar (lucha contra los incendios intencionados o negligentes, modificación de los factores estructurales favorecedores de incendios de grandes dimensiones, etc.).

Las Administraciones, con las adecuadas planificaciones, regulaciones, gestiones y actuaciones, son las que pueden mejorar la adaptación y minimización de las consecuencias de los incendios sobre nuestro patrimonio territorial y personal. Pero lo deben hacer contando y colaborando con los propietarios de más del 70% de la superficie forestal española que es privada, afrontando que hay problemas sin abordar con las correspondientes medidas preventivas:

  1. Necesidad de contar a la hora de establecer las políticas forestales del hecho de que el clima es cada vez más cálido durante más tiempo, lo que lleva a una foresta cada vez más seca.
  2. Poner en marcha políticas que corrijan la acumulación de materia seca por una gestión forestal condicionada por la falta de recursos, lo que hace que cuando se produce un incendio sea mucho más probable que se convierta en un gran incendio de graves consecuencias.
  3. Corregir el que la planificación, gestión y disciplina urbanística no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, permitiendo la construcciones y viviendas en pleno monte y en áreas de riesgo -interfaz urbano/forestal- con líneas eléctricas, actividades o residentes que son origen de inicios de incendios de graves consecuencias.
  4. No permitir el incumplimiento de realización y gestión de los planes de prevención de incendios o de las medidas de seguridad necesarias.
  5. Es fundamental que las quemas agrícolas estén controladas y autorizadas, respetando las temporadas de prohibición, dando alternativas al uso del fuego y prevenir posibles accidentes o riesgos de expansión del fuego con las medidas adecuadas para cada tipo de terreno.
  6. Potenciar los medios de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo para la persecución y penalización de actuaciones ilícitas.
  7. Establecer un pacto social y político para afrontar el reto de reducir drásticamente los incendios forestales en España y minimizar sus consecuencias.

No podemos terminar sin señalar que las competencias de las Comunidades Autónomas hacen que ellas sean necesariamente el principal agente gestor de la problemática de los incendios y que, como antes se ha señalado, el problema fundamental es de modelo de desarrollo. El abandono práctico, en alguna de ellas, de la ordenación del territorio para propiciar un desarrollo territorial sostenible en las áreas de riesgo, y la fuerte carencia de medios aplicados para la gestión de su patrimonio natural, no es independiente de las consecuencias de los incendios, en un ámbito en el que se ha demostrado internacionalmente que es mucho mayor la rentabilidad de los fondos dedicados a la prevención, que la de los fondos necesarios para paliar las consecuencias de los incendios a posteriori. Y que, la opción por otro modelo exige que las administraciones asignen fondos al medio rural y a los bosques, internalizando en la sociedad beneficiaria el pago por los servicios de los ecosistemas que el monte le proporciona.

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[1] Hay que destacar que el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, envió, en mayo de este año 2022, ante una climatología que anunciaba alto riesgo de incendio, un oficio a los fiscales delegados instando a reforzar la vigilancia respecto a los planes de defensa de incendios, legalmente obligatorios en los municipios con superficies forestales.

[2] Desde el punto de vista organizativo, la coordinación a nivel nacional de los incendios forestales le corresponde al Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF), adscrito desde 1994 a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

[3] https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

[4] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

[5] https://www.undrr.org/gar2022-our-world-risk#container-downloads

[6] Esta norma se supone que desarrolla los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 28 de julio de 2022, que aprobó las «Orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España» elaboradas por el CLIF, como marco orientativo de coordinación a escala nacional, con el objetivo de fortalecer la cooperación intersectorial en materia de incendios entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad.BOE de 2 de agosto de 2022. Pág. 111464. https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf