Si algo caracteriza a los gobernadores del Banco de España, sin importar quien los haya nombrado, es su obsesión por dar recetas sobre el mercado de trabajo. Rara es la comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados o en los informes periódicos que realiza, en la que no den su receta mágica para superar la temporalidad, abaratar el despido o limitar los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI). Sin embargo, respaldar la concertación social, los beneficios de la negociación colectiva o la importancia de la sindicalización (como ha hecho el propio Biden), no entran dentro de sus esquemas.

En los últimos meses le hemos visto defender a ultranza la “mochila austriaca” como fórmula para reducir la dualidad entre los contratos temporales y los fijos, denunciar la “perversión” del incremento del SMI por impedir la creación de 150.000 empleos o la constante reiteración del elevado coste del despido. Todo esto mientras permanecía mudo cuando el sector financiero anunciaba la desaparición de unos 10.000 empleos, a la par que los salarios y remuneraciones de algunos de sus ejecutivos sonrojan al más pintado.

El fondo austriaco es como el Guadiana: aparece y desaparece en cuanto se habla de modificar la reforma laboral de Rajoy. Es el comodín del que todos echan mano cuando se quiere reducir el coste del despido sin asustar. Pero ningún otro país lo ha copiado a pesar de llevar 18 años aplicándose. ¡Por algo será!

Es un nuevo derecho del trabajador de ese país, concertado entre sindicatos, empresarios y gobierno, por el cual puede acumular a lo largo de su vida laboral el equivalente al salario de 9 días/año, con el límite de un   año de salario bruto, en su cuenta de ahorro personal, y que puede utilizarla para completar el desempleo, si lo necesita, o para complementar la jubilación. Lo paga la empresa (el 1’6% de sus  salario bruto) a una  cuenta que  gestionan empresas homologadas por la  administración y tienen una fiscalidad especial.

Al generalizarse a todos los trabajadores se eliminaba la norma que impedía percibir indemnización por despido a los empleados con menos de tres años de contrato, como recogía anteriormente la legislación de ese país. Todo ello lleva  como contrapartida una reducción de las cuantías  del despido del 30%.

El gobernador del Banco de España hace su propia interpretación y convierte la “mochila austriaca” en la fórmula para reducir el 50% del coste del despido para las empresas (seis días menos en el temporal, diez en el despido por causas económicas y 16’5 días en el despido improcedente). Elimina el carácter  disuasorio de la indemnización por despido y hace más vulnerables a los trabajadores con más  antigüedad, quienes,  al ser más barato su despido , pueden verse más  fácilmente  en la calle. De esta manera se busca que existan más posibilidades de mantener el empleo de los temporales y que, a su vez, cuando tengan una cierta antigüedad pasaran a ser despedidos.

Todo soportado con una aportación empresarial que no debe superar la actual, y con una financiación de 8.031 millones de euros procedentes de los fondos europeos para asegurar el funcionamiento en los cuatro primeros años.

Es decir, que  según esta propuesta, la  causa de la  dualidad laboral está  en el coste del despido. El fraude en las contrataciones, el exceso de tipos de contratos, la permisibilidad en su encadenamiento o el incumplimiento de su causalidad, no son motivos suficientes. Parece mentira que  con la  calidad intelectual del servicio de  estudios que tiene el Banco de España,  recurran  siempre en este tema a  argumentos más  antiguos  que  el hilo negro.

El modelo italiano, por ejemplo, del que nadie habla (Trattamento Fine Rapporto TFR) se basa en la percepción de una indemnización económica al finalizar la relación laboral cualquiera que sea la causa. Se toma como referencia de compensación el último salario del trabajador y los años de antigüedad, no pudiendo superar al equivalente a un año de trabajo. Se percibe por despido y como complemento de la jubilación desde el uno de enero de 2007, y en ningún caso interfiere los derechos al desempleo ni las cuantías de los despidos.

Las empresas aportan el 7’41% del salario bruto anual y aunque no hay cuenta de ahorro individual como en el sistema austriaco, las remesas para cubrirlo deben reflejarse en el balance y la cuenta de resultados de las empresas de menos de 50 trabajadores, mientras que las más grandes transfieren las cantidades al fondo de la Tesorería. Se aplica a todos los trabajadores, excepto a los funcionarios de todas las administraciones y los autónomos.

Al margen de las opiniones que cada uno tenga sobre  cómo superar la  actual dualidad del mercado de trabajo, no estaría  de más, tener en cuenta los informes que la propia administración ha hecho. Es el caso del informe del grupo de expertos de 13 de febrero de 2011 sobre la creación de un fondo de capitalización de los trabajadores, devenido de la Ley 35/2010 de la reforma laboral. De sus  conclusiones  se  deducen las  dificultades de  su creación, el enorme volumen de  recursos  que precisa,, el incremento de las  cotizaciones  empresariales  que  supone y la oposición, por  razones muy diferentes, de  empresarios y sindicatos.

El Banco de España es una institución solvente, por eso no debería jugar con su prestigio y su alta  cualificación en temas  tan sensibles para millones de personas, hartas de  escuchar  casi  siempre las mismas recetas.