En el chiste que ha inspirado el título, un padre explica a un niño la diferencia entre estos tres conceptos, si bien la tercera palabra empieza por “j” y no es publicable. En efecto, en la vida encontramos muchos ejemplos de cosas buenas, malas y destructivas. Por ejemplo, que las personas estudien, se esfuercen y consigan un título que les aporte un mayor reconocimiento social y laboral, eso es bueno. Que algunos políticos consigan ese mismo reconocimiento por medio del tráfico de influencias y la complicidad de sus redes clientelares, sin haber hecho ningún esfuerzo para merecerlo, eso es malo. Pero que su partido les apoye, les aplauda y les proteja, eso es destructivo.

Exactamente, lo que ha hecho el señor Rajoy: a pesar del cúmulo de evidencias de que la señora Cifuentes obtuvo su Máster fraudulentamente, su reacción ha sido quitarle importancia al problema y no obligarla a dimitir de su cargo. Tampoco hay que perderse la reacción de la señora De Cospedal, Secretaria General del PP, que afirma que, en momentos así, “hay que apoyar a los nuestros”. Ni al señor Martínez Majo, Presidente del PP de León, quien declara con soltura “vale, no tiene un máster, ¿cuál es el problema?”.

Una sociedad bien estructurada se protege de las acciones malas, bien por medio de las leyes y de los elementos coercitivos del Estado, como son la policía y la justicia, bien por el rechazo social que despiertan tales acciones, o bien por ambas cosas. El malo se ve así reprobado legal y socialmente por su comportamiento y aislado de las personas sanas. Ese castigo y ese rechazo social reparan el daño causado y sirven de freno a los que planean cometer acciones semejantes.

Pero cuando desde la cúpula misma del Gobierno y del poder se amparan los comportamientos corruptos, entonces tenemos un grave problema, porque lo que se está destruyendo es la esencia misma de la convivencia democrática. A partir de ese momento, ya todo es posible. Muchas personas podrían lanzarse por el mismo camino a sabiendas de que sus comportamientos serán tolerados socialmente. Las que no lo hacen verán que su esfuerzo queda devaluado, porque otros alcanzan los mismos fines sin esforzarse. Que las reglas sean las mismas para todos, es bueno. Que algunos decidan saltárselas, es malo. Que los que se las saltan se vean protegidos desde el poder, eso es demoledor para la sociedad.

El mensaje para los de su partido también es destructivo para la cohesión social: al parecer, han de consentir estas “minucias”, siempre que el afectado sea uno “de los nuestros”. Lo cual no impide que su condena deba ser implacable cuando el mismo comportamiento lo tengan “los otros”. Volvemos así a la tribu, a lo visceral, a la ausencia total de reglas. Para progresar en la vida, no sirven ya el esfuerzo ni la honradez, solo vale el estar en la red clientelar apropiada. Y por ese camino, nos deslizamos hacia el imperio de la mafia y hacia los estados fallidos como México. Porque, cuando las reglas del Estado no funcionan, la única alternativa son las mafias, es decir la ley del más fuerte.

No sé si los dirigentes del PP valoran el daño que están haciendo a la sociedad, porque el caso Cifuentes es tan solo uno más. También recibió amparo el señor Bárcenas, con su sueldo a cargo del PP durante más de un año, cuando ya estaba imputado –el famoso “finiquito en diferido en forma de simulación” con el que saltó a la fama la señora De Cospedal. Y lo recibió el señor Camps, ex-presidente de Valencia, y el de Baleares, señor Matas, y la Ministra Mato, con sus fiestas de payasos pagadas por la Gürtel, y el Ministro Soria con sus empresas en paraísos fiscales, y el ex-presidente de Murcia, señor Sánchez, y tantas otras personas del PP que luego fueron imputadas. De hecho, el apoyo de Rajoy a un dirigente del PP bajo sospecha es ya un clásico: se considera una premonición segura de que va a ser imputado al poco tiempo.

Todas estas personas se saltaron las reglas y las leyes que nos hemos dado. Pero el amparo que han recibido del PP ha hecho mucho más daño a la sociedad que todos los millones que ellos hayan podido llevarse. La protección de la corrupción desde la misma cúpula del partido y del Gobierno es corrosiva para la convivencia: lanza el mensaje de que todo vale y que el delito es impune. No olvidemos tampoco que los dirigentes políticos tienen mucha visibilidad y se convierten en modelos para el resto de la sociedad, especialmente para los jóvenes, que están todavía formándose una idea del mundo en que viven. Y si ya es malo el modelo de los que roban, estafan, o mienten desde sus puestos de poder, peor aún es el modelo de los que quitan importancia a esos comportamientos y protegen a sus protagonistas de que asuman la responsabilidad de sus actos ante la sociedad, o ante la justicia.

La sociedad española ha sido demasiado permisiva con los comportamientos corruptos. Seguramente los cuarenta años de dictadura, y no lo olvidemos, de extrema corrupción llevada a cabo por las élites del franquismo, ha dejado una profunda huella. Los ciudadanos parecen haber asimilado como inevitable que poder y corrupción van siempre unidos, y que por tanto es inútil esperar otra cosa. Por eso, a pesar de las innumerables pruebas de corrupción, y sobre todo de amparo de la misma, dadas por el PP, todavía en las últimas elecciones este partido conservaba siete millones de votantes. De hecho, fue el partido más votado.

Sin embargo, otras sociedades, como por ejemplo las nórdicas o la alemana, lo han conseguido. No solo los corruptos no reciben amparo ni justificación desde el poder, sino que la sociedad reprueba  de forma mayoritaria esos comportamientos. Nadie entendería en Alemania que la señora Cifuentes siguiera hoy en su puesto tras lo que ya hemos conocido. Por eso, la mejor presión que puede hacerse para que al menos acabe la protección de la corrupción que se practica desde las cúpulas de algunos partidos, es la que pueden ejercer los ciudadanos con su voto. De hecho, esa presión ya ha empezado a funcionar en el tema Cifuentes: el giro dado por Ciudadanos, desde darle a la todavía Presidenta el balón de oxígeno de una comisión de investigación, a exigir su dimisión y su sustitución por otro dirigente popular, ha sido consecuencia de la gran indignación popular que ha despertado el tema.

A la luz de estas consideraciones, resulta sencillo responder a la pregunta “vale, no tiene un máster, ¿cuál es el problema?” del señor Martínez Majo. ¿Cuál es el problema?: el problema es usted señor Martínez, y las personas como usted, que creen tener derecho a disponer de un conjunto de reglas distintas a las del común de los mortales.