Se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (en adelante, PGE-23), presentada recientemente por el Gobierno. Por encima de las innumerables cifras de las que consta un presupuesto, conviene que nos formemos una imagen precisa de sus orientaciones básicas, para así poder juzgar si responde o no a la idea que cada ciudadano tiene de lo que deberían ser las prioridades en un momento como el actual.

En primer lugar, se trata de unos presupuestos ligeramente expansivos con respecto a los de 2021 —los gastos crecen nominalmente un 7,6%— pero, a la vez, no contribuyen a desequilibrar las cuentas del Estado, sino más bien al contrario: se estima que el déficit público pasará del 6,9% del PIB en 2021, al 5% en 2022 y al 3,9% en 2023; la deuda pública pasará del 118,3% en 2021, al 113,6% en 2022 y al 112,1% en 2023 (estas dos últimas cifras son previsiones del FMI); el PIB crecerá un 4,4% en términos reales en 2022 y un 2,7% adicional en 2023.

En segundo lugar, son unos presupuestos con una gran componente social. Su objetivo es paliar en lo posible los efectos de la alta inflación, consecuencia de la guerra que “le han hecho” a Ucrania y de paso a Europa, y ayudar a los colectivos con más dificultades. Siguen algunos ejemplos:

  • las pensiones subirán en torno al 8,5%, la inflación media estimada para 2022; en este caso, el Gobierno sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por ley
  • las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias esenciales de sanidad y educación, ven incrementadas sus transferencias en un 24%
  • adicionalmente, las partidas de la administración central para sanidad y educación, aumentan en un 7% y en ellas se incluye un fondo finalista de 600 millones cedido a las CCAA para reforzar la atención primaria
  • partidas para jóvenes por 12.700 millones —un crecimiento del 12,5%— que incluyen 2.600 millones en becas, ayudas al alquiler de vivienda y un bono cultural
  • un incremento de sueldo de los empleados públicos del 1,5% en 2022, adicional a la subida de enero, y del 2,5% en 2023, dando un acumulado del 4,04% sobre los sueldos actuales
  • una partida para luchar contra la despoblación de 4.400 millones, con un incremento del 9,8%
  • una partida de 3.500 millones para atender a la dependencia, con un incremento del 152%

En esta misma línea, se mantienen algunos de los sucesivos paquetes anticrisis que se han ido aprobando en las últimas semanas, tales como la rebaja del IVA de la electricidad y del gas, las rebajas del IRPF a las rentas inferiores a 21.000 € anuales y la gratuidad de los transportes públicos.

En tercer lugar, se continua la senda de transformar nuestra economía para adaptarla a la transición energética y a la digitalización. En esa dirección, la inversión pública alcanza un récord de 24.900 millones —que suben a 46.200, si se incluyen los organismos autónomos— y la inversión en I+D llega hasta los 16.300 millones, con un incremento del 22,8%.

La derecha considera excesivo este incremento de gasto y acusa al Gobierno de despilfarro. Pero, como se ha dicho, este aumento no desequilibrará las cuentas públicas por la razón de que también se ha producido, y se producirá en 2023, un incremento paralelo de ingresos: a pesar de las reducciones selectivas del IRPF y del IVA, estos tributos recaudarán en 2023, respectivamente, un 7,7% y un 5,9% más; sociedades recaudará un 7,7% más; y las cotizaciones sociales se incrementarán en un 9,7%.

La causa principal de estos incrementos hay que buscarla en el mejor comportamiento de la economía. Por un lado, hay más empleo que hace un año —concretamente, 800.000 empleos más, según la EPA— y también de mejor calidad, gracias a la reforma laboral. Eso, a la vez, hace disminuir las prestaciones por desempleo. Por otro lado, ha subido el salario mínimo y —un dato reciente muy relevante— se estima que han aflorado 285.000 empleos desde la economía sumergida. Las ayudas a las empresas desplegadas durante la pandemia, los ERTE, han hecho que muchas de ellas y muchos autónomos hayan legalizado su situación para acceder a utilizarlas y poder resistir así la crisis. También se prevén nuevos ingresos procedentes de los recientes impuestos aprobados a las empresas energéticas, a los bancos y a las grandes fortunas. Finalmente, la inflación hará que los impuestos indirectos ligados al precio de los productos, como el IVA, también recauden más.

En resumen, a nadie puede molestar que el Estado gaste más cuando ingresa más y cuando dicho gasto no aumenta ni el déficit ni la deuda. Sobre todo, si el incremento es para ayudar a los más desfavorecidos a soportar la crisis, o para mejorar los servicios públicos o para modernizar la economía. Los que critican el supuesto excesivo gasto, deberían acompañar la crítica con una lista de las partidas que, a su juicio, serían innecesarias. Si no es así, sus críticas serán meramente retóricas.