En un reciente editorial de Temas para el debate sobre las “Reformas institucionales” se indicaba que con la llegada de la pandemia algunas políticas públicas tradicionalmente consideradas como sectoriales habían visto elevada su consideración hasta convertirse en políticas prioritarias. Si entonces tal afirmación se refería, entre otros aspectos, a la sanidad, por el impacto directo que aquella tiene sobre la vida y la
alud de los ciudadanos, la experiencia del último trimestre del pasado curso y el inicio del actual han colocado a la educación en el centro del debate social; un debate que ha rebasado las fronteras de cada país y ha hecho que los principales organismos internacionales llamen la atención sobre las repercusiones de la epidemia en los sistemas educativos, y sobre la necesidad de que las autoridades nacionales hagan de la educación una prioridad en sus agendas políticas. El informe La educación en tiempos de Covid-19 y más allá, presentado a principios de agosto por António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, recordaba que todavía a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países y dicho cierre afectaba a más de 1.000 millones de estudiantes. Por su parte, los expertos de UNESCO fijaban en 24 millones los alumnos que podrían abandonar sus estudios como consecuencia de la epidemia, en lo que ya se considera el trastorno más grave registrado en toda la historia de la educación; una catástrofe que podría afectar a más de una generación de estudiantes.

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