El 28 de febrero del pasado año se aprobaba la Ley 3/2023, de Empleo. Una Ley que representa un cambio cualitativo en cuanto a la concepción de las políticas activas de empleo, la protección por desempleo y el nuevo funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo.

El desarrollo de esta ley, una vez finalizado el proceso electoral que ha alumbrado el actual gobierno, es una prioridad política por cuanto la ley establece unas nuevas bases, de particular relevancia las referidas al establecimiento de un Catálogo de Servicios garantizados, tanto para personas trabajadoras como para empresas, que representa un avance cualitativo sin precedentes en España, sobre el que tendremos ocasión de profundizar próximamente.

La Ley de Empleo constituye un hito (335) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Refuerza la cohesión y mejora de la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo, con una configuración más amplia, eficiente e inclusiva.

La experiencia de la pandemia en la que a través del diálogo social y del trabajo de excelencia del Servicio Púbico de Empleo Estatal (SEPE), nunca suficientemente reconocido, logró desplegar, en un tiempo récord, el mayor escudo social a través de los ERTE, que permitió proteger a más de 3,5 millones de personas trabajadoras, mediante este mecanismo y a más de 600.000 empresas, factor este que explica, en buena parte, la inmediata recuperación del empleo en la postpandemia, debería guiarnos a la hora de desplegar el inmenso potencial de la Ley de Empleo.

La creación de la Agencia Española de Empleo, prevista en la ley, debe convertirse en la prioridad instrumental que haga posible un liderazgo compartido propio del tiempo que vivimos y de los nuevos retos de las políticas de empleo. La Agencia es el marco óptimo para abordar los desafíos en materia organizativa, tecnológica y de gestión.

Una estructura moderna y flexible, digitalizada, con una relación de puestos de trabajo reforzada y un sistema de gobernanza sólido acorde a las necesidades de esta tercera década ya del siglo XXI, permitirá, sin duda, liderar con fortaleza un Sistema Nacional de Empleo clave para el desarrollo de los nuevos derechos contemplados en la Ley de Empleo.

Los servicios garantizados previstos en la ley, permitirán una atención personalizada a personas trabajadoras y a empresas, poniéndolas en el centro de las prioridades del Sistema Nacional de Empleo. La consolidación de la red de Centros de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo, creada gracias al Plan de Recuperación, debe fortalecerse con la incorporación definitiva y estable de los orientadores y orientadoras profesionales del Sistema Nacional de Empleo sobre quienes descansa la atención personalizada y el acompañamiento a trabajadores y trabajadoras y a empresas.

La implicación activa de las empresas en la dinámica del Sistema Nacional de Empleo, la extensión de las buenas prácticas identificadas en programas de empleo especializados que se están desarrollando a través de los fondos Next Generation y del Fondo Social Europeo, que aportan una visión innovadora y están dando una respuesta adecuada a las necesidades específicas de personas en situación de vulnerabilidad ante el empleo, por diversas circunstancias y condiciones, y que constatan que, lejos de la obsoleta consideración de la protección social como elemento desincentivador del empleo, bien al contrario, se puede ya concluir, a través de estas experiencias innovadoras, que el apoyo económico posibilita e incentiva la participación en los programas de empleo que favorecen la empleabilidad de estas personas en dificultades.

La necesaria reforma normativa de la formación para el trabajo, la creación de un nuevo marco normativo dirigido a las personas con discapacidad, tras el formidable Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, que junto al refuerzo del empleo protegido abra el camino para la incorporación generalizada de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Un nuevo Plan de Choque de Empleo Joven, alineado con el Plan Nacional de Garantía Juvenil 2021-2026 por el Trabajo digno para las personas jóvenes, y de manera muy especial un Plan de Empleo dirigido a las personas en paro de larga duración, son retos ineludibles que se deben fundamentar en el diálogo social y la concertación territorial, teniendo en cuenta el modelo de competencias en esta materia.

La igualdad de género, como objetivo tanto transversal como especifico de las nuevas políticas de empleo, y también en ello situando en el centro el liderazgo de la Agencia Española de Empleo, siguiendo la estela iniciada por el SEPE en el conjunto del sistema Nacional de Empleo a través del Plan de Transversalización de Igualdad, mediante el cual se analiza y evalúa el impacto de género, de proceso y de resultado de las políticas activas de empleo.

Son muchos los retos que debe afrontar la nueva Agencia, por lo que su creación ágil es la oportunidad para ello como impulsora de los mismos.

Las personas trabajadoras, de manera muy especial las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como las empresas, tanto en su calidad de espacios productivos generadores de empleo, como en la de receptoras de los servicios garantizados de los Servicios Públicos de Empleo, merecen la prioridad política y la atención de los interlocutores sociales que haga posible el gran objetivo compartido de mejora de la empleabilidad y seguridad de las personas trabajadoras y se constituya en un factor de calidad para las empresas. Sin los medios adecuados no se podrán alcanzar los objetivos propuestos, ni exigir los resultados debidos.