Los impuestos que pagan los ciudadanos tienen que ver con el modelo de sociedad y de democracia en el que quieren vivir. Es decir, primero decidimos en qué tipo de sociedad y de democracia queremos vivir y según la elección habrá que pagar más o menos impuestos.

Es importante tener esto presente, porque los españoles, a través de la Constitución, decidimos vivir en una sociedad donde, como señala el artículo 31.1, “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Con esta definición, los españoles decidimos el tipo de fiscalidad que queríamos para tener crecimiento y prosperidad, reducir la desigualdad y garantizar recursos públicos para hacer efectivos los derechos humanos en la vida diaria de las personas. Eso fue lo que decidimos, pero desgraciadamente la realidad es otra. Y no pagan más impuestos quienes más tienen.

Hay que decirlo con claridad. El PP está incumpliendo el artículo 31.1 de la Constitución, al realizar políticas que hacen que los más ricos no contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

¿Sabías que casi 500 personas, con una fortuna superior a 30 millones de euros, y otros 3.700 millonarios, que tienen entre 6 y 30 millones de euros, no pagan impuesto de patrimonio porque viven en la Comunidad de Madrid y el PP lo tiene bonificado al cien por cien?

¿Sabías que este regalo impositivo a los más ricos supone dejar de recaudar cada año 990 millones de euros a las arcas de la Comunidad de Madrid, que cerró el cuarto trimestre de 2021 con una deuda pública de 34.409 millones de euros, el 14,8 por ciento del PIB, y un déficit de 735 millones, según datos del Banco de España?

Esta injusticia impositiva, que debilita la democracia y los servicios públicos y donde el PP es el valedor de que los ricos, es percibida con claridad por los españoles, que creen que los impuestos no se cobran con justicia y no paga más quienes más tienen.

Concretamente, un 81,4 por ciento de los españoles cree que los impuestos no se cobran con justicia y no paga más quienes más tienen, según la encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal del CIS, del mes de julio de 2021.

¿Sabías que en España de los 724 contribuyentes que declararon en 2020 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 250, el 34,4 por ciento del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio, por no residir en Madrid, y que ahora con la bonificación del impuesto en otras comunidades gobernadas por el PP serán muchos menos?

¿Sabías que de los 7.421 ciudadanos que declararon entre 6 y 30 millones, solo 3.753, es decir, poco más del 50 por ciento, pagaron el impuesto de patrimonio, y que ahora con la bonificación del impuesto en otras comunidades gobernadas por el PP serán muchos menos?

El impuesto de patrimonio, cuya gestión la tienen las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros.  Es un impuesto que desarrolla lo que dice el artículo 31.1 de la Constitución: “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.

Por tanto, hay que terminar con estos privilegios que da el PP a los más ricos, y armonizar el impuesto en toda España, para acabar con esta insolidaria carrera entre las comunidades del PP para ver quien se convierte antes en una especie de paraíso fiscal para ricos, donde se dejan de recaudar miles de millones de euros, mientras a la vez se piden más recursos al gobierno de la nación

En España, según los datos de la Agencia Tributaria, existe una gran diferencia a la hora de pagar el impuesto de patrimonio entre los ultra ricos y el resto de los tramos más acaudalados.

Así, de los más de 147.000 declarantes que dijeron tener entre 300.000 y 1,5 millones de euros pagaron el impuesto el 94 por ciento de los casos. Los que cuentan con un patrimonio entre 1,5 millones y 6 millones de euros, unas 58.600 personas, lo abonaron el 80 por ciento. Los que tiene entre 6 y 30 millones, pagaron el impuesto poco más de la mitad. Y de los que tienen más de 30 millones, solo el 34,4 por ciento. Es decir, en España, en 2020 hubo 218.991 declarantes, de los que pagaron el tributo algo más de 189.000, el 87 por ciento del total, pero con notables diferencias según se van acumulando más millones.

España necesita abordar una reforma de su fiscalidad para que sea justa, pague más quien más tiene, se persiga el fraude fiscal y se explique a los ciudadanos adecuadamente la finalidad y la utilización de los impuestos, dentro de un nuevo contrato social para el siglo XXI, donde conseguir un aumento de la prosperidad, de la igualdad y del bienestar de la población.

Esto hará posible contar con una recaudación permanente y adecuada, que posibilite unos servicios públicos de calidad para toda la población. Y en ese camino, sería bueno desarrollar también una cultura de protección de lo público, una mayor información sobre lo que suponen los impuestos y quien y cuánto paga, y una persecución eficaz del fraude.

Este es el camino.