Europa ha puesto en marcha un ambicioso programa de recuperación: el Next Generation EU (NGEU). Sus áreas prioritarias son claras: el avance digital, la transición ecológica y energética, apuntalar el sistema sanitario y, en fin, la recuperación económica. Los recursos: 750 mil millones de euros (entre 2021 y 2023): poco más del 5% del PIB de la Unión Europea. El esfuerzo es ingente; cabe advertir, sin embargo, que no llega al que está realizando la administración norteamericana. Pero la senda es importante y debería ser una buena hoja ruta en política económica.

Si concretamos más, el ámbito de la digitalización es capital: accesos a internet, expansión de 5G, adiestramiento de mano de obra para las nuevas tecnologías, avance de éstas en esferas importantes como el big data, la digitalización del sector público y el desarrollo de esa digitalización especialmente en las pymes. En todos estos aspectos, España ha realizado un progreso rápido en la economía y la sociedad digitales, según el Índice DESI de la Comisión Europea (con cinco aspectos: conectividad, capital humano, uso de servicios en internet e integración de la tecnología digital en empresas y servicios públicos). Pero existen problemas en el capital humano: más del 40% de la población española no tiene competencias digitales básicas, mientras un 8% nunca ha utilizado internet. Estos escollos no son solo de la economía española. Alemania se encuentra por debajo de la media europea en digitalización del sector público, mientras España y Finlandia se ubican en la cabecera de los países. Para España, una de las áreas en las que urgen cambios relevantes en cuanto a la capacitación del factor trabajo y de las empresas es el turismo. Las economías regionales van a jugar, por tanto, un papel esencial en la administración de los fondos canalizados hacia esa finalidad.

El gobierno español ha presentado, en el campo digital, planes básicos: Digitalización de pymes (8.750M €), para digitalizar 1,5 millones de pymes y mejorar competencias digitales; Conectividad (4.300M €), para extender la banda ancha e impulsar el 5G; Digitalización del sector público (2.600M €), con aplicaciones directas a justicia y sanidad; Inteligencia artificial (600M €), para fomentar la investigación científica y la innovación. Un total de 16.250M € en inversión pública. Esto va a representar el 1,2% del PIB de 2019, año en que el peso de la inversión, excluyendo la vivienda residencial, fue de casi el 11% del PIB. Estamos hablando, por tanto, de una cifra muy considerable.

El efecto multiplicador de esto será de impresión: cerca de 26 mil millones € de inversión privada, lo que puede representar un empuje innegable a la recuperación económica y, sobre todo, a la vertiente de transformación digital, en un contexto de la revolución industrial 4.0 (los datos de este artículo se han extraídos de los materiales siguientes: https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/ngeu-impulso-digitalizacion-muy-oportuno?index; y: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf).