La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, organizada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF (1978), marcó un hito en la historia de la salud pública.

Se esperaba que la “Atención Primaria de Salud” fuese la estrategia para el cumplimiento de la meta social de “Salud Para Todos”, aprobada por los países miembros de la OMS en 1976. Actualmente se la denomina en términos de “Cuidado integral de la salud para todos y por todos”. Lleva de sí que la salud sea entendida como una vida saludable y no sólo como la ausencia de enfermedad, de tal suerte que es planteada no sólo como un derecho universal reconocido sino también como un deber y una responsabilidad para la sociedad en su conjunto, desde las personas, a las unidades familiares y los hogares, hasta los centros educativos y de investigación.

El objetivo prioritario de la Atención Primaria de Salud es cómo alcanzar la prolongación de la vida de los ciudadanos, medida tanto en más años de vida, como en las mejores condiciones de salud, bienestar y dicha. Y ello sólo es posible a partir de la promoción de políticas públicas en diversos ámbitos, sectores e instituciones, en la idea de que el propósito del desarrollo económico no es la búsqueda del incremento del Producto Interior Bruto de los Estados, sino alcanzar cotas de mayor felicidad entre la población, sin exclusiones de ningún tipo. Es por ello que los valores que deben regir en materia de salud son los propios de la bioética, que se concretan en el de no maledicencia, beneficencia, autonomía, justicia e igualdad.

Desde mi punto de vista, tres son las grandes revoluciones en medicina en el siglo XXI: la genética, la neurociencia y la robótica. En cuanto a la genética su finalidad científica y social es la formalización de una medicina, preventiva, personalizada   y regenerativa. Por su parte, la neurociencia permitirá conocer las bases científicas de la mente humana, comprender y tratar con procedimientos inéditos patologías neurológicas y mentales hoy en día incurables. Por último, respecto a la robótica en contextos médicos destacan por sus potencialidades: las aplicaciones en cirugía robótica o de telepresencia, los robots asistenciales (hospitalarios, domiciliarios para atender a personas enfermas o con discapacidades o en investigación), las prótesis y órtosis y la nanomedicina.

Como vemos las próximas décadas van a estar salpicadas por extraordinarios logros en medicina, de ahí la importancia de las decisiones política que se adopten, puesta la mirada en una adecuada planificación de futuro, específicamente, desde las políticas sanitarias. Es, preceptivo, involucrar a la sociedad internacional en su conjunto sobre las posibilidades y derivaciones de los avances previsibles y para ello es pieza indispensable articular cuantos mecanismos democráticos de toma de decisiones sean necesarios que permitan a la sociedad en su conjunto consensuar las líneas por las cuáles avanzar y cuáles no traspasar. Para ello hemos de tener claro la naturaleza de la sociedad que deseamos para las próximas generaciones, pues junto a las grandes bondades que se perfilan, son también muchas las sombras, por ejemplo, si se hace uso de estas técnicas con fines discriminatorios y en entornos no médicos.

En el caso de la neurociencia, el científico español Rafael Yuste, da un paso adelante y plantea la necesidad de añadir cinco nuevos derechos humanos (neuroderechos) a la Declaración Universal de Derechos Humanos, para garantizar que esta gran revolución que supondrá el conocimiento del cerebro humano beneficie a la humanidad en su conjunto. No en vano inadecuadamente utilizada la información que se vaya obteniendo podría emplearse para descifrar e intervenir sobre los procesos mentales de los seres humanos.

Otro de los dilemas subyacentes a esta triple revolución en medicina que está en marcha es si los progresos que vayan sucediéndose repercutirán sobre todos los seres humanos, independientemente de su posición social y económica, o estarán tan sólo al alcance de los ricos y poderosos.

Abogamos por una ética de la salud pública centrada en el diseño y aplicación de medidas para la vigilancia y mejora de la salud de las poblaciones. Una ética de la salud pública que considere las condiciones estructurales que promueven o dificultan el desarrollo de sociedades sanas (pobreza, exclusión social, hábitos sociales no saludables, estilos de vida, sanidad universal…). Sirva de ejemplo que la esperanza media de vida de las personas “sin hogar” de un país desarrollado como el nuestro es de veinticinco años menos que la de un hombre o una mujer integrados socialmente.

Así las cosas, las cuestiones básicas que una ética de la salud pública ha contemplar son las siguientes: abogar por la igualdad en el estado de salud de la población y en su acceso a la atención y a los beneficios de la investigación médica; impulsar su salud en todas sus dimensiones (estando alertas a estilos de vida como fumar, seguir dietas alimenticias poco equilibradas o no practicar ejercicio…) y promover políticas sanitarias que fomenten la participación, la transparencia y la responsabilidad….

Y todo lo anterior, puesta la mirada en el derecho a una salud universal, que en sí mismo es un concepto polimórfico, en las tres categorías que lo definen: derecho, salud y universal. Según la Organización Mundial de la Salud implica que todas las personas accedan a los servicios de salud de calidad que necesiten, diversificados en cinco ámbitos: acceso a profesionales sanitarios con buena formación, a tratamientos seguros, a medicamentos y vacunas y acceso cuándo y dónde lo necesiten y sin tener que vencer dificultades económicas.

En nuestro país el derecho a una salud universal se abordó a través de la cartera de servicios sanitarios, cuyo propósito es prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar, curar enfermedades y mejorar la esperanza de vida. A pesar de disponer de una de las sanidades públicas mejores del mundo, en los últimos años, a pesar de los esfuerzos del último año y medio, hemos asistido a retrocesos (recordemos que las competencias están descentralizadas), que estamos seguros pueden revertirse por el bien común y por el de aquellos que por el azar de la vida han nacido donde lo han hecho y no pueden disfrutar plenamente de una ciudadanía plena.