Circulando el otro día por una calle de Madrid, desde el coche, pude observar como dos o tres jóvenes iban corriendo por la carretera y la acera a tal velocidad, que no dudaban en llevarse por delante a cualquier persona que se interpusiera en su camino. Al poco tiempo, tras ellos, iba un grupo bastante numeroso con todo tipo de objetos y no muy buenas intenciones. Torcí en una de las calles, y no sé como acabó la persecución, aunque creo que no les llegarían a coger, porque de lo contrario muy probablemente el resultado hubiera salido en las noticias.

Esta escena, u otras escenas parecidas, ya sean batallan campales en fiestas patronales, o apuñalamientos que en alguna ocasión han acabado con muertes, generan un clima de intranquilidad y miedo que no sale en las estadísticas, y que deteriora gravemente la convivencia y el día a día de muchas zonas de Madrid y de otras ciudades.

Es cierto que los niveles de seguridad en España y en Madrid son grandes. Pero también, es cierto que cada vez hay más ciudadanos intranquilos y con miedo en sus rutinas cotidianas, a los que las administraciones deben  prestar más atención.

Una atención, preventiva y real para evitar que se enquisten los problemas. Una atención, que ponga al ciudadano en el centro de las políticas. Una atención, que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid llevan mucho tiempo sin dar. ¿Exageración? No creo. Pero por si acaso, a continuación voy a mostrar un ejemplo.

El 20 de junio del año 2005, escribí una tribuna en el diario EL PAIS titulada: Contra las bandas: policía, prevención e inversión”. Han pasado catorce años y la pregunta es ¿Sigue vigente este artículo en el año 2019? Juzguen ustedes.

Contra las bandas: policía, prevención e inversión.”

“En los últimos años, en algunas ciudades españolas, y especialmente en Madrid, ha surgido una nueva forma de violencia organizada protagonizada por grupos de jóvenes que, bajo la denominación de Latin Kings, Ñetas y Maras Salvatruchas, están causando graves incidentes que generan violencia, muerte y, sobre todo, alarma social entre los ciudadanos. Ante esta situación de inseguridad, miedo, incertidumbre y hartazgo, desde los poderes públicos hay que garantizar el ejercicio cotidiano de nuestras libertades, lo que exige más presencia policial, pero también, y sobre todo, combatir las causas de este conflicto social.

 La ocupación de espacios públicos donde amedrentan al resto de usuarios. Los robos con violencia y de objetos de moda. Las agresiones que tienen por motivo la consideración de un espacio de la ciudad como propio, su territorio. La cada vez más extendida «extorsión» a niños y jóvenes por la utilización de instalaciones deportivas. Las luchas con bandas rivales. Las agresiones en el entorno escolar que generan una grave intranquilidad a padres, profesores y alumnos. Los estados de embriaguez, donde se generalizan las peleas. La violencia ejercida hacia miembros de la propia banda cuando éstos deciden dejar la organización. Es una realidad que muchos madrileños viven día a día y que les lleva a solicitar más seguridad y respeto de las normas básicas de convivencia. Es una realidad que las administraciones públicas deben conocer y combatir para que exista convivencia y seguridad. No caben declaraciones grandilocuentes, ni promesas incumplidas año tras año, sólo es posible una actuación pública coordinada, porque de no ser así, un problema de convivencia se puede transformar en un polvorín de tensión que, aprovechado por grupos racistas, xenófobos y fascistas, prenda la mecha del odio y la intolerancia.

 Según algunos expertos, sólo en Madrid se calcula que pueden existir más de 500 jóvenes, entre 14 y 23 años, pertenecientes a estas bandas. Su estructura es piramidal, con un líder supremo, llamado Rey y, a su alrededor, un número indeterminado de lugartenientes que transmiten sus órdenes y se encargan de hacerlas cumplir. Para formar parte, los aspirantes que son elegidos han de cumplir una serie de requisitos muy precisos: deben profesar obediencia ciega a sus superiores, guardar fidelidad incondicional al líder, consagrarse de forma prácticamente exclusiva al grupo, usar símbolos que les identifican como miembros de la banda y actuar en un territorio bien delimitado (plaza, calles, parque, etcétera) que consideran suyo. Es verdad que cuantitativamente son una minoría, pero no es menos cierto que sus acciones generan una quiebra de la convivencia difícilmente soportable para los ciudadanos.

 ¿Sabemos lo que siente un niño cuando es amenazado y agredido en un parque o en el colegio? ¿Somos conscientes de la intranquilidad y las posibles reacciones de unos vecinos que tienen miedo? ¿Podemos consentir el secuestro de derechos fundamentales en determinados lugares y a determinadas horas? ¿Alguien se ha preguntado por qué ingresan en las bandas? ¿Qué sucede con estos adolescentes escolarmente fracasados, sin trabajo ni posibilidades de integración a la vista? ¿Proceden de familias inmigrantes desestructuradas? ¿De un ambiente económico y socialmente hostil? ¿Son el claro ejemplo del fracaso de unos servicios sociales municipales y autonómicos escasos y precarios? Muchas son las preguntas y para resolverlas es urgente realizar un diagnóstico de lo que sucede y por qué sucede, para invertir en prevención y tratamiento de las causas. Unas causas que son múltiples (económicas, sociales, familiares, educativas…) y unas soluciones que tienen que venir dadas desde políticas públicas realizadas por todas las administraciones. Pero, especialmente, en Madrid, donde nueve distritos están por debajo de la renta media de la ciudad y donde la emigración se concentra en determinadas zonas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento tienen que invertir en dotaciones, equipamientos y servicios sociales en barrios que durante muchos años han abandonado a su suerte.

 Hay un clima de intranquilidad que va en aumento, y que ha derivado en un deterioro grave de la convivencia. Para afrontar esta situación social y delincuencial hay que limitar la expansión de estas bandas y dar la voz de alerta a unas instituciones, que son las primeras que deben tomar cartas en el asunto, no minimizando este fenómeno que cada día va incrementándose. Es urgente impulsar, entre todas las administraciones, un Pacto Cívico por la Seguridad y la Convivencia, que, con la participación del tejido asociativo, desarrolle acciones policiales, preventivas y judiciales.

 Acciones policiales:

– Mayor presencia policial en las calles e incremento del número de policías, con el objetivo de paliar las deficiencias y mejorar la calidad del servicio que se presta al ciudadano.

– Un programa de seguridad ciudadana por distrito, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos y desarrollando una coordinación real entre los diferentes cuerpos policiales. Hay que acabar con la desigualdad en materia de seguridad que existe entre distintas zonas de Madrid.

– Un plan de actuación contra estas bandas, con zonas de actuación preferentes para acabar con su impunidad tanto en el espacio público como en los centros educativos. En esta labor hay que incorporar de manera efectiva a la Policía Municipal.

 Acciones preventivas:

– Planes integrales en los 21 distritos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Estos planes, realizados con la colaboración de los ciudadanos, tienen que contar con programas de regeneración urbana, de desarrollo local, movilidad, equipamientos, mejora del medio ambiente urbano e integración social.

– Plan de inversiones, con el fin de dotar a la ciudad, y especialmente a las zonas con menor renta, de una red básica de profesionales y equipamientos sociales. Es necesario la implantación de un trabajador social de zona por cada 3.000 habitantes, como profesional de referencia del sistema público municipal de servicios sociales para toda la ciudadanía, para facilitar un tratamiento social personalizado, familiar y grupal.

– Diseñar un mapa de riesgo social con planes concretos (prevención de la marginalidad, educadores de calle y de familia que localicen y se desplacen al lugar donde se está produciendo el riesgo, acción educativa y compensatoria en aquellos jóvenes en riesgo social dentro de los centros educativos).

– Un programa efectivo de integración social de los inmigrantes que potencie el reconocimiento de todos sus derechos, que desarrolle medidas que prevengan la marginación social, que promueva la atención integral y normalizada de los inmigrantes y que desarrolle la convivencia intercultural, la tolerancia y la solidaridad.

– Crear un Servicio Municipal de Atención a la Víctima (SAV) en cada uno de los distritos, para garantizar la prestación de servicios de apoyo y asistencia a las víctimas de delitos, como han hecho otros ayuntamientos, como Alcobendas o Fuenlabrada.

 Acciones judiciales:

– Implicando a la judicatura en la prevención de conductas asociales producidas por jóvenes inmigrantes, todo ello a través de la Fiscalía de Menores.

– Dando prioridad a la acción de la justicia, a través de la fiscalía, para el esclarecimiento de los delitos cometidos por estos grupos.

 Madrid es una ciudad abierta, donde la seguridad es la garantía que tenemos todos los ciudadanos al libre y pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades. Esta garantía deben proporcionarla las administraciones públicas, dotando de medios y personal suficiente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sin ningún tipo de complejo. Pero la inseguridad no es sólo un problema policial, necesita políticas sociales, que aborden las causas de la inseguridad y articulen la actuación integral de diferentes servicios públicos. Una ciudad integradora y cohesionada socialmente es una ciudad que pone el acento en la prevención de la delincuencia. Por este motivo, es preciso trabajar en prevención, reinserción y concienciación social, lo que supone necesariamente incentivar las políticas educativas, formativas, culturales, urbanísticas frente a la exclusión social. Se necesitan menos declaraciones y más compromisos presupuestarios claros y específicos que eviten la marginalidad y favorezcan la integración.” DIARIO EL PAIS.20/06/2005