Según el DRAE, una blasfemia es una «Palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado», es decir contra alguien o algo de origen divino o sobrenatural, según nos aclara otra entrada de ese DRAE.

No es fácil saber cuánto se sentirá ofendido alguien o algo de origen divino o sobrenatural cuando se profiere una blasfemia. Mucho más fácil es saber cuánto se sienten ofendidos los fieles y seguidores de esos seres divinos ya que, muchos de ellos, suelen castigar hasta con la muerte a los blasfemos. No hace falta citar ejemplos de ello, pero, incluso en España, hasta no hace mucho tiempo, era delito blasfemar.

La blasfemia también puede alcanzar a cualquiera, o a cualquier cosa, cuando la palabra o expresión alcanza la categoría de grave según el mismo DRAE. Y, ahí, quiero engarzar la decisión del Parlament de reprobar al Rey de España y pedir la abolición de la Monarquía. Se trata de una iniciativa política sin ninguna trascendencia real, en ninguna de sus dos acepciones, ni de realeza ni de realidad, pero que ha ocasionado la reacción inmediata del Gobierno de España anunciando la adopción de «medidas legales a su alcance para impedir siempre aquellas actuaciones que socaven la posición constitucional de todas y cada una de las instituciones del Estado«. Como ahora se suele decir, «como no podía ser de otra manera».

Oí hace poco a un importante sociólogo español lamentarse de la deriva que puede estar tomando el debate político entre nosotros. Si se utiliza la sede parlamentaria para iniciar un conflicto político, porque alguien es acusada de palmera o se pone en marcha una campaña electoral a las puertas de un prostíbulo, estaremos propiciando el alimentar las filas de los que pueden estar preguntándose si la democracia es esto y renunciando a ella si la respuesta es positiva.

Ahora, el Gobierno de España necesita los votos de los correligionarios de esos «blasfemos» del Parlament para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con muy buena pinta ya que, en sus líneas generales contienen medidas de contenido social que van a favorecer a una gran parte de la población española. Hay que entender que, como siempre, otra parte de esa población no se sienta tan favorecida e, incluso, se pueda ver perjudicada. Por eso, los que estamos del lado de esos presuntos favorecidos, y el Gobierno entre ellos, tendremos que sopesar cuanto nos ha podido ofender el Parlament y si esa «cantidad de ofensa» puede llegar a superar nuestra necesidad de «votos blasfemos». Una vez más, Weber deberá iluminarnos, sobre todo al Gobierno, en su balance entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

Ladrar a la luna puede parecer tan útil como reprobar al Rey de España en el Parlament y, ya veremos, si tan punible como pisar o quemar retratos de ese mismo Rey. Y, sin embargo, los promotores de esa iniciativa parlamentaria seguro que le encuentran alguna utilidad, razón por la cual la deben de haber hecho.
Probablemente piensen que esa iniciativa es un tramo más de esa hoja de ruta en la que se mueven bordeando el código penal mientras intentan convencer a los suyos de que el camino a la redención independentista está más cerca que el de la salvación eterna. Incluso los habrá entre sus filas quien se lo crea y, más incluso, podríamos aceptar que algún día pudiera ser verdad.

A ese discurso, desde que no está Rajoy, le hace falta el Rey. Rajoy, y su gobierno, le venían muy bien a los independentistas catalanes. Eran los sucesores (en realidad, se habían sucedido a sí mismos) de ese Partido Popular que había llevado el Estatut de 2.006 hasta el registro de entrada del Tribunal Constitucional mientras ponía mesas en la calle alimentando el anticatalanismo en el resto de España.

Pero Rajoy ya no está y a Sánchez no le han hecho, todavía, su enemigo. Quizás haya que encontrar la razón para ello en el conocido pragmatismo de los catalanes ya que, mientras se manifiestan en muy diversas formas contra el «opresor español» no pierden, al menos de momento, la posibilidad de aprobar unos presupuestos en los que esperen mejores ventajas que si los tuvieran que hacer «los otros».

Y, por eso les hace falta el Rey. Sobre todo desde que el 3 de octubre de 2017 tuvo que hacerse cargo de un discurso más propio de un Jefe de Gobierno que de nuestro Jefe del Estado. O, al menos, eso es lo que piensan en los sectores independentistas catalanes. Pero Rajoy, ese día hizo lo que le pidió Sánchez unos meses después. Dimitió, aunque solo para ese día. El Rey le sustituyó y conectó, hay que decirlo también, con una gran mayoría de españoles. Bueno, este discurso del Rey ha llevado al actual discurso del independentismo catalán y hay que entenderlo.

Pero desde el otro lado del debate, desde la defensa de la Constitución Española de 1.978, debemos, y vuelvo a insistir que sobre todo el Gobierno, responder con proporcionalidad. Con firmeza, pero con mesura. Si el ámbito es el penal, con contundencia, pero si el ámbito es el de las declaraciones, con valentía. La misma con la que se exhiben esteladas deberíamos tener para considerar como nuestra la bandera constitucional de España, sobre todo desde la izquierda. La misma valentía con la que el Parlament hace ese brindis al sol, el Congreso y el Senado deberían hacer otros de signo contrario y, además, constitucional. Y no ahorrar declaraciones ni signos de defensa del modelo de convivencia que elegimos, por abrumadora mayoría, el 8 de diciembre de 1978 y al que llamamos, en la primera palabra del primer párrafo de la Constitución, España.