Con la elección de las Presidentas y Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado ha comenzado formalmente la XIV legislatura en democracia. Días antes, las consultas a los militantes del PSOE, Unidas Podemos (UP) e Izquierda Unida (IU), sobre el Preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, resultaron abrumadoramente favorables a las propuestas efectuados por los líderes de los mencionados partidos. También Esquerra Republicana (ER) -cuyo apoyo está resultando clave para investir al nuevo presidente del gobierno- recibió el voto favorable de sus afiliados para iniciar conversaciones con el PSOE y UP, lo que le permitirá votar a favor o abstenerse en la  investidura de Pedro Sánchez como presidente del esperado Gobierno de coalición.

En todo caso, las dificultades suscitadas en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de investidura han demostrado que el pretendido gobierno de coalición de izquierdas-inédito en democracia- no lo tendrá nada fácil al depender en buena medida de otros partidos para aprobar los PGE-2020 y garantizar la gobernabilidad del país. Las derechas ya han puesto el grito en el cielo (“gobierno Frankenstein”: apoyado por comunistas e independentistas) y los poderes económicos han anunciado una notable recesión, falta de inversiones,  fuga de capitales y un fuerte incremento de los impuestos. Por si esto fuera poco, algunos medios de comunicación han decidido convertirse en altavoz de los voceros más reaccionarios hablando incluso de la ruptura de la Unidad y del fin del Estado, a los que se ha sumado sin reservas el arzobispo integrista Cañizares con sus montaraces declaraciones. En cualquier caso, aunque la sangre no llegue al rio, debemos recordar que se prevé a nivel mundial una severa desaceleración económica como consecuencia del Brexit y la guerra comercial y digital entre EE.UU y China que, finalmente, terminará por afectar también a nuestro país.

Sin embargo, en esta ocasión, España está en mejores condiciones económicas que en el año 2008. La economía está creciendo en torno al 2% del PIB (los pronósticos indican además que seguirá creciendo) y seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos con nuestros socios europeos en porcentajes de déficit y de deuda pública. Incluso, analistas y expertos económicos señalan que estamos muy bien situados en relación con la mayoría de los países de la UE para soportar los efectos de la desaceleración económica: las familias y empresas han reducido considerablemente su deuda; ha mejorado la calidad empresarial; la inversión extranjera se mantiene; seguimos exportando de manera diversificada e, incluso, a través de las empresas medianas; el sector bancario está mucho más saneado; los tipos de interés siguen particularmente muy bajos y España se financia al 0,4%; y, en coherencia con ello, el crecimiento económico resulta mucho más consistente y equilibrado que en etapas anteriores, como viene reiterando el analista económico Emilio Ontiveros.

A pesar de nuestra mejor situación económica, la gestión de la crisis en España dejó profundas secuelas sociales: aumento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social (según UGT y CCOO el 25,6% de la población está en riesgo). Por otra parte, el triunfo y los programas electorales del PSOE y de la izquierda en general, así como el esperado gobierno de coalición entre el PSOE y UP están generando importantes expectativas, que habrá que tener en cuenta a la hora de desarrollar las políticas económicas y sociales en un contexto de desaceleración que, no lo olvidemos, también afectará a una economía abierta como la española. Eso justifica que muchos se pregunten si en este complejo contexto es posible cumplir con los compromisos sociales asumidos en la campaña electoral. La respuesta es absolutamente favorable, aunque todo dependerá de que el nuevo gobierno aborde y desarrolle íntegramente en la legislatura, cuando menos, los ocho grandes capítulos que se mencionan a continuación y despeje con ello la incógnita de ¿gobernar para qué?

a).-El Gobierno debe reafirmar el compromiso electoral del PSOE y UP y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con la UE en materia de déficit y deuda pública, además de seguir oponiéndose a las fracasadas políticas de austeridad que resultan muy contraproducentes en un contexto económico globalizado.

b).-En relación con el debate territorial, debe abordar la financiación de las CCAA desde el respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía en la perspectiva de un Estado Federal. En cuanto a Cataluña, debe ser muy claro en su rechazo a las exigencias maximalistas de los independentistas: autodeterminación, derecho a decidir y amnistía para los políticos presos. Al margen de insistir en el diálogo y la búsqueda de acuerdos entre las partes (sin esperar soluciones definitivas) para resolver el problema catalán y, como consecuencia, responder a los Manifiestos de ex dirigentes políticos e institucionales, que han mostrado su profunda preocupación (compartida por muchos) ante la notable capacidad de los partidos independentistas de condicionar la actuación del futuro gobierno. En todo caso, lo que se propone es muy poco ilusionante, desde una perspectiva de izquierdas, sobre todo después de la consulta favorable al Preacuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias, la rotunda negativa del PP y Ciudadanos a garantizar la investidura y el rechazo unánime a unas terceras elecciones.

c).-En política fiscal, el Gobierno debe desarrollar una ofensiva creciente y ejemplarizante en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, dimensionando las plantillas de la Inspección fiscal y dotándolas de medios y de la formación técnica necesaria. Además de apostar por los impuestos directos (progresivos) en detrimento de los indirectos (regresivos), que nos acerque a la media de los países más avanzados de la UE (España está 7 puntos por debajo del PIB) y nos garanticen mayores ingresos para mantener el Estado de Bienestar Social: aumento del  impuesto a las personas físicas con rentas más altas, plusvalías del capital, patrimonios, herencias y Sociedades. Además de aplicar la tasa Google y penalizar vía impuestos a las empresas más contaminantes.

d).-El Gobierno debe aumentar el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio de los convenios como recomienda la Carta Social Europea y facilitar, vía negociación colectiva, que se recojan en todos los convenios salarios mínimos garantizados. Ello requiere un compromiso serio para fortalecer la autonomía de las partes y, particularmente, el convenio sectorial articulado con los de empresa, lo que facilitará que los sindicatos refuercen su protagonismo, la relación de fuerzas y su capacidad de movilización y presión (amenaza creíble), lo que redundará favorablemente en la justicia social, el consumo y, por añadidura, en el crecimiento de la economía.

e).-En protección social se debe garantizar el futuro de la Seguridad Social (activando el “Pacto de Toledo”) y, en concreto, la capacidad adquisitiva de las pensiones, eliminar el factor de sostenibilidad y, en definitiva, equilibrar vía cotizaciones e impuestos el déficit del Sistema. Sin olvidar la prestación por dependencia de los mayores y una cobertura social digna para los trabajadores desempleados.

f).-En cuanto a los servicios públicos (sanidad, educación, acceso a la vivienda…) se debe recuperar la inversión histórica previa a la crisis para mejorar la calidad de los mismos y avanzar en la superación paulatina de las desigualdades. Así como también incrementar la inversión en investigación, digitalización y conocimiento.

g).-Mención especial merece el desempleo (sobre todo el de los jóvenes y mayores de 52 años), lo que sin duda constituye nuestro principal problema. En relación con ello se deben revisar a fondo las políticas activas de empleo; la formación, la cualificación y el reciclaje profesional; la intermediación en el mercado de trabajo de las oficinas públicas de empleo y de las empresas privadas de trabajo temporal; las subvenciones a la contratación que, sin crear empleo, son en realidad una ayuda pública y diferida a los empresarios; así como trabajar decididamente por buscar nuevos yacimientos de empleo (cuidados sociales, empleos verdes, rehabilitación de edificios…); al margen de propiciar el cambio de nuestro modelo productivo y estudiar a fondo los efectos de la aplicación de la digitalización y la robótica en el empleo.

h).-Por último, en relación con la intolerable precariedad de nuestro mercado de trabajo (“empleos de mierda”), se debe actuar sobre tres asuntos fundamentales: derogar lo antes posible las dos últimas reformas laborales, reafirmar el protagonismo de la Inspección de Trabajo y fomentar la participación de los sindicatos en la contratación laboral de los pequeños centros de trabajo. El objetivo es situarnos en la media europea en materia de  temporalidad, evitar la competencia desleal entre empresas y que los empresarios asuman como asuntos prioritarios dentro de sus objetivos, no sólo su rentabilidad económica sino también la participación y la dignidad de los trabajadores, el derecho a la salud laboral, la conciliación familiar, los proveedores, el medio ambiente y, por último, los ciudadanos en general.

Otros asuntos importantes, que el Gobierno debe tener en cuenta en esta legislatura, tienen relación con las libertades individuales, la lucha por la igualdad de género, el fenómeno de las migraciones y el combate contra el cambio climático. No será fácil aplicar estas políticas, pero tampoco resulta imposible, sobre todo cuando las alternativas nos pueden conducir a la desmemoria, la regresión social e, incluso, a celebrar unas nuevas elecciones generales. En todo caso, en los próximos años se van a poner a prueba las ideas socialdemócratas y lo que representan en España y en la UE. También se mirará con lupa la eficacia de la izquierda en la gestión del gobierno, así como la actuación de los sindicatos y de las fuerzas progresistas. Por lo tanto, es el momento con mayúscula de la política creíble, el trabajo responsable y el sentido de Estado. Mucha felicidad para todos…