Los ayuntamientos no pueden utilizar sus remanentes porque lo impide la legislación vigente (podemos estar en contra de ella; pero es el marco jurídico en el que nos movemos). Se trata, pues, de dinero que está en las cajas de los bancos, ocioso para los munícipes. La posibilidad de desbloquear esta situación se perdió hace unos días en una votación en el Congreso de los Diputados. Votación en la que confluyeron, entre otras formaciones, Vox, PP, Cs y ERC. Esto fue calificado como “histórico”, si bien las consecuencias económicas no son positivas. Desbloquear la situación infería que esos remanentes municipales, unos 14 mil millones de euros, pasaban al gobierno central quien haría una devolución de ese “préstamo” –en un margen temporal– junto a un fondo de 5 mil millones de euros para los ayuntamientos.

De hecho, el acuerdo negociado con la FEMP contempla que los ayuntamientos podrán voluntariamente transferir como un préstamo a la Administración General del Estado sus remanentes de tesorería y el Gobierno, a su vez, les inyectará, como ingreso no Financiero, el equivalente al 35% de ese remanente. El importe íntegro transferido al Estado se devolvería en un plazo de 10 años. Por tanto: los ayuntamientos mantendrían la totalidad de sus remanentes de Tesorería y, además, recibirían una transferencia del Estado de 5 mil millones (2 mil millones en 2020 y 3 mil millones en 2021). Esto es lo que se consigna en el Acuerdo suscrito con la FEMP (http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/acuerdo_ministerio_hacienda_-_femp_final_2020_08_03.pdf). Hay que leerlo para eludir tergiversaciones.

Resulta difícil entender las razones de este bloqueo económico, en los tiempos que corren. Los alcaldes deberán defender, con solvencia, el hecho de que sigan estando sin capacidad de gestión los remanentes alcanzados, cuando se estaba dando una salida flexible, avalada por la FEMP, bien que gracias al voto de calidad de su presidente. Sin menoscabo de que cada opción política utilice sus resortes e instrumentos de la manera que considere más adecuada para sus intereses electorales, no es menos cierto que lo acontecido en el Congreso de los Diputados hace escasos días supone una pieza más con el objetivo de crear serios problemas al gobierno central. Y no es positivo, en absoluto, para la ciudadanía.

Las alternativas aportadas por los detractores del Acuerdo entre FEMP-gobierno son nulas. No existen. Hubiera sido interesante que los críticos ofrecieran otra hoja de ruta, para evaluarla. Nada: el silencio en este punto y el jolgorio por una pretendida victoria política. Frente a esto, dos consideraciones. Primera, hoy en día cualquier gobierno no tiene dificultades insalvables para acceder al crédito con intereses muy bajos y con el aluvión monetario del BCE. Es decir, no hay necesidad de detraer recursos de nadie –en este caso, se dice, de los ayuntamientos– para obtener un nuevo flujo monetario. Y segunda, será de nuevo el gobierno quien deba plantear una alternativa, ante el bloqueo cerril sobre el tema. Los PGE pueden ser una buena vía: Ley de Acompañamiento, quizás. Veremos.