Introducción.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español (PRTRE) está tratando de asegurar el empleo y la actividad económica en este país, en una gran parte recuperando procesos productivos previos a la pandemia, que no son precisamente óptimos para una deseable transición hacia una sociedad más cohesionada socioeconómicamente, más sostenible ambientalmente y más equilibrada territorialmente, aunque estén enmarcados en las grandes líneas de las políticas y objetivos europeos.

La COP 27 ha dejado claro que no va a haber nuevos avances significativos en reducción de emisiones y mitigación del calentamiento y, consecuentemente, que la adaptación es el capítulo a priorizar. La reactivación del uso de las energías fósiles, el aumento de los costes de producción, de la inflación y de las tasas de interés que inciden en el coste de nuevas inversiones, dibujan un panorama futuro poco alentador para España, cuyas consecuencias socioeconómicas es conveniente considerar.

Europa mantiene su objetivo de acelerar su desarrollo de energías renovables para avanzar en su seguridad energética y se prevé que persista la caída de los costes relativos de las energías renovables y que sigan creciendo la electrificación y el aumento de los precios del carbono. Pero el papel capital de la especulación financiera asociada a los mercados de futuros, que explican la evolución de los precios registrados asociados a los altos precios de la energía y de los alimentos, así como la creciente inflación subyacente, junto a las medidas de castigo a Rusia por su invasión de Ucrania, con la generación de fracturas geopolíticas y nuevas líneas divisorias internacionales, están disminuyendo la prioridad y esfuerzos por la descarbonización europea a corto plazo y poniendo en cuestión algunas de las líneas fundamentales del Pacto Verde Europeo.

En este marco, en España el Plan de Recuperación, Transformación y Reforma (PRTRE) es una oportunidad única para la necesaria trasformación ecosocial del modelo de desarrollo español por su capacidad regulatoria y el volumen de inversión pública (más de 140.000 millones de euros, entre aportación y préstamos) asociada al Mecanismo de Recuperación y Reforma Europeo (MRR). Pero por ahora se muestra insuficiente para el logro de los deseables objetivos ecosociales ligados a la transición ecológica y digital deseada, y reincidente en la potenciación de dinámicas contradictorias con la misma, ante un marco global caracterizado por un crecimiento poblacional, un incremento de la ocupación y transformación de tierras con la destrucción de ecosistemas y biodiversidad, la promoción de una sociedad de consumo capitalista globalizada con un sector financiero-especulativo dominante, el grave aumento de las desigualdades territoriales y sociales, una revolución científico-técnica puesta al servicio del beneficio de multinacionales (con la incidencia expansiva del capitalismo de vigilancia/cibercapitalismo), y un crecimiento continuo del malestar en las clases medias y más desfavorecidas (que primero la pandemia y después la inflación han exacerbado y pueden llegar a exacerbar en mayor medida). Lo que, unido a los efectos negativos crecientes del calentamiento global (en particular su incidencia sobre catástrofes y sobre la potenciación de migraciones ambientales), no deja margen para ser optimista sobre la evolución de la sociedad española y del propio planeta, si no se reacciona mucho más radicalmente de forma urgente.

Escenarios demográficos españoles a consolidar.

Naciones Unidas ha previsto que el 15 de noviembre de 2022 la población mundial haya alcanzado los 8.000 millones de personas como resultado de una dinámica de crecimiento demográfico continuo, con una esperanza de vida creciente, pero descendente por la progresiva reducción de la tasa de crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones). Para 2030 prevé que el planeta alcance unos 8.500 millones de personas, unos 9.700 millones para 2050 y del orden de 10.400 millones para el 2100, lo que, si se mantiene la huella ecológica personal y la biocapacidad media, la insostenibilidad y la presión sobre los límites biofísicos planetarios se incrementará en más de un 6% para 2030, en más de un 12% para 2050 y en más de un 30% para el 2100, abocando al planeta a un difícilmente evitable colapso.

Además, la población potencialmente activa global no deja de crecer, sobre todo en el África sub-Sahariana y en ciertas partes de Asia, Latinoamérica y el Caribe, frente a países desarrollados con población potencialmente activa decreciente y altas tasas de envejecimiento, lo que proporciona un rol fundamental al papel de las migraciones como equilibradores demográfico-territoriales históricos, ya actuantes entre 2010 y 2021. Migraciones que no dejan de ser un problema para sociedades desarrolladas crecientemente xenófobas por el aumento de los extremismos nacionalistas.

Para España, atendiendo a los datos del INE, tanto relativos a las cifras provisionales del censo de 2021, como a su actualización periódica definitiva a 1 de enero de 2022, podemos aceptar la evolución que se resume en el Cuadro siguiente:

España perdería población hasta el 2030 si no fuera por un saldo inmigratorio significativo. El crecimiento total previsto, entre 2030 y 2022, se situaría en un 0,28%, lo que, a diferencia de lo previsto a nivel mundial, no implicaría fuertes incrementos de la insostenibilidad por crecimiento demográfico. En todo caso, la tendencia es a una reducción de la población potencialmente activa, incluso con el fuerte aumento previsto para los extranjeros residentes en España.

Cerca del 20% de la población supera los 65 años y con las previsiones del INE sería del 24% en 2030, como consecuencia de la mejora de la esperanza de vida y de una tasa de natalidad muy reducida. Este rápido envejecimiento demográfico dará lugar a una creciente demanda de prestaciones sanitarias y de cuidados de larga duración, lo que afecta de forma desigual al territorio, con mucho mayor envejecimiento en los municipios de menor tamaño en las zonas rurales.

Porque un problema adicional es el del despoblamiento y envejecimiento demográfico de una parte muy sustancial de los municipios españoles, que obliga a políticas que no sólo deben abordar la población potencialmente activa y su productividad, sino que, desde la perspectiva de la cohesión socioeconómica y del equilibrio territorial, deben asegurar una igualdad de oportunidades y potenciales de desarrollo al margen de donde se resida.

 

Este reto dista mucho de la dinámica de transformación territorial y socioeconómica que ha presidido la historia de España hasta la actualidad, caracterizada por la concentración y polarización territorial de la población, de la actividad productiva y del poder socioeconómico y político, y que responde a un modelo de crecimiento capitalista de consumo, en el que la generación de economías de escala (asociadas al tamaño de las empresas), aprovechadas en base a las economías de aglomeración (asociadas al tamaño de las ciudades) y a las economías de urbanización (asociadas a la existencia de suelo urbanizado y solares) han dado lugar a una industrialización y tercerización económica, con procesos de urbanización que han llevado a un incremento continuo de la concentración y polarización espacial de la edificación y de la residencia, fundamentalmente en el ámbito de las grandes regiones funcionales urbanas y áreas metropolitanas.


Las administraciones públicas han corregido este modelo solo en parte, generando nuevas ventajas comparativas mediante inversiones diferenciales, en gran parte favorecidas por el Estado de las autonomías y por los Fondos Estructurales europeos asignados a las regiones españolas desde 1986.

El PRTRE pretende incidir en la corrección destinando más de 20.000 millones de euros, directa o indirectamente, a la política de cohesión territorial, y con una política de relocalización de organismos públicos preexistentes, o de nueva creación, en provincias demográficamente regresivas. No obstante, la incidencia esperable de estas actuaciones sobre el Modelo territorial esperable para el 2030 no alcanzan la magnitud suficiente para producir grandes trasformaciones en su inercia histórica, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, donde las dinámicas previsibles hasta el 2030, consolidan los rasgos fundamentales del mismo.

En todo caso, una población envejecida y de esperanza de vida creciente (que es uno de los indicadores positivos del Índice de Desarrollo Humano, de Naciones Unidas), lleva a que el número de personas potencialmente activas en relación a los mayores de 65 años tienda a disminuir, lo que puede actuar positivamente en la necesaria reconversión de determinadas actividades productivas actuales para transitar hacia los objetivos ecosociales, pero exige cambios en la política sanitaria, en la de cuidados de larga duración y en la forma actual de cubrir la jubilación por parte del Estado.

Una evolución del empleo y de la ocupación mejorada pero con Escenarios al 2030 insuficientes.

Sin lugar a dudas las mejoras más significativas en la situación de la población española respecto a las consecuencias del gobierno del partido popular en el período 2012-2018, se han producido en el ámbito del empleo y en la reducción del paro en España, con las mejores cifras registradas de empleo y las menores de paro en 14 años. E igual cabe señalar respecto a la evolución del salario medio por hora efectiva trabajada, o respecto al volumen de población ocupada en los respectivos períodos, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente, con cifras referidas a la EPA del primer trimestre de cada año, en el que se incluyen las previsiones derivadas de las políticas en marcha del Gobierno actual.

En todo caso, España se caracteriza por un alto desempleo de carácter estructural y una marcada precariedad laboral, con especial incidencia sobre los jóvenes, que ahonda las fuertes y ahora crecientes desigualdades sociales. De hecho, la alta sensibilidad del mercado del trabajo a las crisis está ligada al alto grado de temporalidad de los trabajadores del sector privado (cifras del orden del 22-26%, donde, además, el 30% de los contratos tiene una duración inferior a la semana) y también en la Administración (28-30%). Los trabajadores temporales son los que sufren los ajustes más inmediatos en las crisis, además de tener menores sueldos y peores condiciones de trabajo o de acceso a mejoras en su cualificación y productividad, si bien la reforma laboral realizada por este Gobierno ha paliado en parte esta situación al posibilitar su conversión en fijos-discontinuos.

Otro grave problema del trabajo en España es la alta tasa histórica de desempleo juvenil que ha empeorado con la pandemia, convirtiendo a España en el país de la UE con el mayor paro entre los menores de 25 años (llegó al 43,9% en agosto de 2020), casi triplicando la media de la UE (17,6%). Y también tiene la mayor tasa europea de paro entre los jóvenes menores de 29 años con estudios universitarios (del orden del 16%).

En este marco, hay que valorar el esfuerzo presupuestario derivado del PRTRE, que incorpora un presupuesto de 2.363 millones de euros para potenciar nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, con mecanismos de ajuste interno de las empresas ante crisis (ERTES); reforma profunda de las políticas activas de empleo; e impulso a las políticas de inserción laboral, con el objetivo de acabar con las debilidades estructurales que combinan alta tasa de paro estructural y segmentación entre trabajadores temporales e indefinidos, y entre empleados a tiempo completo y tiempo parcial involuntario.

La Encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2022 sitúa el número de ocupados en 20.545.700, la tasa de actividad se eleva al 58,86% y la tasa de paro desciende al 12,67%, continuando la mejora señalada, que también se extiende a la situación de los hogares (se incrementan en 50.100 el tercer trimestre y se sitúan en 19.130.300, de los que 5.302.300 son unipersonales), en los que el número de ellos en los que todos sus miembros activos están ocupados aumenta en 47.100 y se sitúa en 11.294.200 (de los que 2.338.700 son unipersonales), mientras que el número de hogares con al menos un activo en los que todos los activos están en paro se ha reducido en 144.700, y los que tienen a todos sus activos ocupados ha aumentado en 495.300.

Con respecto a los Escenarios al 2030, se puede señalar que los Ocupados totales, entre 2022 y 2030, previsiblemente se incrementarán como consecuencia de las actuaciones previstas en el PRTRE sobre la actividad económica, así como por la recuperación registrada en el sector turístico, si se mantiene el modelo de crecimiento implícito en ambas dinámicas. Pero esto incrementaría necesariamente la insostenibilidad ambiental, alejándonos de los objetivos de la Transición ecológica, a la vez que requeriría el incremento de inmigrantes previsto por el INE en sus proyecciones de población para el año 2030.

Por otro lado, la tasa de actividad históricamente crece en los períodos de crisis y decrece en los de expansión económica por abandono de trabajos precarios y la vuelta al hogar, fundamentalmente de mujeres, que se supone es lo esperable tras la superación de los efectos más negativos de la invasión de Ucrania por Rusia. Obviamente, esa vuelta al hogar requeriría, desde una perspectiva de justicia social y de disminución de las desigualdades, la incorporación de la remuneración de los trabajos hasta ahora no remunerados de cuidados y de labores del hogar con cargo a la seguridad social (una persona por hogar dada de alta en la seguridad social por este motivo, con la remuneración correspondiente) en mejora del ya puesto en marcha Ingreso mínimo vital.

Una necesaria mejora en la distribución de la renta hacia los salarios, en el 2030, en un marco de inflación elevada.

Desde el punto de vista de la remuneración del trabajo hay que señalar la indudable mejora registrada, fundamentalmente desde 2019, en el salario mínimo interprofesional (SMI) que se sitúa en los 965 €, frente a los 641,4 € de 2012 (mejora del 50,45%), aunque también en menor medida, tanto el salario por hora efectiva en la industria, construcción y servicios mejora en un 13,29% en el período, o el incremento salarial de los convenios colectivos lo hace en un 13,55%. Todo ello en un marco en el que la inflación acumulada en el período es del 10,49%, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.

En 2022 se registra un aumento de los incrementos salariales pactados en los convenios ante la fuerte inflación registrada ya en 2021, en el que la moderación de ese incremento en convenios fue muy significativa, y los datos esperados para 2022 -y años próximos- en dicha inflación, que va a revertir la recuperación parcial de poder adquisitivo de los salarios hasta 2022.


Obviamente, la mejora continua de ese poder adquisitivo hasta 2030 es una condición básica para la transición ecosocial, sobre todo en un contexto en el que la distribución del valor añadido del conjunto de la economía española ha gravitado hacia una disminución de las rentas del trabajo en el conjunto del VAB total. De hecho, en el tercer trimestre de 2022 la evolución interanual de la remuneración de los asalariados creció en un 4,8% frente al 11,1% de la correspondiente al Excedente de explotación bruto/Rente mixta bruta, incrementando la remuneración relativa del capital en el total, cuya evolución se aprecia, junto a la de la renta nacional, en la Figura siguiente.

Como apreciamos, la participación salarial en la renta bruta nacional sufrió en mucho mayor medida la crisis, de 2008 a 2014, siendo su reducción la principal responsable de la disminución de la renta per cápita. Proceso sólo modificado a partir de 2020, cuando la participación salarial crece en mayor medida, por las ayudas del Gobierno, superando en 2021 la evolución de la participación del excedente de explotación bruto/renta mixta bruta y de la propia renta per cápita.

En todo caso, la modificación de la actual dinámica económica hacia el incremento de la insostenibilidad exige cambios en la estructura productiva española, en la productividad del trabajo, en la huella de carbono de cada tipo de actividad y en las pautas de consumo y comportamiento ciudadano, que son objeto de consideración en los epígrafes siguientes.

Una estructura del empleo y de la productividad a reestructurar.

España dispone de una estructura productiva volcada ahora hacia el sector servicios, con una estructura empresarial de tamaño pequeño o medio, con dificultad para crecer y aprovechar todas las ventajas de la integración europea o de las fuertes inversiones asociadas al PRTRE en el camino hacia una transición descarbonizada, equilibrada territorialmente y cohesionada socioeconómicamente.

El sector agrario viene manteniéndose, en los últimos 15 años entre el 3,8 y el 4,5% de la ocupación total, pero con una leve tendencia sostenida a su disminución en dicho total, asociada a unas condiciones de trabajo y a una carencia de reemplazo laboral en jóvenes que abandonan el medio rural, lo que permite prever una reducción media hasta el 4,0% de la ocupación total para el 2030, con un incremento del empleo entre 2022 y 2030 del 0,9%, inferior al 1,4% previsto para el total de ocupados que, de seguir las tendencias registradas hasta ahora, irían a incrementar el sector servicios públicos y privados (no comerciales) fundamentalmente, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente, en el que también se aprecia la tendencia a que el sector industrial y el del comercio pierdan peso en la estructura final de 2030 a favor del sector servicios.

No obstante, hay que señalar que tanto por parte de la UE como por parte de España y de muchas de las medidas previstas en el PRTRE se pretende un impulso al sector industrial sustituyendo importaciones, tanto por la incorporación de la imputación como arancel del diferencial de carbono sobre el correspondiente a la UE (lo que encarecería las importaciones altas en carbono), como a través de un impulso a la inversión, descarbonización y mejora de la productividad en las producciones europeas. Con ello se pretendería revertir la dinámica decreciente del empleo en este sector que, desde 2007 a la actualidad, se ha mantenido entre el 16% y el 13,4% del total, correspondiente este último valor al segundo trimestre de 2022, que pasaría a ser del 12,9% en 2030.


Atendiendo al detalle por secciones de actividad (CNAE 2009) para el segundo trimestre de 2022, constatamos la importancia de las administraciones públicas en el empleo, fundamentalmente por sus servicios sanitarios, educativos y de defensa, seguidas del Comercio e Industria manufacturera que, conjuntamente, superan más del 50% del empleo. Destacan también por encima del 5% del empleo total, tal y como apreciamos en el Cuadro siguiente, la Hostelería, Construcción, Transporte y las Actividades profesionales.

Complementando la información estructural del empleo, es necesario tener en cuenta la problemática de la estructura de las empresas que proporcionan el mismo, en un país en el que las PyMEs (por debajo de 250 empleados), constituyen el 99,63% del total. Complementariamente, menos de 5.000 empresas (4.994, a 31 de diciembre de 2021) tienen más de 250 trabajadores, y siendo sólo el 0,37% del total, concentran el 40,8% del empleo, lo que muestra su importancia radical para el empleo y la generación de valor añadido, incluso en las fases más graves del ciclo. De hecho, representaban el 38% del empleo total en 2013, con una pérdida de más de 1,113 millones de empleos desde 2007, cuando, en total, se perdieron 159.771 empresas y más de 3,217 millones de empleos.

Comparativamente, gracias a las medidas del Gobierno de coalición, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, se perdieron sólo 8.025 empresas y se incrementó el empleo en 337,6 miles, fundamentalmente por el empleo creado en grandes empresas (331,8 miles), en parte por el incremento de inversión asociado al PRTRE.

Pese a la importancia cuantitativa en el empleo de las grandes empresas (fundamentalmente urbanas) no puede olvidarse que el 85,9% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores (1.143.857 microempresas, a 31 de diciembre de 2021) de las que dependen el 21% del empleo total. Muchas de ellas pertenecen al sector servicios, ligadas a la restauración, al turismo y a la construcción y gestión inmobiliaria. Y son las más vulnerables a las crisis, perdiéndose 173.316 de las mismas de 2007 a 2012, lo que representó el 74% del total de empresas perdidas. No obstante, solo han disminuido en 9.420 entre 2019 y 2021, gracias a las medidas adoptadas por el actual Gobierno de protección al empleo y a las empresas.

El PRTRE pretende dedicar un 7% de las inversiones a potenciar un tamaño óptimo para las PyMEs, que aumente la competitividad del tejido productivo y reduzca su vulnerabilidad, a la vez que se incrementa su productividad y se desarrolla adecuadamente el sector de la economía colaborativa. Objetivo en gran parte dependiente de modificaciones regulatorias, cuyo alcance va a depender de una gestión pública y de una respuesta privada que no tiene fácil asegurar la estabilidad y capacidad de subsistencia de las pymes, los autónomos y profesionales ante las crisis periódicas, cada vez más frecuentes, ni ante los nuevos retos de la disrupción tecnológica y digital, pese a las fuertes ayudas públicas establecidas, principalmente a través de los avales públicos (ICO), que han permitido mantener su tasa de morosidad por debajo del 5%.

Políticas que se complementan con las inversiones dirigidas a mejorar las competencias empresariales y el desarrollo de capacidades de las PyMEs, con una inversión para su digitalización de 3.500 millones de euros, y el apoyo a la incorporación de tecnologías avanzadas en las mismas. Así como con el apoyo a la creación y expansión de empresas emergentes e innovadoras a través de la Ley de Start-ups, y del establecimiento de un fondo público-privado -NEXT-TECH- para la ampliación de las empresas emergentes con tecnologías disruptivas.

De hecho, desde la Vicepresidencia primera del Gobierno español se liga la recuperación socioeconómica de España, a medio y largo plazo, a las inversiones para aumentar la productividad y la innovación, particularmente en las PyMEs, y superar el marco de débil crecimiento de la productividad observado ya antes de la última crisis en España.

Los últimos datos disponibles, correspondientes al tercer trimestre de 2022, registran un incremento interanual de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo del 0,9%; Y la productividad por hora efectivamente trabajada registra una tasa del 0,5%.

El PRTRE previsiblemente permitirá avanzar en el crecimiento de la productividad del trabajo que el documento “España 2050”, de la Oficina de Prospectiva y Estrategia (2021) [1], prorroga hasta el año 2050, con las pautas que se recogen en la Figura siguiente, con bases no exentas de una cierta inconsistencia, ante la dinámica seguida por la productividad en las últimas décadas del capitalismo, tanto mundialmente como en España.

La mejora de la productividad por el factor trabajo muestra la mejora en la eficiencia del uso de este recurso, pero sólo en lo que se refiere a una cuantificación insuficiente de lo que realmente significa la mejora del PIB que constituye el numerador de este indicador. Mejora del PIB discutible en la forma en que el mismo se cuantifica y desarrolla y en las implicaciones ligadas a la distribución del valor añadido entre los factores productivos (reducción del valor añadido asignado al trabajo en el valor añadido global, con una extracción de plusvalía creciente) y en las consecuencias sobre la huella de carbono y la huella ecológica que este proceso implica.

Como conclusión añadiríamos que pese a que las pymes, autónomos y profesionales, así como las entidades de la economía colaborativa constituyen la estructura productiva fundamental de este país; sin embargo, las grandes inversiones podrían concentrarse en grandes multinacionales limitando a una posición marginal a estas empresas, lo que contradice e incapacita al PRTRE en los objetivos expuestos de potenciar y recuperar el tejido productivo y el empleo, y corregir los fuertes efectos de la crisis derivada de la pandemia facilitando su transición hacia objetivos ecosociales. Mucho mayor es la duda sobre si la economía colaborativa recibirá ayudas suficientes para crecer significativamente en el conjunto de la economía española, lo que sí contribuiría, realmente, a esa necesaria transición ecosocial

Como síntesis, la permanencia de empresas creadoras de empleo es fundamental para la sostenibilidad socioeconómica, pero también lo es que su productividad en términos de eficiencia energética, valor añadido por empleo, salarios y carbono incorporado a su producción o servicios, sean óptimos, lo que, además de los aspectos antes destacados, también exige la consideración de la evolución registrada en las emisiones de CO2equiv y su relación con el PIB.

En este sentido, las emisiones de CO2equiv siguen una tendencia claramente descendente desde 2007, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, y también lo hace la relación de estas emisiones respecto al PIB a precios corrientes de mercado en todo el período 1995-2021. Como consecuencia, de mantenerse el ritmo de reducción registrado desde 2007 a 2021 (11.263 kt CO2equiv/año), se necesitarían algo más de 25 años para su anulación, cumpliéndose la fecha del 2050 (se anularían en 2046) para alcanzar el objetivo de descarbonización previsto para España para dicho 2050, ya que en 2021 se emitieron 288.649 kt CO2equiv, si bien considerando las absorciones asociadas al Sector LULUCF (de usos del suelo, principalmente forestal) las emisiones totales, en 2021, eran de 288.649 kt CO2equiv).

Condiciones de vida y desigualdades 2012-2022 y tendencias previsibles al 2030, en España.

A finales de julio de este año publicábamos en esta sección un artículo sobre “El Estado de la Nación comparado” en el que se recogían los resultados definitivos de la Encuesta anual de Condiciones de Vida, en España, correspondiente a 2021[2], con los últimos datos disponibles[3], publicada por el INE el 29 de junio de 2022. En esta ocasión es posible ampliar algunas de las consideraciones realizadas en aquél momento a partir de la información recogida por EAPN (2022)[4] y derivar de la misma algunas conclusiones adicionales a las señaladas en su momento.

La primera consideración se centra en la incorporación de los datos oficiales sobre el efecto de las medidas para combatir la Covid-19 sobre la pobreza, en 2020, cifradas ahora en 319.000 personas, cifra muy por debajo de las previsiones iniciales que tendían a triplicar esa cifra- Las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición (el denominado Escudo Social) no cabe duda que tuvieron un efecto significativo en la reducción.

En todo caso, y tal y como apreciamos en la Figura siguiente, en 2021 existían 10.269.765 personas en riesgo de pobreza, con un incremento sostenido en su magnitud desde 2019. Lo que deja muy lejos los objetivos de limitar esta cifra a 7.052.038 personas, según el Objetivo de la Estrategia 2020, y a 5.132.677 personas para alcanzar el valor del indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.2 de la Agenda 2030 española[5].

Esta dinámica histórica nos llevaría a una Tasa de Riesgo de Pobreza[6] que nos permitiría prever un Escenario tendencial esperable, para el 2030, fuertemente negativo, ya que dicha tasa podría llegar a situarse en el entorno del 22,8%, superando los registros históricos del período 2007-2020, lo que nos indica la necesidad de medidas sociales radicales que incrementen el ingreso del 10% de los hogares de menor renta.

Ampliando la reflexión a la ya analizada en el artículo citado de esta sección, de julio de 2022, “Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social” (At Risk Of Poverty or social Exclusion: AROPE), que se creó en la UE, en 2010, y ha sufrido variaciones hasta la actualidad, completando la medida tradicional del riesgo de pobreza en base a los ingresos recibidos[7], con la evolución del grupo de personas con carencias materiales, o con baja intensidad en el empleo. Dicha evolución se recoge en la Figura siguiente, si bien es importante señalar que tanto el Riesgo de Pobreza como la Baja Intensidad en el empleo se refieren a valores correspondientes al año anterior al de la Encuesta.

Como se aprecia en la Figura anterior, en 2019 se rompe la tendencia descendente registrada entre 2014 y 2019, volviéndose a la tendencia lineal creciente de 2008 a 2021, en línea con la tendencia paralela en la Tasa de Riesgo de Pobreza, antes señalada, que es uno de los elementos de AROPE con incidencia más significativa en su evolución. Por el contrario, el Objetivo de la Agenda 2030 implicaría que la tasa AROPE se redujera a la mitad de su valor en 2015 para 2030, lo que implicaría que del 28,6% de este año 2015 (13.371.143 personas en riesgo de pobreza o exclusión social) se pasara a un 14,3% en 2030 (6.828.108 personas según las proyecciones de población del INE para ese año)


En todo caso, el fuerte incremento, tanto de la tasa AROPE, como el de la población en riesgo de pobreza, el porcentaje de población con carencia material severa, y, sobre todo, el de la población viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años), ponen de manifiesto la gravedad del problema en España (no solo derivado de los efectos de la pandemia) que lleva a que la tasa AROPE se siga situando bastante por encima de la media de la UE, con más de una de cada cuatro personas en España dentro del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social. Además, hay que señalar que los datos de AROPE para 2021 muestran que la tasa más que se duplica para los parados (58,6%), y era también muy superior para los inactivos por otros motivos (40,3%), mientras permanece en niveles muy reducidos para los jubilados (16,2%) y ocupados (17,9%), ambos por debajo de la media total (27,8%). También hay que señalar que el Riesgo de Pobreza y /o Exclusión Social (AROPE) es máximo para los Extranjeros no comunitarios (65,2%) y es superior para las mujeres (28,3%) que para hombres (27%) siendo de destacar que los jubilados (mayores de 65 años) muestran una tasa que señala que poseen, en media, una mayor protección que los inactivos, parados o jóvenes. Queda patente, por lo tanto, la prioridad a establecer en el objetivo de cohesión social medidas que mejoren la situación de jóvenes, mujeres y extranjeros en su acceso a un trabajo y a una remuneración digna cualquiera que sea su situación de actividad (incluyendo las labores del hogar como trabajo a remunerar socialmente).


Como última reflexión en este artículo señalemos que es patente que, en España, el Gobierno de coalición ha minimizado los efectos socioeconómicos negativos más inmediatos de las medidas adoptadas para proteger la salud frente a la pandemia y ha respondido a las consecuencias de la invasión de Ucrania con medidas reductoras de los efectos de la inflación generada por la especulación en los mercados de futuro; pero con actuaciones que están beneficiando el aumento de desigualdades, al no discriminar por nivel de renta, e incitando al incremento de emisiones de GEI. Aspectos que serán objeto de reflexión más detallada en los próximos artículos.

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[1] Oficina de Prospectiva y Estrategia (2021). “España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf

[2] https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

[3] https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=%22Encuesta%20Continua%20de%20Hogares%22

[4] EAPN (2022).- “El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022”. https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-2022-compilado.pdf

[5] La Agenda 2030 española mantiene la tasa AROPE como uno de los dos indicadores para evaluar la meta 1.2 del ODS 1, que especifica que en el periodo 2015-2030, se debe “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”, lo que implica que, para 2030, la pobreza en España no podrá superar el 11 %, o lo que es lo mismo, deberá afectar a menos de 5.252.390 personas, según las proyecciones de población del INE.

[6] Definida como el porcentaje de personas que presentan una renta media neta, por persona, inferior al 60% de la mediana (tantas personas con más renta como con menos renta) de la distribución de las rentas personales entre el conjunto de la población, utilizando como referencia la Unidad de consumo familiar.

[7] El INE destaca que, en 2021 se ha introducido un cambio metodológico en la AROPE que ha afectado a dos de sus tres dimensiones, ya que ahora se define como el porcentaje de población que está, al menos, en alguna de las tres situaciones de presentar: Riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos medios), Carencia material y social severa (definida por registrar, al menos, siete carencias de las 13 limitaciones totales, siete asociadas a la situación en el hogar: 1, No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede sustituir muebles estropeados o viejos), y 6 ligadas a carencias personales: 8. No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva. 9. No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones. 10. No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes. 11. No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio. 12. No puede permitirse gastar una pequeña cantid5ad de dinero en sí mismo. 13. No puede permitirse conexión a internet. La tercera situación que enmarca AROPE es tener Baja intensidad en el empleo, que ahora se define aplicada a los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar (personas de 18 a 64 años, excluyendo los estudiantes de 18 a 24 años, los jubilados o retirados, así como las personas inactivas entre 60 y 64 cuya fuente principal de ingresos del hogar sean las pensiones) lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.