Las catástrofes asociadas a fenómenos climáticos extremos: incendios, inundaciones, sequías, hambrunas, calentamiento del agua marina, calor extremo urbano, etc., son portadas cada vez más frecuentes en los medios de comunicación, que estos asocian, cada vez más, al cambio climático.

Porque no hay duda de que el calentamiento global está estadísticamente relacionado con fenómenos climáticos extremos (probabilidad superior al 95%), ni sobre la tendencia creciente de ambos procesos. Como tampoco la hay sobre el hecho de que las migraciones por hambrunas asociadas a sequías, o a otros fenómenos climáticos extremos, son cada vez más intensas para poblaciones que no tienen otras alternativas de supervivencia. Y éstas están en el origen de conflictos militares y geoestratégicos de gravedad creciente, que no dejan de afectar a la Unión Europea.

De hecho, la prevención ante el riesgo de estas catástrofes, conflictos y migraciones masivas ha sido una de las razones que han justificado una política europea de vanguardia en materia de lucha contra el calentamiento global, cuyo freno es globalmente imposible en la actual dinámica mundial, en la que el uso de energías fósiles vuelve a resurgir. Lo que lleva a uno de los retos a afrontar prioritariamente en la UE y, en particular en los países mediterráneos con mayor riesgo, España incluida: la urgente puesta en marcha de políticas y actuaciones de prevención, adaptación y resiliencia ante las crecientes graves consecuencias del calentamiento global.

El segundo reto está muy relacionado con el anterior y tiene que ver con la imprescindible y urgente transición energética que reduzca la dependencia de la UE de las importaciones de combustibles provenientes de terceros países; y, en particular, de los combustibles fósiles, principales responsables del conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) cuya incidencia en el calentamiento global está claramente demostrada.

Con del orden de un 18% de energías renovables en el mix energético de la UE, del orden del 0,5% de la oferta global de uranio existente, del 3% de la producción de petróleo, del 13% de la producción de gas natural y del 60% de la producción de carbón, su dependencia energética se sitúa en el entorno del 57% (suponiendo como no dependiente la energía nuclear, pese a la no disponibilidad de uranio, que representa del orden del 13% del mix energético). España presenta una dependencia más de un 20% superior, aunque su situación ha mejorado muy significativamente en los últimos años por la política de fuerte expansión de las renovables del actual Gobierno.

Esta dependencia energética y en materias primas metálicas con aplicación ambiental o en la alta tecnología, es uno de los elementos de mayor fragilidad de la UE, que obliga a acelerar las políticas de seguridad con la diversificación y sustitución de fuentes energéticas y de materias primas críticas.

Previamente a la invasión de Ucrania se había aprobado el paquete “Fit for 55” defendiendo un objetivo europeo del 45% de renovables en la energía final, para 2030, más acorde con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55% con respecto a 1990. Paquete que integra un Fondo de ayuda a los más desfavorecidos ante medidas que suponen mayores cargas y un encarecimiento de las energías fósiles, para incrementar la rentabilidad de la eficiencia energética, de las energías renovables y del almacenamiento energético. No se preveía la actual situación de crisis espoleada por la invasión de Ucrania, el cierre de centros productivos asociados a la Covid-19, los problemas de logística y transporte ante una demanda de inputs energéticos y no energéticos en fuerte crecimiento, y la fuerte especulación en los mercados de futuros, que ya llevaron a un incremento muy sustancial de precios a finales de 2021.

Tras la invasión, en marzo de 2022, el plan REPowerEU ha incluido medidas para acelerar la independencia del gas ruso y medidas de reacción ante los efectos del conflicto que han implicado un fuerte aumento de precios energéticos y una crisis inflacionista, que está siendo acompañada por el incremento en los tipos de interés de los bancos centrales, junto al freno y reversión de sus políticas de compra de deuda, lo que genera problemas para los países y empresas más endeudadas, como sucede en el caso de España.

Por ello la importancia de las medidas para mitigar el aumento de los precios de la electricidad para los hogares y las empresas, y utilizar los altos beneficios (windfall profits) obtenidos por algunos productores de electricidad para financiar dichas medidas, sin dejar de avanzar en los objetivos del Pacto Verde Europeo promoviendo un modelo de desarrollo centrado en la transición verde y digital, y en la resiliencia socioeconómica, con una urgente aceleración de las medidas de adaptación y resiliencia socioeconómica ante los efectos del cambio climático y de la nueva crisis socioeconómica.

El futuro de la UE va a depender muy directamente de las políticas estratégicas de los distintos agentes intervinientes en el proceso (gobiernos, multinacionales energéticas, especuladores, transportistas, etc.). Tendrán un papel determinante, a medio plazo, las inversiones en las redes energéticas para viabilizar las interconexiones y un uso óptimo de las renovables. Así como las necesarias para potenciar un menor consumo y ahorro energético, la accesibilidad y bajos costes de las materias primas fundamentales para hacer viable, tanto el incremento de la oferta de energías renovables, como las soluciones eléctricas a la movilidad, al almacenamiento energético, a la rehabilitación energética de los edificios, o desarrollar alternativas para el calentamiento de fábricas, hogares o invernaderos agrícolas que son, en la actualidad, fuentes significativas del consumo energético de energías fósiles.

La sustitución de importaciones rusas y el alza de precios energéticos han puesto en rentabilidad al “fracking” norteamericano y beneficia a multinacionales ligadas a explotaciones en países no precisamente democráticos, con precios energéticos inflados también por la especulación tradicional e incontrolada de los mercados de futuros. Así, se ha llegado a una situación en la que la UE es crecientemente dependiente de EEUU, asociada y subordinada a sus intereses, en una Europa cada vez más ligada a la evolución de los efectos de las sanciones a Rusia por la invasión imperialista de Ucrania (por ahora de menor incidencia que los efectos sobre la UE), a la evolución de la propia guerra, y al comportamiento de Rusia ante la actual escalada de la misma.

El euro se ha depreciado con respecto al dólar más del 15% en un año, tanto como consecuencia de su debilitamiento por el conflicto con Rusia, como por las políticas financieras (mayores tipos de interés en EEUU, primas de riesgo en ciertos países europeos, dólar como refugio en épocas de incertidumbre) y económicas diferenciales (menor competitividad europea, riesgo potencial de estanflación en Alemania y en el conjunto de la UE, etc.) que están favoreciendo al dólar. Lo que a su vez aumenta la dinámica inflacionista en la Eurozona, fundamentalmente, pero no solo, por las importaciones de inputs que se compran en dólares.

Esta dinámica está llevando a reconsiderar muchas de las políticas de la UE, no sólo en lo que se refiere a sus relaciones con Rusia, sino en el marco global de lo que sería el derecho comunitario, ya que el coste socioeconómico comparativo de la posición de vanguardia climática y energética de la UE, que sólo emite del orden del 8% de los GEI, respecto a países como China o EEUU (los dos mayores emisores), se está volviendo insostenible a corto plazo y reduciendo su competitividad relativa. Así se entienden medidas de la UE, como mayores subvenciones directas o indirectas a los combustibles fósiles para disminuir tensiones en los precios energéticos, o una Taxonomía europea con la pretensión de incluir gas y nuclear como “verdes” en la “contabilidad ambiental”, que implican una subordinación de la mitigación del calentamiento global, con el consiguiente incremento de los riesgos climáticos.

No podemos pensar en una vuelta al statu quo anterior a la invasión rusa, porque la pandemia y el riesgo de un expansionismo imperialista ruso han cambiado demasiadas cosas. Pero el riesgo de volver a una división mundial en bloques y avanzar en el debilitamiento global de la UE, lleva a un grave peligro para el bienestar de sus ciudadanos, y hace urgente una solución negociada que ponga fin a la guerra en un marco de estabilidad geoestratégica a medio-largo plazo, nada fácil de alcanzar.

Mientras tanto, será fundamental continuar el apoyo desde la UE a las importantes medidas sociales desarrolladas –entre otros por el Gobierno de coalición español- que han disminuido significativamente los efectos más negativos sobre la inmensa mayoría de la población y de las empresas. Porque la dinámica actual nos obliga a afrontar un futuro incierto y frágil, en la que el continente europeo, y en particular la Eurozona, es el más gravemente perjudicado, por un aumento de la inflación y de los costes energéticos para las familias, empresas y autónomos, que está incrementando fuertemente el malestar social, y generando una radicalización que beneficia a la extrema derecha y a sus postulados antieuropeos, racistas y xenófobos.