La reforma laboral está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, excepto algunas medidas -como los cambios de los contratos temporales y los formativos- que entraron en vigor a partir del 30 de marzo. Hasta ahora, sus resultados son inequívocos: crece el empleo, se reduce el desempleo, la contratación indefinida aumenta exponencialmente y a la vez que se constata la caída de la temporalidad. El desarrollo de la norma coincide con la recuperación de la economía de la Covid-19, con una variación interanual del PIB del 6,3 %, en el primer trimestre, 8 décimas mayor que la del cuarto trimestre de 2021. Pero la situación es de incertidumbre a nivel internacional, por los desabastecimientos provocados por las cadenas suministros junto a las fuertes subidas de los precios de la energía que han disparado la inflación, que en nuestro país se sitúa en cifras desconocidas desde el siglo pasado. Estos problemas se han incrementado por los efectos de la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania.
El Acuerdo de Gobierno de la Coalición Progresista tiene como objetivos revertir la reforma laboral y la de pensiones del PP, recuperar los derechos laborales y actualizar la regulación laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI mediante del diálogo social. De forma urgente se planteaba derogar el despido objetivo por absentismo por bajas de enfermedad, medida que fue aprobada en febrero de 2020. También se recogen, entre otros, los compromisos que configuran la reforma laboral de 2021, como los siguientes: la recuperación de la ultraactividad y la supresión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa; la regulación de la subcontratación; revisar los contratos formativos, simplificar las modalidades de contratación y fomentar la contratación indefinida. Aunque están pendientes de ser tratados por el diálogo social otros compromisos del Acuerdo, como los referidos a las modificaciones de las condiciones de trabajo o a los despidos.
Una vez alcanzado el acuerdo en el diálogo social -entre el Gobierno del PSOE-UP con las organizaciones empresariales más representativas (CEOE y CEPYME) y las organizaciones sindicales más representativas (CCOO y UGT)- el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley (RDL) 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. La norma fue convalidada el pasado 3 de por febrero por el Congreso de Diputados, y se inscribe en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con los cambios pactados se puso fin a muchas de las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012, que fue impuesta por el Gobierno del PP de forma autoritaria, sin diálogo social ni consenso político.
Después de seis meses de la entrada en vigor de la reforma laboral los resultados de la afiliación a la Seguridad Social y los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre el paro registrado y el registro de contratos muestran un giro muy positivo en nuestro mercado laboral. La evolución en junio de la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado los 20,348 millones de personas, lo que supone un incremento 848,1 mil (4,3%), respecto a junio de 2021. La afiliación de los hombres ha sido de 10,812 millones con un crecimiento de 389 mil (3,7%) y la de las mujeres es de 9,536 millones, con un ascenso de 459 mil (5,1%).
Según el SEPE el paro registrado en el mes de junio se redujo hasta los 2,880 millones de personas, la cifra más baja desde 2008, en el último año se ha reducido en 733,8 mil personas (-20,3%). En dicho mes en el registro del paro había 1,156 millones de hombres, con un descenso de 335 mil (-22,5%) y en el caso de las mujeres eran 1,723, con una reducción 398,8 mil (-18,8%), ambos con respecto a junio de 2021. Los menores de 25 años son la franja de edad en la que más se ha recortado el paro, con un -32,8 %, lo que ha situado el total de jóvenes en desempleo en 201 mil.
Los contratos registrados en primer semestre de este año suman un total 9,571 millones, con un aumento de 952,9 mil (11,1%) respecto al mismo periodo de 2021. De ellos 3,281 millones corresponden a los contratos indefinidos, con 2,325 millones (243%) más que los registrados en los mismos meses del año pasado y los contratos temporales han supuesto 6,290 millones, con una disminución de 1,372 millones (-17,9%). Los contratos registrados en la modalidad de tiempo completo son 5,733 millones, con un retroceso de 116 mil (-2%); a tiempo parcial se han registrado 2,862 millones de contratos, con una subida de 194 mil (7,5%) y los contratos de fijos discontinuos han sumado 976 mil, con un aumento de 870 mil (823%) que en el primer semestre de 2021.
De acuerdo con los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) del INE, en el primer trimestre de este año el total de personas ocupadas alcanzaba los 20,084 millones, en los últimos 12 meses el empleo creció en 878 mil personas (406 mil hombres y 472 mil mujeres), a un ritmo del 4,57%. El número de desempleados era de 3,174 millones y la tasa de desempleo se situó en un 13,65%, siendo esta tasa de paro inferior a la registrada antes de la pandemia de la COVID-19. Pese que el grueso de las medidas normativas para reducir la temporalidad no estaba aún en vigor el trabajo indefinido creció frente al temporal, la tasa de temporalidad se redujo del 25% al 24,2%. A finales de este mes se publicará la EPA del segundo trimestre de 2022.
Nuestra economía ha arrastrado históricamente dificultades para crear empleo estable y reducir la excesiva temporalidad injustificada, por eso la actual evolución favorable del mercado laboral es valorada de forma positiva en las instancias de la Unión Europea y los organismos internacionales. En cambio, desde el PP, se niegan a reconocer el aumento del empleo y de la contratación indefinida. Desde la reforma laboral, los fijos discontinuos, dentro del aumento general de la contratación indefinida, están teniendo un crecimiento muy importante, pues son los contratos que más se ajustan para los trabajos de carácter cíclico y estacional como los de las campañas turísticas o agrícolas, que anteriormente se cubrían con contratos temporales. Pese a las evidencias, el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de “maquillar” los datos del paro, según él, por no contar como desempleados a los contratados como fijos discontinuos en los periodos de inactividad.
La anterior afirmación del Presidente del PP es completamente falsa, los fijos discontinuos, aunque estén inactivos no se computan como parados, desde la Orden del 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios para la medición del paro registrado. Esta medida está vigente y los criterios sobre el paro registrado se fijan en el SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo) regulado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, donde se establece el funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo. Lo cierto es que los fijos discontinuos siempre se han excluido del paro registrado, pues son considerados demandantes ya ocupados, aunque temporalmente estén a la espera del llamamiento de la empresa. Por esa causa los fijos discontinuos nunca han sido considerados desempleados, tampoco por los gobiernos del PP.
El PP no reconoce los avances socioeconómicos de nuestro país, como una pieza más de su estrategia de confrontación permanente para desgastar al Gobierno Progresista. Pero la realidad es que con la reforma laboral se viene avanzado en el cambio estructural de nuestro modelo laboral, mediante la supresión de la temporalidad sin causa y con el fuerte crecimiento de la contratación indefinida. Junto con la recuperación de los derechos laborales, a través del equilibrio y autonomía en las relaciones colectivas de trabajo y el respeto de la negociación colectiva, en las mejoras en la subcontratación o el mantenimiento del empleo con el nuevo mecanismo RED (ERTE). Todo ello se complementa con otras iniciativas adoptadas, como: la reducción de la temporalidad en el empleo público o potenciar las políticas activas de empleo para garantizar nuevas oportunidades de empleo y formación profesional a las personas trabajadoras.
