“Separación de poderes” y “división de poderes” son expresiones que se presentan habitualmente con un significado equivalente, como si ambas fueran exponente fiel de la doctrina de Montesquieu, a quien a menudo se invoca cuando de palabra u obra alguien se atreve a cuestionar su legado.

Pero “separación de poderes” y “división de poderes” no son enunciados equivalentes sino más bien divergentes y desde luego no merecen igual encaje en la doctrina del pensador francés. Montesquieu falleció unos treinta años antes de que las distintas revoluciones liberales pusieran sus ideas en acción, pero nunca hubiera avalado que los diferentes poderes del Estado deban estar y actuar por separado y, desde luego, se estremecería en su tumba de haber conocido el desarrollo de modelos que se apropiaron fraudulentamente de su inmortal doctrina, especialmente por lo que se refiere a uno de los tres poderes, el poder judicial.

Lo que debemos realmente a Montesquieu es la doctrina de la división de poderes, no de la separación. Según Montesquieu todo poder, y el poder judicial es uno de ellos, tiende irremediablemente al abuso a menos que encuentre el límite de otro poder, bien sea el Parlamento o el Ejecutivo. Dicho en sus propias palabras: “para que la libertad quede a salvo es preciso que el poder esté dividido, de manera que el poder limite el poder (le pouvoir arrête le pouvoir)”. Montesquieu se inspiró, como bien se sabe, en el modelo inglés, en el cual tanto entonces como en nuestros días los tres poderes están implicados unos con otros, lo que no impide, bien al contrario, que la independencia judicial quede plenamente a salvo.

La independencia judicial no es otra cosa que la garantía que asiste al juez para dictar sus resoluciones y ejercer sus atribuciones sin injerencias o presiones de ninguna clase. En los Estados Unidos, la primera democracia del mundo y donde más consecuentemente se desarrolló la doctrina de Montesquieu, no se cuestiona la plena independencia de la que gozan los jueces, a pesar de que son nombrados de diferentes maneras con intervención del ejecutivo y del legislativo, el jurado está muy extendido, las cámaras ejercen funciones jurisdiccionales, todo ello inscrito en un esquema constitucional de frenos y contrapesos, checks and balances, los cuales aseguran el equilibrio del sistema, tanto en beneficio del estado de derecho como del principio democrático.

La proyección de la doctrina de la división de poderes – de ahí su genialidad– es incluso más necesaria hoy que en la época de Montesquieu ya que, por aquél entonces, la corona, la nobleza, los estamentos y corporaciones, fungían como poderes autónomos, mientras que ahora, en un esquema constitucional que descansa sobre la base del principio democrático, los poderes del estado emanan todos ellos del pueblo. Ningún poder, tampoco el judicial, puede ejercerse al margen de la legitimación y la responsabilidad democráticas. Dicho de otro modo: la vinculación del poder judicial al principio democrático impide que grupos, estamentos o cuerpos de funcionarios se conviertan por sí solos en poderes autónomos y separados, pues en tal caso la unidad del poder del Estado se quebraría en beneficio de un corporativismo sin control.

Ciertamente el modelo anglosajón de división de poderes no se generalizó en toda su pureza. En Francia, debido al temor de los revolucionarios a los tribunales del Ancien Régime, los jueces, en efecto, quedaron separados y sometidos al imperio de la ley, pero para caer en la órbita del poder ejecutivo, que hasta hace bien poco era el que nombraba en Francia jueces superiores y aplicaba la disciplina. En Europa se desarrolló, en líneas generales, un modelo de juez de apariencia funcionarial, especialmente en Alemania, donde –dejando a un lado el periodo nazi en que la independencia judicial sucumbió sin oposición (como también sucedió en España durante el franquismo)- el “gobierno de los jueces” ha seguido siendo fundamentalmente competencia del poder ejecutivo, como muestra el  Título IX de la vigente Ley Fundamental, sin que ello suponga menoscabo alguno de su independencia. Hay países que siguen el esquema alemán, mientras que otros, entre ellos España, han evolucionado hacia modelos en que los órganos competentes en materia de gobernanza del poder judicial están radicados en el Parlamento, más cercanos al principio democrático y pluralista, como es el caso de nuestro Consejo General del Poder Judicial.

En un momento de extrema politización, como actualmente sucede en España, el uso de la expresión “separación de poderes”, muy frecuente en medios conservadores -también entre las asociaciones judiciales conservadoras- no es algo casual y carente de intención. Porque bajo la apariencia de doctrina acreditada lo que se pretende esparcir es la falacia de que el Poder Judicial no es únicamente un poder de naturaleza jurídica que se ejerce en el marco de un estatuto de garantía de su independencia, sino que se trata de un poder de tipo estamental, separado de los otros dos, sin conexión alguna con el principio democrático. De suerte que cualquier regulación que suponga, por ejemplo, la intervención del Parlamento en el nombramiento de los titulares del Consejo General del Poder Judicial, se tacha de intromisión ilegítima de los políticos, de atentado a la independencia judicial y a la “separación de poderes”. Que tal falacia circule como moneda corriente y que se propague como un bulo más en medio de una marea de desinformación, solo se explica por ser el judicial un terreno fértil para la manipulación política y potencialmente apto para la desestabilización de la democracia.

En este contexto, la negativa del partido popular a facilitar el nombramiento de los titulares del CGPJ, conforme a la Constitución, una actitud reprobada por Europa, es probablemente el acto más desleal, antidemocrático y deshonroso que haya podido urdir, en los años que llevamos de democracia, un partido que se declara protector de la Constitución y de sus instituciones. Ampararse en que tal tipo de elección supone un atentado a la “separación de poderes” encierra una clara intención manipuladora y un demoledor ataque a la propia independencia y neutralidad del poder judicial.

Con su obstruccionismo, el partido popular, incurso en múltiples  procedimientos por graves delitos de corrupción, ha conseguido que los jueces y las asociaciones conservadoras que los representan aparezcan como entes politizados que dictan al partido popular lo que tiene que hacer. Cualquiera que sea el resultado final de esta perversa anomalía, el mal ya está hecho, porque ha quedado demostrado que la Constitución es frágil ante los ataques de los llamados a defenderla e impotente cuando se la falsea con intención desestabilizadora de la democracia.

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José Asensi Sabater. Catedrático de Derecho Constitucional. Senador socialista