En el transcurso del verano han acontecido diferentes hechos que han ocupado la atención de la opinión pública, entre otros: el aumento del número de visitantes, el modelo turístico y los brotes de turismofobia; el cambio climático con su efecto sobre el incremento de las temperaturas y la sequía; la escalada independentista en Cataluña y su falso referéndum del 1-O; el caso judicial de Juana Rivas; la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados, forzado por la oposición parlamentaria, por la financiación del Partido Popular dentro del caso Gürtel y sobre todo por la barbarie criminal de los atentados yihadistas perpetrados en Barcelona y Cambrils.

También la movilización de 354 trabajadores de una concesión de seguridad privada en el aeropuerto del Prat (Barcelona) ha ocupado una buena parte de la atención informativa desde finales de julio. El conflicto reúne las características para ello, los trabajadores de EULEN desempeñan sus funciones en los controles de seguridad para los accesos de los pasajeros a las salas de embarque. Durante las movilizaciones se han producido colas, retrasos en los embarques y el consiguiente malestar de los usuarios. Raro ha sido el informativo que no relataba a diario las incidencias en los filtros de seguridad y los perjuicios para los viajeros, haciéndose eco de su legítima indignación.

Pese a esta amplia cobertura informativa existen dificultades para el conocimiento de las causas del conflicto y las razones de los trabajadores para ir a la huelga, por ello hay que valorar las informaciones y análisis que han realizado algunos medios. Las causas del conflicto hay que buscarlas en las especificaciones y condiciones fijadas por AENA para la licitación del servicio y su concesión a EULEN, anteriormente el titular del servicio de vigilancia de los controles de seguridad era PROSEGUR. Las retribuciones salariales actuales de los trabajadores de EULEN han sufrido un recorte entre 200-300 euros respecto a las que percibían anteriormente, el sueldo medio de los vigilantes de EULEN en el Prat es de 900-950 euros mensuales por 15 pagas.

Con los recortes producidos por la nueva concesionaria han agravado los problemas de falta de plantilla y de organización del trabajo y provocado un grave deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. Los trabajadores han denunciado que en los filtros de seguridad debería haber 5 personas y hay solo 3, a lo que se añade la falta de personal con formación necesaria para la radioscopia, haciendo imposible el correcto funcionamiento del servicio. Estas carencias estructúrales son las causas reales de las colas y retrasos que han sufrido los usuarios en la temporada alta de vacaciones.

Estos servicios son considerados por las Administraciones Públicas como esenciales para la comunidad, en cambio son licitados a la baja con los consiguientes efectos negativos para el servicio que se ofrece a la ciudadanía. Máxime en actividades donde los recursos humanos representan la mayor parte de los costes económicos, lo que produce irremediablemente precariedad y bajos salarios. Esta no es una situación aislada, ya que se reproduce en la mayoría de las concesiones de las instalaciones estratégicas y en muchas ocasiones calificadas de alto riesgo. La política de recortes económicos y sociales, impuestas por el Gobierno del Partido Popular a todo el sector público, junto con la devaluación salarial provocada por la Reforma Laboral han llevado a las empresas a desarrollar malas prácticas: abandonar los criterios de calidad del propio servicio y primar las ofertas a la baja, sin importar los incumplimientos laborales y sociales.

Durante la huelga el deber de negociar al que están obligadas AENA y EULEN ha sido sustituido por las actuaciones del Ministerio de Fomento del Gobierno Central y la Conselleria de Treball de la Generalitat de Cataluña, las dos grandes empresas han sido auxiliadas por los poderes públicos bajo el argumento de tratarse de un servicio esencial para la comunidad.

Las medidas adoptadas ante la huelga lo dicen todo: La Delegación del Gobierno en Cataluña impuso unos servicios mínimos del 90% de la plantilla a los trabajadores y el Gobierno Central desplego a la Guardia Civil en los controles de seguridad, medida que no se pude justificar por razones de seguridad, cuando estamos ante evidentes problemas de organización provocados por la falta de previsión de los responsables empresariales. Estas medidas fueron rechazadas por UGT y CCOO por atentar gravemente contra el legítimo derecho de huelga de los trabajadores.

La Conselleria de Treball planteó una mediación entre las partes, llegando a presentar una propuesta, que, entre otras medidas, abarcaba complementos salariales; ampliación de la plantilla; mejoras en la organización del trabajo y en la formación. La propuesta fue acepta públicamente por EULEN, con el apoyo de AENA, y rechazada dos veces por la asamblea de trabajadores, ya que la consideraron claramente insuficiente: frente a la demanda de los trabajadores de un complemento de 250 euros por 15 pagas la propuesta de mediación era de 200 euros por 12 pagas, junto a otras insuficiencias en materia de empleo y condiciones de trabajo.

A partir del rechazo por la asamblea de trabajadores de la propuesta de mediación, tanto el Gobierno Central como la Generalitat de Cataluña han estado más preocupados por anular la huelga, cuyos efectos estaban muy limitados por las medidas abusivas antes descritas, que por solucionar el conflicto. Para ello, el Gobierno del Partido Popular ha impuesto un arbitraje obligatorio, figura utilizada unas 12 veces en la historia de las relaciones laborales de nuestro país, la mayoría en el transporte aéreo. El arbitraje obligatorio es válido desde el punto de vista legal, pero en este caso está completamente injustificado pues en absoluto se han agotado las diferentes alternativas de negociación.

Coincidiendo en el tiempo, como si se tratara de una pradera seca, se han anunciado otras movilizaciones en la seguridad privada en distintas instalaciones aeroportuarias: Alicante, Valencia, Santiago, La Coruña, Madrid, etc. Las federaciones sindicales de CCOO y UGT junto la patronal sectorial han instado al Gobierno a abrir una comisión de trabajo de ámbito estatal para tratar la problemática y las condiciones de trabajo de la seguridad privada en las instalaciones estratégicas, el Gobierno ha asumido esta iniciativa sindical y se plantea también la presencia de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A su vez los interlocutores sectoriales están inmersos en la negociación del convenio colectivo estatal, donde se deben afrontar los retos que tiene el sector de conjugar el empleo de calidad con la competitividad de las empresas.

El árbitro ya ha emitido su laudo arbitral obligatorio, que en gran medida incorpora las propuestas del mediador de la Conselleria de Treball y anula las sanciones impuestas por EULEN a los trabajadores durante los días de huelga. La asamblea de trabajadores ha rechazado el laudo, también han anunciado que lo van a recurrir y han desconvocado los paros previsto para este mes y, paradójicamente, anuncian nuevos paros para el mes de octubre en el caso de que la empresa incumpla las medidas previstas en el laudo obligatorio.

De este conflicto laboral, que sigue abierto, el Gobierno del Partido Popular debería tener en cuenta algunas cuestiones si se quieren superar estas situaciones de conflictividad, en base a apostar por empresas que compitan respetando el empleo de calidad y los salarios dignos. En la futura Ley de Contratos del Sector Publico, en la fase final de su tramitación en el Senado, se  debería incorporar la obligación de respetar las condiciones laborales y sociales para evitar las situaciones de precariedad y bajos salarios, junto con la urgencia de la derogar la Reforma Laboral para devolver a la negociación colectiva su función de cohesión, vertebración y articulación a través de los convenios sectoriales y recuperar el equilibrio en las relaciones laborales.