“Tenemos un importante trabajo que hacer, oportunidades reales que aprovechar, problemas reales que resolver, cuestiones reales de seguridad a las que enfrentarnos”. Estas palabras pronunciadas por Bill Clinton, el 17 de agosto de 1998, en uno de los mayores momentos de tensión política y división en EEUU, son plenamente aplicables a esta España de 2016, donde dentro de poco habrá un Gobierno en minoría, después de más de 300 días de Gobierno en funciones, en un Parlamento muy fragmentado. Y son aplicables, para que nos ocupemos de lo importante para los ciudadanos y no de otras cuestiones que pueden llegar a paralizar un país. El ejemplo es que estas palabras están dentro de un discurso televisivo donde el Presidente Clinton se vio obligado a reconocer haber mantenido relaciones inadecuadas con Mónica Lewinsky.

Uno de los principales motivos de la crisis de representación que vivimos en España, y en el resto de las democracias europeas, es que la agenda de los Gobiernos no ha coincidido con los anhelos mayoritarios de unos ciudadanos, que votaban a uno u otro partido político con la esperanza de que se encargara de sus necesidades y deseos, es decir, de procurarles como ciudadanos un mínimo de bienestar. Por tanto, ahora que comienza una nueva legislatura, es necesario resaltar que, tanto el Gobierno como los partidos de la oposición, tienen la obligación moral y democrática de conectar la agenda de los ciudadanos con la del Gobierno y el Parlamento.

Esta sintonía, entre lo que demandan los ciudadanos y realizan los Gobiernos elegido democráticamente, tiene que tener en las próximas semana su reflejo en uno de los grandes mandatos que han dado los ciudadanos a sus representantes políticos. Me refiero a que la mayoría de los españoles no quieren más recortes, y desean que se produzca un amplio acuerdo en el Parlamento que garantice unos más y mejores servicios públicos y los recursos necesarios para sostener cada uno de ellos.

Y no hay excusas que valgan, porque no es que los ciudadanos estén preocupados por los recortes que se han producido en los servicios públicos  estos años, que lo están, como demuestra que el 51,2 por ciento de los españoles habla mucho/bastante sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Sino que están a favor mayoritariamente de mejorarlos aunque haya que pagar más impuestos.

Concretamente, cuando en el barómetro del CIS, del mes de julio de este año, se pide a los españoles que se ubiquen en una escala donde 0 es “mejorar servicios públicos aunque haya que pagar más impuesto” y 10 “pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos”, un 74,9 por ciento se sitúa entre el ceroy el cinco, mientras un 15,8 se sitúa entre el seis y el diez. Este posicionamiento, reafirma que la población tiene claro el modelo de sociedad donde desea vivir, más allá de las derivas neoliberales de las últimas décadas, y especialmente de las políticas de austeridad que se han llevado a cabo durante la presente crisis y que ahora critican como ineficaces hasta los que las impusieron.

Y aquí entramos en otra de las grandes reformar que es urgente abordar: la fiscalidad. ¿Con qué fin? Partiendo de que un 55,6 por ciento de los españoles opina que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos; un 29 por ciento cree que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué; y un 12 por ciento opina que los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad; el objetivo será aumentar la prosperidad, la igualdad y el bienestar de la población.

Todo ello haciendo cumplir el artículo 31.1 de la Constitución, que señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Porque actualmente un 86,6 por ciento de los españoles cree que los impuestos no se cobran con justicia y no pagan más quienes más tienen.

Simplificar la fiscalidad y hacerla más justa hará posible contar con una recaudación permanente y adecuada, que posibilite unos servicios públicos de calidad para toda la población. En ese camino sería bueno desarrollar también una cultura de protección de lo público, una mayor información sobre lo que suponen los impuestos y quien y cuánto paga, y una persecución eficaz del fraude. De este modo se superaría una realidad donde continua existiendo la percepción de que: a) se pagan demasiados impuestos. Un, 61,2 por ciento de los españoles cree que los españoles pagamos muchos impuestos; b) se pagan más impuestos que en otros países europeos. Un 35,5 por ciento cree que se pagan más impuestos en España en comparación con otros países más avanzados de Europa; c) estamos en un país con un gran fraude fiscal. Un 94,6 por ciento de la población cree que existe mucho o bastante fraude fiscal.

Es tiempo de soñar. Es tiempo de acción. Es tiempo de aprovechar las oportunidades para mejorar España.