La operación del 9 de noviembre, que nadie sabe muy bien qué fue exactamente en estrictos términos jurídico-políticos, no debe quedar al margen de unos análisis mínimamente rigurosos. Desde un punto de vista sociológico, la mezcla de simulacro electoral y acto festivo-reivindicativo ha supuesto –empíricamente- la iniciación de una vía política tan rara como incalificable, que aparta a los partidos secesionistas catalanes de los procedimientos democráticos rigurosos que existen en los países serios, con las garantías procedimentales merecedoras de tal nombre. Lo cual es malo para todos.

El problema es que cuando uno empieza a transitar por esa senda no se sabe bien cuáles van a ser los límites de dicha actuación. ¿Sin ningún límite? Por mucho que se quieran justificar o explicar determinadas formas de proceder, la democracia no es una cosa de más o menos, de ser o no ser un poco democrático. Y cuando esto no se tiene claro, cualquier cosa puede terminar por suceder. No hay que volver mucho la vista atrás en la historia para constatarlo.

Por eso, desde el punto de vista de un análisis objetivo no puede negarse que los secesionistas catalanes el 9 de noviembre han traspasado una línea peligrosa. Y, por mucho que se edulcore el envite, es inevitable que tenga consecuencias. Desde luego, la primera consecuencia es alimentar entre una parte importante de la población una sensación falsa y fallida de realidad alternativa, de emoción nacionalista exaltada encumbrada que se rodea de una apariencia de realidad que, en la medida que no tenga una traducción práctica inmediata, va a dar lugar a bastantes frustraciones. Sobre todo, entre aquella parte de la juventud separatista más exaltada que no esté dispuesta a refrenar el fuego de las emociones que algunos están despertando, sin tener prevista la solución o salida al órdago que ha lanzado.

Más allá de la legitimidad del procedimiento utilizado y de la falta de rigor democrático demostrado en el simulacro realizado, los datos que han podido registrarse tampoco han sido como para que el Sr. Mas y sus compañeros de aventura se pongan a tirar cohetes.

A pesar de que el pseudo-referéndum se ha producido sin un censo previo fiable ?¡lo cual es algo insólito!? y de que podían votar los que tienen entre 16 y 18 años, los extranjeros que así lo quisieran y los que aún desearan hacerlo durante los días posteriores al 9 de noviembre, así como los que entregaran cualquier tipo de papel o documento, la realidad es que los secesionistas apenas han logrado movilizar a un tercio del total de residentes en Cataluña. Según parece, solo un 30% del censo posible. Bastantes menos que en cualquier elección autonómica, y muchísimos menos que en unas elecciones generales.

Estos resultados implican un contraste muy notable con lo que suele ser habitual en los procesos plebiscitarios que se organizan por gobernantes que cuentan con todos los resortes del poder y en los que, generalmente, los niveles de participación suelen ser superiores al 80% y los respaldos no bajan del 90%. ¿Por qué no ha ocurrido eso en esta ocasión? ¿Por qué –aún así- una parte de los medios de comunicación social han presentado los resultados como un gran éxito del señor Mas? Posiblemente, la respuesta más sencilla nos remita a aquel célebre aserto que sostenía que cuando se empieza a erosionar la democracia una de las primeras víctimas es la verdad.

No se puede negar, en cualquier caso, que la cifra de cerca de dos millones de secesionistas no es que deba minusvalorarse. Pero lo cierto es que se trata de una minoría de la población de Cataluña. ¿Puede imponer una minoría de este tipo, por muy movilizada, entusiasmada, bien organizada y bien financiada que esté, su voluntad a toda Cataluña y a toda España en un asunto de tanto alcance y gravedad como separarse irreversiblemente de España? El simple hecho de que algunos así lo crean –y pretendan– proporciona la medida de lo complicado que va a ser afrontar la situación ante la que nos encontramos.

En buena lógica democrática –y hasta en términos de un buen talante personal–, es evidente que una minoría exaltada, por muy importante que sea, no puede imponer su voluntad sin más a un país maduro y democrático. ¿Por qué no lo entienden algunos? Ese es, precisamente, uno de los problemas del nacionalismo. Su intolerancia impositiva, y su propósito de afirmación no negociable.

Uno de los aspectos más reseñables del balance sociológico del 9 de noviembre es que, pese a toda la carne puesta en el asador y a que Cataluña está en uno de los momentos más álgidos de su exaltación emocional separatista, los votos del SI en el simulacro de referéndum no han logrado ni siquiera superar la cifra de los votantes habituales de los partidos nacionalistas. Lo cual implica que si se resta a los menores de 18 años que han votado, a los extranjeros que no están censados y a otros eventuales votos que se hayan colado o “repetido”, debido a la ausencia de garantías y controles democráticos mínimamente homologables, la realidad es que los secesionistas se han quedado estancados. Es decir, continúan siendo los que son.

Y ello, a pesar de todo el despliegue de presiones –incluso intimidatorias– que se han desplegado en los días anteriores del 9 de noviembre. Las miles y miles de visitas domiciliarias, que bajo excusa de “hacer una encuesta”, se han realizado, no diciendo la verdad de que se estaba realizando propaganda lisa y llanamente –lo cual también contraviene todas las normativas sobre las encuestas–, han llegado a conformar una presión intolerable sobre muchos catalanes en sus propias casas, que han visto cómo eran incluidos en las correspondientes listas de votantes favorables, y no votantes. Lo cual es una auténtica monstruosidad antidemocrática que no respeta los más mínimos derechos al voto libre y secreto.

El hecho de que en el simulacro organizado por el señor Mas se hayan registrado más de trescientos mil votos contrarios a la secesión de Cataluña, puede ser un indicador –al menos en parte– del grado en el que se han ejercido unas presiones que algunas personas han considerado difícil de resistir en las condiciones actuales. Y las presiones no van a parar.

En consecuencia, después del 9 de noviembre –más allá de las reacciones propagandísticas de las primeras horas– es necesario realizar análisis precisos y detallados de los entresijos sociológicos y politológicos de la situación, sin olvidarnos de que en este caso estamos hablando también de las exigencias de una Democracia. De una verdadera democracia en la que sean respetados todos los derechos y garantías de los ciudadanos. Por todos y para todos. ¿Se puede transigir en esto o mirar para otra parte?