Las cifras actuales de inflación son históricamente altas y pueden desatar problemas macroeconómicos graves. Las dificultades de suministros y los precios de la energía son causantes centrales, y se hicieron evidentes cuando se empezó a reactivar la economía mundial tras la pandemia. Pero tenían tendencias de fondo. Estas tendencias venían marcadas por la creciente escasez de recursos energéticos primarios: principalmente, combustibles fósiles. Éstos son recursos no renovables, se están agotando y no les hemos encontrado sustitutos viables. Tenemos aquí un problema –y un desafío– relacionado de forma directa con la transición energética.

De esta manera, el encarecimiento de la energía comporta el de prácticamente todos los productos y servicios. Un caso claro es la agricultura industrial, cuya maquinaria y transporte requieren la utilización de enormes cantidades de combustible fósil, sobre todo diésel. La subida del precio del gas también hace incrementar los precios de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, que se producen con gas natural, lo que, de nuevo, dispara los costes de producción del sector. Al igual que la energía, los alimentos son bienes básicos que intervienen en la cadena de producción de muchísimos bienes y servicios, lo que exacerba la situación de aumento generalizado de precios.

Ese incremento de precios está teniendo consecuencias económicas no deseadas. Por un lado, va a hacer que los salarios reales caigan. Esto promoverá que disminuya la capacidad adquisitiva de los hogares, lo que reducirá el consumo y la demanda agregada. Además, las empresas españolas perderán competitividad y, por tanto, es probable que la demanda agregada también caiga por la vía de las exportaciones netas (salvo que un brutal desplome de las importaciones, fruto de la contracción del consumo, lo evite). Otro componente crucial es la inversión privada. En un contexto en el que las empresas ven reducidas sus ventas y se disparan sus costes de producción, no parece que vayan a endeudarse o utilizar recursos propios para aumentar su capacidad productiva. Más bien todo lo contrario. Nos queda, por tanto, solo una variable de demanda agregada que tire del carro: el gasto público. Sin embargo, muchos creen que ha llegado el momento de la consolidación fiscal. Se añade a esto otra vía: la reducción de los impuestos que, se indica, corregirá la inflación. Algo indemostrado en economía: un nuevo mensaje teológico que descansa sobre la fe, el dogma…y la ideología.

Ahora bien, una política precipitada de consolidación fiscal puede ser grave. La derivada más extrema –la que algunos dirigentes económicos y políticos tienen en la cabeza– infiere un retorno a la austeridad. Sus consecuencias fueron letales para la recuperación económica europea durante la Gran Recesión, con un retraso de seis años en relación a la estadounidense. Las medidas que se adopten y que supongan la contracción de la demanda agregada, en el marco de esa lógica estricta de consolidación fiscal, no tendrán efectos positivos para la recuperación saludable de la economía.