El próximo 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los socialistas recordamos a todas aquellas personas trabajadoras que han perdido su vida, que se han lesionado, o han visto disminuida su salud, por el simple hecho de ejercer el derecho al trabajo como valor social básico constitucional. Es también un día de solidaridad con sus familias que han visto como su vida ha sufrido un cambio radical.
En esta jornada reafirmamos el compromiso con la defensa de la salud y de unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables. El lema elegido este año por la Organización Internacional del trabajo (OIT) ha sido “Un entorno laboral seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental en el trabajo”, y está en consonancia con la decisión adoptada en su 110ª Conferencia celebrada el pasado 11 de junio, en la que se incluyó el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable dentro de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Lo que se traduce en un compromiso de todos los Estados miembros que componen la OIT a respetar y promover este derecho, hayan o no ratificado los convenios pertinentes (C155 y C187), dejando claro que son derechos universales y que se aplican en todos los estados, independientemente del nivel de desarrollo económico.
Un indicador para medir la situación del sistema preventivo y del estado de salud de las personas trabajadoras son las cifras de accidentes de trabajo. Según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022 en nuestro país se han producido un total de 1.196.425, de los cuales 564.701 son sin baja y 631.724 con baja. El total de accidentes de trabajo con baja, se ha incrementado un 10,4% más que los producidos en el año anterior.
826 personas trabajadoras fallecieron por accidente de trabajo en 2022, 121 más que en 2021. Se incrementan tanto los accidentes mortales en jornada de trabajo como también las muertes in itinere.
Respecto de los accidentes graves, que pocas veces se mencionan pero que suelen dejar difíciles secuelas a las personas trabajadoras y a sus familias, se produjeron un total de 3.801 en jornada de trabajo, un 2,7% más que en 2021, mientras que los siniestros ‘in itinere’ de carácter grave aumentaron un 4,9%, con un total de 913 accidentes. Todas ellas cifras intolerables para una sociedad avanzada como lo es la española involucrada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con su herramienta de cumplimiento que es la Agenda 2030.
Otra referencia a tener en cuenta son las enfermedades derivadas del trabajo. Las cifras siguen siendo insignificantes respecto de los accidentes de trabajo. En 2022 se han comunicado 22.589 partes de enfermedad profesional en CEPROSS (sistema de comunicación de enfermedades profesionales) y 19.731 de accidentes de trabajo en PANOTRATSS (sistema de comunicación de Patologías No Traumáticas), lo que hace un total de 42.320 enfermedades derivadas del trabajo, un 3,5% sobre el total de accidentes de trabajo. Se confirma la falta de notificación y declaración de las mismas, y por tanto su no prevención. No hay interés en su declaración, tan sólo son visibles para los trabajadores y trabajadoras que las padecen. Ni los poderes públicos, ni las empresas, ni las entidades encargadas de su prevención y de su comunicación, ni los servicios de prevención, avanzan hacia un mayor registro de las mismas, dificultando actuar frente a ellas.
Los cánceres de origen profesional, las enfermedades musculoesqueléticas, o las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, siguen sin tener un espacio definido en el ámbito preventivo. Ejemplo de ello es el amianto y los estragos que sigue causando en las personas trabajadoras.
Merece hacer una parada en el cáncer de origen profesional que es una de las principales causas de mortalidad laboral en la Unión Europea. Se estima que los agentes cancerígenos son los causantes de unas 100.000 muertes cada año por cáncer de origen laboral. El Marco Estratégico de la UE señala que el 52% de las muertes relacionadas con el trabajo en Europa se producen por cáncer. La lucha contra los cánceres relacionados con el trabajo ha de convertirse en una prioridad para nuestro país. En 2022, el Grupo 6 de agentes carcinógenos, es el que registra un número menor de partes comunicados, 107, sólo 20 con baja. De los que 76 corresponden a cánceres por exposición al amianto, sólo 12 con baja.
Lo mismo sucede con las enfermedades derivadas de los riesgos psicosociales, depresión, estrés, ansiedad, ninguna de ellas se encuentra en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, por lo tanto, no se notifican. En el mejor de los casos se declaran como accidente de trabajo (art. 156 e) del RD 8/2015 texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social). En 2022, tan sólo se han comunicado 113 partes por desórdenes mentales como Patologías No Traumáticas.
Volvemos a comprobar como las cifras no reflejan la realidad de la situación de la salud mental laboral, ya que estos daños no se registran como contingencia profesional. Esto contrasta con la evidencia científica que establece la asociación entre factores de la organización del trabajo, como la intensificación o la combinación de altas exigencias y bajo control en el trabajo, y el deterioro de la salud mental.
La falta de cultura preventiva en la sociedad y en las empresas permanece latente. El sistema educativo no ha interiorizado el concepto de riesgo, ni en la escuela, ni en la formación reglada ni en la no reglada, ni tan si quiera en muchos casos se plantea en los itinerarios formativos de la formación profesional. Igual que se hacen esfuerzos con la realización de campañas de concienciación con los accidentes de tráfico o contra la violencia doméstica deberían realizarse contra la siniestralidad laboral. Hay que acercar este problema a la sociedad. No es tolerable que los trabajadores y las trabajadoras fallezcan en sus trabajos, ya que la mayor parte de las veces los accidentes laborales se pueden evitar.
Ante la situación descrita, en el entorno de este 28 de abril de 2023 es una obligación plantear la precaria situación en la que se quedan las víctimas de contingencia profesional. Detrás de cada cifra siempre hay una cara, un rostro, personas trabajadoras, familias sumergidas en un dolor inmenso producido por un accidente o una enfermedad grave que generan en muchos casos discapacidades, aumentan la desigualdad y la inseguridad laboral.
Las víctimas necesitan ayuda, y el sistema preventivo actualmente no se la está prestando. Tramitación de seguros, procedimientos ante la seguridad social, gestión de indemnizaciones, asistencia jurídica, ayuda psicológica, recapacitación y nueva formación profesional, son algunos de las necesidades que se manifiestan tras un accidente y que carecen para su resolución de asistencia alguna por parte del sistema preventivo. Establecer mecanismos de colaboración con las victimas e instrumentos que faciliten la resolución de los inconvenientes que surgen tras producirse una contingencia profesional, ha de ser una prioridad. Este debe ser uno de los aspectos que aborde la Reforma Normativa del marco preventivo y que ha de incorporarse a las políticas públicas. Construyamos un modelo de trabajo más saludable y más seguro, que frene esta lacra social.
Se requiere incorporar en el debate político reflexiones sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema público de salud laboral y protección social, que reduzca la precariedad además de contemplar la ayuda y atención de las víctimas de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo.
Por esto, en este día internacional de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos la obligación como socialistas de hacer balance de las políticas preventivas y de analizar cómo es posible frenar esta situación. La siniestralidad laboral conlleva sufrimiento y grandes costes emocionales, sociales, y económicos, construyamos un mundo laboral más saludable y más seguro. Recuperemos el concepto de trabajo decente, digno y soveltemos la deuda con Las víctimas de contingencia profesional, ayudándoles a tener una vida digna y poder vivir en un estado de bienestar decente.
