El 7 de enero se ha elegido por fin a un Presidente del Gobierno, al candidato socialista Pedro Sánchez. Elección con algunas particularidades como es el tipo de Gobierno, un Gobierno de coalición, algo que no ocurría en España desde la efímera Junta del Coronel Casado, en marzo de 1939, o el hecho de que partidos independentistas hayan pactado una abstención (que era necesaria), lo que constituye el primer acto de diálogo entre partidos constitucionales y partidos secesionistas. Una investidura de este tipo incita a muchos comentarios pero vamos a empezar por glosar: a) el tipo de acuerdos que ha permitido que partidos tan diferentes al P.S.O.E. hayan acordado, de una forma u otra, apoyar o al menos no dificultar la constitución de un Gobierno socialista; b) las previsibles líneas políticas del nuevo Gobierno; c) los intentos de impedir ilegítimamente la elección de Sánchez; d) como consecuencia de lo anterior, la actitud de los tres partidos de la posición conservadora; y e) los instrumentos para deslegitimar al nuevo Gobierno.

a) el tipo de acuerdos que ha permitido que partidos tan diferentes al P.S.O.E. hayan acordado, de una forma u otra, apoyar o al menos no dificultar la constitución de un Gobierno socialista. La prensa conservadora se refiere estos días a Esquerra Republicana o a Bildu como los aliados del P.S.O.E., lo que supone un nivel muy elevado de entendimiento con unos objetivos comunes. Nada de eso. Si vemos las negociaciones que el P.S.O.E. han mantenido con Unidas – Podemos, con Esquerra, con Bildu y con otros partidos y agrupaciones minoritarias (P.N.V., Teruel Existe, BNG, Compromís, etc.) podemos ver que el P.S.O.E. ha realizado una operación realmente compleja de entendimiento con otros partidos. La operación más delicada pero conceptualmente más sencilla ha sido el acuerdo de coalición con Unidas – Podemos. Es verdad que en el nivel del Estado la coalición gubernamental era una experiencia inaplicada pero, además de la práctica continuada en el ámbito autonómico, todos los Gobiernos de la Segunda República fueron de coalición y también lo fueron algunos de la Monarquía de Alfonso XIII, en los años anteriores a al golpe de Estado de Primo de Rivera. Por la falta de práctica y porque la convivencia de varios partidos dentro de un Gobierno, una coalición siempre es problemática pero este Gobierno actuará de una manera y con unas prácticas nuevas que abren un camino desconocido de hacer política en España. Sobre Gobiernos de coalición, por cierto, hay una bibliografía inmensa (véase el núm. 244, octubre 2016, de Sistema. monográfico sobre Gobiernos de coalición), por lo que no parece justificada la `primera plana de ABC de 8 de enero, “Presidencia bicéfala”. ¿No saben en el diario de la derecha lo que es un Gobierno de coalición?

¿Y los “aliados” de Esquerra y Bildu? Cuando Giovanni Sartori no era aún el sociólogo mediático que conocimos en sus últimos años, dirigió una obra excelente sobre la dinámica política del Parlamento italiano (Il Parlamento italiano 1946-1963, Nápoles, 1963) donde se analizaban los diversos tipos de acuerdos intraparlamentarios, su contenido y su finalidad. Esa obra es muy útil para entender los acuerdos que el P.S.O.E ha alcanzado con Esquerra y con Bildu. Por de pronto, ha sido un acuerdo que ha facilitado la investidura de Sánchez con grandes reticencias porque ambos partidos no han votado afirmativamente. En segundo lugar, especialmente en el caso de Esquerra, ha sido un acuerdo carente de colaboración en la acción del Gobierno, como se vio en la intervención de la Diputada Montserrat Bassa, que se situó en un horizonte mental e ideológico opuesto al candidato socialista, de modo que lo que se ha pactado con ese partido secesionista es más un método de diálogo para desactivar la crisis independentista que la concurrencia en la política gubernamental. En cuanto a los acuerdos con los restantes partidos, desde el P.N.V. hasta Compromís, son acuerdos parciales, que es lo propio de los pactos entre un partido mayoritario y otros mucho más reducidos. Sería adecuado, pues, que la prensa de derechas fuera más precisa en sus expresiones y no empleara términos erróneos que además están cargados de sentido peyorativo.

b) las previsibles líneas políticas del nuevo Gobierno. Las líneas políticas del nuevo Gobierno discurrirán por dos sendas, la senda social y la senda autonómica, en especial catalana. La senda social está bien expresada en el acuerdo de coalición con Unidad – Podemos y es previsible que genere las inevitables resistencias conservadoras y empresariales pero, como señalamos aquí hace unos días (Javier García Fernández: “Un programa socialdemócrata de Gobierno bastante moderado”, Sistema Digital, 2 de enero de 2020), se trata de un programa moderado, asumible por muchos empresarios que sólo una derecha que vive en el monte, y no en el llano, puede criticar y torpedear.

Más complejo será el programa territorial. Con Esquerra se ha pactado, ante todo, un método de diálogo pero el diálogo tiene límites jurídicos (la Constitución) y límites políticos (los independentistas no representan ni a la mitad de la población de Cataluña) y sin duda dará lugar a unas conversaciones duras y azarosas. El tema se complica, además, porque las soluciones jurídicas para la crisis catalana pueden dar lugar a reivindicaciones en otras Comunidades Autónomas. Por eso sería importante para el Gobierno aclarar su propia hoja de ruta a sabiendas de que la reforma del Estatuto de Autonomía puede ser un objetivo pero otro objetivo es, antes o después, la reforma constitucional. Por otra parte, el hecho de que el Gobierno de la Nación dialogue con el Gobierno autonómico y con los partidos secesionistas no empece para que el Gobierno del Presidente Sánchez diseñe su propia agenda catalana, con objetivos y estrategias propias.

c) los intentos de impedir ilegítimamente la elección de Sánchez. Debemos recordar el pesado ambiente que se respiraba en el Congreso, con el temor de un nuevo “tamayazo” pero la conspiración debió empezar antes. La conspiración quizá comenzó cuando el Partido Popular y Ciudadanos solicitaron de la Junta Electoral Central la inhabilitación del Presidente Torra, obligando a este órgano a salirse de sus atribuciones y entrar en el campo de los Tribunales, cuando no es más que un órgano administrativo (la cabeza de la Administración electoral) y no judicial. Lo grave fue la conspiración: partidos, catedráticos, un oportuno artículo en El Mundo que suministra los argumentos, ¿algún Magistrado? Diseñaron una operación destinada a poner en un compromiso a Esquerra y forzarla a votar contra la investidura de Sánchez (véase Javier García Fernández: “Cómo el Presidente Torra ha sido inhabilitado por un órgano incompetente”, Sistema Digital, 4 de enero de 2020). Y aunque no salió, tuvo que haber un cerebro de la operación que movilizó además a diversos vocales de la Junta. Eso se llama conspiración.

Pero no cejaron en sus propósitos, el cambio de voto del PRC y de la Diputada Oramas indican que la operación estaba programada. También era sospechoso el editorial de El Mundo del mismo día 7 de enero, que, en primera plana, se titulaba “Votar en conciencia” y contenía la siguiente reflexión: “Ningún imperativo legal obliga a un diputado a acatar la disciplina de voto”. Si añadimos a esto la impúdica e inútil campaña de la Diputada Arrimadas, pidiendo a los Diputados socialistas que traicionaran a su partido para satisfacer su propia frustración política, y las amenazas al Diputado de Teruel Existe, hemos de llegar a la conclusión de que esta vez ha habido una operación sucia, desestabilizadora de la democracia, que diversas derechas han apoyado y no debería quedar en el olvido quienes han movido los hilos, como ya ocurrió en 2003. Es cierto, y eso no lo ha tenido en cuenta la Diputada Arrimadas, que el precio social pagado por Tamayo y Sáez fue muy duro, por mucho dinero que recibieran, y a nadie le gusta convertirse en un apestado para el resto de sus días. Pero lo preocupante no es el intento fracasado sino la posición que hoy han ocupado las tres derechas.

d) la actitud de los tres partidos de la posición conservadora. Siempre hemos sabido que la derecha española bebe de una ideología muy tosca, a saber, el derecho natural a gobernar que poseen ciertas élites, burguesas o aristocráticas. Esta ideología aflora en España cada vez que la izquierda forma Gobierno (1931-1933, 1936-1939, 1982-1996, 2004.-2011, y desde 2018 hasta hoy) cuando la derecha política y las élites conservadoras que se sitúan tras la derecha se revuelven al pensar que unos muertos de hambre van a pisar las valiosas alfombras de los Ministerios. Estamos acostumbrados a la rabia de la derecha que fue muy visible en 1982 pero si la decepción de burgueses y aristócratas se limitara a sacar su rabia, no sería problema. Es, en cambio, un problema, cuando pasan de la rabia por la posición social perdida a la conspiración para recobrar ilegítimamente esa posición. En el debate de los días 4 y 5 de enero pasado hemos visto atisbos de esa actitud conspiratoria, actitud que comienza siempre por negar legitimidad a la izquierda que ha alcanzado el poder. ¿De qué manera? En cada momento, de una manera distinta, de modo que en 2004 era la sospecha de unos atentados teledirigidos por el P.S.O.E. (todavía hoy hay recalcitrantes que lo insinúan), en 2018 fue una coalición de rojos y separatistas que arrebató a Rajoy el legítimo ejercicio del poder y en 2020 es otra alianza contra natura pero esta vez es mucho más peligrosa. Lean en el Diario de Sesiones, las intervenciones de Casado, Abascal y Arrimadas, olviden el tono faltón y provocador de todos ellos, olviden cómo gesticulan estas derechas ante Bildu (verbi gratia, la mala educación de Suárez Illana que es Vicepresidente de todos los Diputados pero practica la descortesía parlamentaria hacia un Grupo Parlamentario) y, tras hacer abstracción de todas estas provocaciones, estudien el contenido de los discursos de los tres dirigentes de la derecha. Y descubriremos un discurso radicalmente deslegitimador, deslegitimación que se funda en la supuesta alianza con los independentistas catalanes y vascos y también en que esa alianza ha sido un engaño a los electores del P.S.O.E., que votaron un programa distinto.

La verdad es que si en un examen de Derecho constitucional o de Ciencia Política un alumno llegara a hablar de esa “ilegitimidad” del P.S.O.E. en los términos empleados por las tres derechas, sería calificado con un suspenso porque la ilegitimidad del poder, por origen o por ejercicio, se conoce bastante bien desde el pensamiento medieval y no valen cuatro ocurrencias arrancadas de la coyuntura, para deslegitimar a un Gobierno. Pero si la argumentación de las tres derechas es doctrinalmente pobre, su eficacia puede ser elevada. Depende de la cobertura que le den los medios de comunicación de la derecha y en la actualidad, los diarios más conspicuos como ABC, El Mundo y La Razón, se han apuntado a la deslegitimación como vemos en el editorial de El Mundo del 8 de enero (“Sánchez consuma la ruptura con la Transición” que contiene la siguiente afirmación “La ruptura del compromiso constitucional del PSOE aboca a España a un Gobierno rehén de ERC”). Y para deslegitimar vale todo como se ha visto el mismo 8 de enero con la rueda de prensa que ha dado la Presidenta de Madrid que, imitando a Torra, ha advertido que se opondrá a la política de Sánchez que viene a cercenar las libertades y derechos de tan histórica Comunidad.

De modo que, con una intensidad mucho más elevada que en el pasado, la derecha va a lanzar un discurso de deslegitimación del Gobierno de Sánchez pero ese discurso tiene un fin, que es liquidar lo antes posible al Gobierno socialista. ¿Cómo? ¿Con qué medios?

e) los instrumentos para deslegitimar al nuevo Gobierno. El primer instrumento, que ya hemos visto, ha sido el fracasado (por insuficiente, no porque no haya obtenido respuesta) “tamayazo” al que ningún Diputado socialista, de Podemos, de Esquerra o de Bildu ha querido sumarse. Pero la fracasar el nuevo “tamayazo” y dadas las prisas por impedir que Sánchez gobierne, hay que buscar medios contundentes. Y ahí aparece el llamamiento sibilino a las Fuerzas Armadas, llamamiento que inició hace unas pocas semanas el antiguo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Fulgencio Coll, que se permitió descalificar al Presidente del Gobierno que le ascendió y le otorgó por cuatro años el rango administrativo de Secretario de Estado. El artículo de Coll no era un exabrupto (no es una persona que se deje llevar fácilmente por las pasiones) sino el primer paso de una operación ideada por Vox y a la que parece haberse sumado el PP para amenazar con las Fuerzas Armadas y, lo que es todavía peor, con el Rey. Y después ocurrió lo que nunca había acaecido. El 5 de enero, El Mundo publicó un artículo firmado por Eduardo Álvarez (“Sánchez le hace la pascua al Rey” que incitaba “a la Corona” a hacerse respetar, para lo cual proponía que el Rey no hablara en la ceremonia de la Pascua Militar o “si el Gobierno en funciones le obliga [sic] a decir algo”, que se limitase a recordar los artículos 2º y 8º de la Constitución. ¿Es consciente el director de El Mundo de lo que significa incitar al Rey a un conflicto abierto con el Gobierno? ¿Es consciente que esas iniciativas sólo procedían de panfletos fascistas, nunca de los diarios españoles de más difusión? ¿Es consciente, en fin, el director de El Mundo que incitar al Rey a un conflicto público con el Gobierno puede suponer el final de la Monarquía?

El juego, digámoslo claramente, es muy peligroso. Implicar al Rey en una operación política conduce a la República, por lo que deberían aguantar sus deseos estos aprendices de Primo de Rivera. E implicar a las Fuerzas Armadas contra el Gobierno conduce al 23-F y aunque España no es Bolivia, no sería malo que quien ocupe el Ministerio de Defensa dentro de unos días sea consciente de que hay una derecha que está lanzando cantos de sirena a los Ejércitos.

El nuevo “tamayazo” y las operaciones para implicar al Rey y a las Fuerzas Armadas nos muestran la catadura de una derecha que dentro de poco quizá no sea democrático no constitucional. En 1922, Alfonso XIII pronunció un discurso autoritario en Córdoba pero todos callaron. A finales de 1980 empezaron a publicarse en El Alcázar unos artículos anónimos firmados por “Almendros” pero el Ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, no se atrevió a indagar o, si lo hizo, no reaccionó ante una amenaza anunciada. Hoy, el tema es para estar preocupados y atentos.