El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó, el pasado mes septiembre, su propuesta de “Un nuevo modelo salarial hacia un nuevo Pacto de Rentas para España “, que persigue superar la actual situación del mercado de trabajo español, caracterizado por la precariedad y los bajos salarios que provocan profundas desigualdades y aumento de la pobreza laboral. Con posterioridad, el 19 de septiembre, el Pleno del Congreso de Diputados aprobó el texto de la Moción sobre medidas para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto más justo de la renta, como resultado de la interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La economía española lleva cuatro años continuados de recuperación y nuestro país es uno de los países de la Unión Europea con un crecimiento más elevado. En cambio, el desempleo roza los 4 millones de personas, la tasa de paro se eleva hasta el 17,22% -la segunda más alta después de Grecia- según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año. Pese a estos datos, que descubren la gravedad de los problemas de nuestro mercado de trabajo, el Partido Popular (PP) antes del verano puso en marcha una exagerada campaña de propaganda, para enaltecer sus supuestos logros económicos y de empleo comparándolos con los grandes hitos de la humanidad.

Son evidentes y no se pueden obviar las mejoras macroeconómicas de este periodo. A la vez existe un consenso mayoritario en que esos resultados se explican fundamentalmente por el contexto económico europeo e internacional, ya que las dos terceras partes de nuestro crecimiento económico obedecen a causas exógenas, entre otras, como la evolución de los precios del petróleo o las medidas adoptadas del Banco Central Europeo para impulsar la recuperación.

Si bien todo apunta que el Producto Interior Bruto (PIB) ha recuperado el volumen que tenía en 2008, antes de la crisis económica y financiera no ha ocurrido lo mismo con el empleo, pues según la EPA aún faltan 1,6 millones de personas ocupadas para alcanzar el nivel de ocupación anterior a la crisis. En el segundo trimestre de este año hay 18, 8 millones de ocupados, cuando en el segundo trimestre de 2008 había 20, 4 millones.

El desempleo es el primer problema que sufre nuestro país, que viene acompañado de la falta de estabilidad y la mala calidad del empleo que se ha creado desde 2014. Como consecuencia directa de la reforma laboral impuesta por el PP, la tasa de temporalidad está rozando el 27% del total de trabajadores ocupados. La precariedad de la contratación es crónica: mes tras mes, invariablemente, nueve de cada diez contratos registrados son temporales, el 25% del total tiene una duración de menos de 7 días, un tercio de los contratos son a tiempo parcial y el 60% de los trabajadores contratados a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, declaran realizarlo de forma involuntaria.

Desde el inicio de la crisis el peso de las rentas del trabajo han pasado de representar el 50%, del conjunto de la renta nacional, al 46% actual, esa reducción ha ido a parar mayoritariamente al Excedente Bruto Empresarial, lo que ha supuesto la pérdida de unos 40.000 millones de euros para los trabajadores.

Esta situación que no se compadece con el 12,5% de incremento de la productividad que se ha producido en el mismo periodo, que viene a representar unos 7.040 euros por trabajador, que han resultado determinantes para la mejora de la competitividad de la economía y beneficiado absolutamente las exportaciones de las empresas españolas. La mejora de la productividad no se ha distribuido de forma justa entre los empresarios y los trabajadores, pues de los 7.040 euros solo 220 euros han ido a parar a los trabajadores.

Un objetivo central de la reforma laboral del PP era la devaluación salarial, durante la etapa de los Gobiernos del PP los bajos salarios se han disparado. Los salarios del 40% de los que menos ganan han disminuido, fundamentalmente entre los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales, provocando un gran aumento de los trabajadores pobres y de las desigualdades.

Las causas están en las políticas llevadas a cabo por el PP, la estrategia de la precariedad y los bajos salarios están impidiendo que el crecimiento económico se distribuya a la mayoría de la sociedad y limita el consumo de las familias. Construir un nuevo modelo salarial es crucial para para distribuir de forma justa la riqueza generada y fortalecer la recuperación económica.

Cambiar el actual modelo salarial es una cuestión compleja que va requerir tiempo, por lo que las propuestas de los socialistas contemplan diferentes escenarios de forma gradual y en múltiples ámbitos de actuación. El objetivo es la recuperación del peso de las rentas del trabajo en la renta nacional en 2021, para ello el PSOE propone un Pacto de Rentas que comprenda, entre otras, las siguientes medidas:

Un nuevo modelo salarial, que base las subidas salariales en la evolución del IPC y de la Productividad, desde el pleno respeto a la autonomía negociadora de los organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y reconociendo la importancia de las negociaciones tanto sectoriales como intersectoriales. Para que los salarios recuperen el peso que tenían en 2008 se propone desarrollar una posible pauta de incrementos entre el 2-3 % para 2018 y un 2,5-3,5 para los años 2019, 20 y 21.

Si se quiere terminar con la actual dinámica de bajos salarios es imprescindible derogar la reforma laboral del PP, en concreto las medidas adoptadas en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, sobre la Negociación colectiva y convenios colectivos, para poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores y la articulación de la negociación colectiva a través de los ámbitos sectoriales.

Mediante consenso con los sindicatos y patronales se fijará el Salario Mínimo Interprofesional en 1.000 euros mensuales en 2020, de acuerdo con lo que establece la Carta Social Europea. Respecto a los empleados se debe recuperar el poder adquisitivo perdido por los recortes, entre un 12 y 20% según las Federaciones de Servicios Públicos de UGT y CCOO. Para ello se plantean aumentos anuales que se equiparen con la inflación real, más un porcentaje de complemento para recuperar las perdidas citadas.

Un objetivo central es reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, según UGT un 23,25%, para ello se va a proponer una nueva Ley de Igualdad Laboral. Como medida de transparencia se establece la obligación para las empresas de publicar los salarios y modalidades de contratación de todos los empleados.

Para erradicar la temporalidad abusiva se propone reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal, con plena igualdad de derechos respecto a los contratos indefinidos. Incrementar la capacidad de control de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, aumentar el número de sus efectivos y endurecer la tipificación de las sanciones de las infracciones a la normativa laboral la prevista en la Ley.

También se prevén diferentes medidas específicas orientadas a mejorar los derechos de los jóvenes en la inserción laboral, proteger a los trabajadores autónomos y acabar con la práctica de utilizar trabajadores asalariados como falsos autónomos. Regular las contratas y subcontratas, fijando la equiparación salarial con la empresa principal, según la actividad, para suprimir la competencia en base a bajos salarios como desarrollan determinadas empresas de multiservicios.

Para el PSOE es necesario y urgente un cambio de rumbo en las políticas de nuestro país, hay que impulsar un nuevo modelo económico y social que se asiente en un crecimiento económico sostenible y justo, con creación de empleo de calidad y con subidas salariales importantes basadas en el reparto de la productividad.