Hemos conmemorado este Primero de Mayo que celebramos bajo el lema sindical “Pleno Empleo: menos jornada, mejores salarios”, con una importante participación de las personas trabajadoras, en las diferentes ciudades españolas. En Madrid, como en los últimos tiempos, sufriendo los obstáculos del Ayuntamiento para su celebración, lo que no ha impedido una muy masiva manifestación.

El mismo 1 de Mayo, el Boletín Oficial del Estado publicaba el RD 438/2024, de 30 de abril, por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

La relevancia de esta norma radica, no solo en lo que supone por sí mismo el desarrollo de una ley tan necesaria como la Ley de Empleo, sino la materialización de un nuevo derecho tan importante como es el derecho de los trabajadores y trabajadoras al acompañamiento personalizado y profesionalizado a lo largo de toda la vida laboral, especialmente en los momentos en que se encuentran en situación de desempleo o en las transiciones laborales.

La exposición de motivos define muy bien como con este derecho al acompañamiento personalizado se incorpora otro pilar que refuerza nuestro Estado del Bienestar, a través de la reforma y reconfiguración de las Políticas Activas de Empleo que se está materializando en España.

Se profundiza además en el cumplimiento de un hito (335) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en la Reforma 5 del Componente 23. El SEPE vuelve a cumplir, este organismo, a menudo tan injustamente tratado, no solamente ha sido capaz de ser el sostén de millones de personas trabajadoras y de cientos de miles de empresas durante la pandemia, sino que continúa cumpliendo con su proceso de reformas y la necesaria modernización de las políticas de empleo. En este caso incorporando los Servicios garantizados para las personas demandantes de empleo, también para las personas que demanden servicios de empleo y para las empresas.

Se trata, como expone el RD de completar el círculo de los servicios garantizados en el Estado de Bienestar, de manera que toda persona demandante de servicios de empleo tenga derecho a ser atendida por personal técnico orientador de empleo y que toda empresa usuaria de los servicios públicos de empleo reciba también esa atención personalizada.

Se desarrolla así el Catálogo de Servicios garantizados previsto en la Ley 3/2023, de Empleo, que supone un cambio cualitativo en las políticas activas de empleo. Se determina que los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo coherentes con los estándares internacionales y la distribución de competencias tienen que ayudar a las personas trabajadoras a encontrar un empleo adecuado a sus características y a las personas y entidades empleadoras a contratar a personas trabajadoras apropiadas a sus necesidades, facilitar la movilidad profesional y geográfica voluntaria a fin de corregir los desajustes entre la oferta y demanda de empleo, recoger y analizar la situación y evolución del mercado de trabajo, vincularse con el sistema de protección por desempleo y coordinarse con el resto de políticas activas de empleo.

En este punto me gustaría también resaltar la seña de identidad del Sistema Nacional de Empleo, que destaca por su cohesión y lealtad institucional, tan necesaria en nuestro país y lamentablemente tan extraordinaria.

El RD mencionado señala también cómo los servicios garantizados están bien definidos y con la financiación del Estado asegurada, esta afirmación es muy importante pues conocemos como grandes leyes sin los medios adecuados resultan en la práctica inaplicables. En este caso junto a esa financiación garantizada por el estado, se requiere la ampliación y consolidación definitiva de las personas profesionales orientadoras en el marco del Sistema Nacional de Empleo de manera que sea posible dar cumplimiento al plazo establecido en el RD mediante el cual a los tres meses como máximo desde su solicitud debe estar elaborado el perfil individualizado de la persona demandante de empleo y un mes después el perfil para el itinerario personalizado.

De hecho el RD plantea como objetivo de la Cartera Común de Servicios desarrollar el marco normativo común contenido en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y una oferta integral permanente de servicios comunes para el empleo atendida por un cuerpo profesionalizado y estable de personal técnico, dejando abierta la posibilidad de que los servicios públicos de empleo, en su ámbito competencial regulen carteras propias, pudiendo incorporar aquellos servicios complementarios y actividades no contempladas en la Cartera Común.

Se refuerzan también la dimensión local del empleo y la participación de otros actores en la colaboración en la gestión de las políticas de empleo, particularmente las entidades del tercer sector imprescindibles en su trabajo con las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Para cada uno de los servicios de la Cartera, que se agrupan en servicios de orientación para el empleo personalizada, integral e inclusiva, servicios de intermediación, servicios de colocación y de asesoramiento a las empresas, servicios de formación en el trabajo y servicios de asesoramiento para el autoempleo, el emprendimiento viable y la dinamización del desarrollo económico local, se establece en el RD su objeto, así como las actividades que contempla cada servicio, que deberán prestarse como mínimo para las personas usuarias de los servicios públicos de empleo, desempleadas u ocupadas, y las empresas independientemente de su forma jurídica.

En materia de financiación se refuerza la plurianualidad de manera que se garantice la prestación de los servicios a través de una oferta adecuada de los mismos durante los trescientos sesenta y cinco días del año y no solo concentrados en determinados períodos, se incorpora la perspectiva de género en todas las políticas y servicios y la evaluación, asimismo se articula instrumentalmente el expediente personalizado único y se establece el acuerdo de actividad.

A lo largo de sucesivos artículos trataré de desgranar el amplio contenido de este real decreto, vital para las personas trabajadoras en los momentos de su vida laboral que más requieren del apoyo de las políticas públicas, y también para las empresas. La elaboración de las definiciones del artículo 3, o los principios que rigen estos servicios del artículo 4, ponen de manifiesto lo que suponen políticas públicas que ponen en el corazón de sus objetivos a las personas.

Para impulsar todos estos procesos es imprescindible la participación activa de los interlocutores sociales y la materialización de la Agencia Española de Empleo. Este Primero de Mayo hemos tenido buenos motivos para la celebración y necesariamente para la reivindicación en la continua mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras.