La firma del programa de gobierno entre el PSOE y Sumar, celebrada el 24 de octubre, nos acerca a la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Es un programa extenso de cuarenta y ocho páginas y once epígrafes donde predominan los contendidos sociales y económicos que son los que más afectan e interesan a la mayoría de los ciudadanos, pero también encontramos propuestas sobre la ampliación de derechos, la reforma de la Administración, la política territorial, la Cultura y las relaciones internacionales. Ese es el núcleo del programa de gobierno que ofrecerá Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados cuando se fije la sesión de investidura y merece glosarse porque, de salir elegido, su contenido será el plan de toda una legislatura.

Como PSOE y Sumar no cuentan con mayoría parlamentaria suficiente, este programa ha de modularse para que sea aceptado por los restantes Grupos Parlamentarios que han de votar la investidura de Pedro Sánchez, pero es un indicio de lo que PSOE y Sumar ofrecerán al PNV, a Bildu, a BNG, a Esquerra, a Junts y a Coalición Canaria.

Con diferente alcance y extensión, el programa se puede dividir, como hemos visto más arriba, en cinco bloques que conviene examinar: política socioeconómica y medioambiental, ampliación de derechos sociales, reforma del Estado (de la Administración, democracia, Justicia, política territorial y ampliación de derechos políticos), Cultura y política internacional.

BLOQUE SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL

El grueso del programa (treinta y una páginas sobre cuarenta y ocho) está dedicado a una nueva política económica y social con derivaciones hacia lo medioambiental. En concreto, debe destacarse el modelo económico que se propone para el pleno empleo, el reforzamiento del sector industrial, de las pymes y de los autónomos, la defensa de la concurrencia para evitar la excesiva concentración empresarial (es decir, los monopolios), el aumento de la competitividad y de la digitalización, los derechos de los consumidores y el impulso de la Ciencia y de la Innovación.

Ello se concreta mediante medidas específicas como, por ejemplo, la institucionalización de la defensa del cliente financiero y la potenciación del turismo social y de mayores. El programa se detiene con más extensión en las medidas estrictamente laborales. Estas medidas son el aumento del poder adquisitivo de los salarios, la culminación del Estatuto de los Trabajadores de conformidad con el siglo XXI, mayores garantías frente al despido conforme a la Carta Social Europea, la aprobación del estatuto del becario, un plan de choque para los parados de larga duración, la regulación de la jubilación parcial y la ampliación del registro horario. Las medidas que más escándalo han provocado en la derecha y en la patronal son la jornada laboral de 37,5 horas a implantar de forma progresiva a lo largo de dos años y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

En el ámbito medioambiental, agrícola y alimentario el programa ofrece muchas iniciativas interesantes entre las que conviene destacar las medidas de transición ecológica, la estrategia verde de reindustrialización, seguir aplicando la vigente Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, el aumento del autoconsumo fotovoltaico, la recreación de la Comisión Nacional de la Energía, que el Gobierno de Rajoy disolvió en 2013, la estrategia contra la pobreza energética y el cierre de las centrales nucleares en un periodo que abarcaría desde 2027 hasta 2035, los planes territoriales de conservación y restauración ambiental en zonas críticas como Doñana, el Delta del Ebro o el Mar Menor, aprobación del Plan Estratégico de Producción Ecológica y la Estrategia Nacional de Alimentación.

El último componente del bloque socioeconómico es el tributario. El programa se propone alcanzar en la Unión Europea un nivel mínimo común en el Impuesto de Sociedades, que evitaría la huida de empresas a ciertos Estados como Irlanda y Países Bajos, la lucha contra el fraude fiscal y la revisión de los gravámenes sobre la Banca y las empresas energéticas y el Impuesto temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas.

Como puede ver cualquiera, no se trata de un programa revolucionario, sino una propuesta muy razonable para acercarnos a otros países de la Unión Europea. Llama la atención la respuesta de la derecha y de la CEOE, cuando los empresarios deberían ser los primeros interesados en que los trabajadores dispongan de rentas suficientes para consumir más. También llama la atención la salida en tromba sobre los gravámenes de la Banca, energéticas y grandes fortunas, de los que ni siquiera se concreta en su cuantía y que no parece que hayan arruinado a los Bancos ni a las empresas energéticas, aunque han podido mermar sus dividendos. Esa reacción de la derecha y de los empresarios contra medidas moderadamente redistribuidoras sólo se puede explicar por el hecho de que España no participó en el gran pacto del Estado social al acabar la Segunda Guerra Mundial, por lo que su derecha no tiene el espíritu social de la Democracia Cristiana y no quiere ceder en nada, yendo los empresarios detrás de la intransigencia de la derecha política. Más llama la atención la reticencia del PNV, que se considera todavía demócrata cristiano y tiene votantes entre los trabajadores. En todo caso, si se aplicara totalmente el programa hoy suscrito, España subiría un escalón del Estado del Bienestar sin poner en cuestión el modo de producción capitalista.

AMPLIACIÓN DE DERECHOS SOCIALES

Este apartado es una prolongación del anterior, pues para reforzar el Estado del Bienestar no es suficiente ampliar las prestaciones y orientar las políticas públicas, sino que, desde la perspectiva subjetiva, es preciso ampliar la eficacia de algunos derechos. El programa hoy suscrito propone, entre otras medidas, ofrecer una “cesta” de productos básicos, ampliar el permiso de paternidad y maternidad, ampliar el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas a la Dependencia, desarrollar la estrategia contra la soledad, establecer un marco común de Atención Temprana, aumentar el IPREM, asegurar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones y reforzar con un programa muy amplio los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda y transporte. Además, el programa propone diversas medidas para hacer de España un referente feminista.

Este bloque de derechos sociales merece varios comentarios. En primer lugar, es un bloque dirigido a diversos colectivos. Por una parte, hay medidas dirigidas a favorecer a todos los ciudadanos para elevar el Estado del Bienestar (pensiones, sanidad, educación, vivienda, transporte, Dependencia, estrategia contra la soledad) y otras medidas van dirigidas a sectores más concretos y más excluidos (“cesta” de productos básicos, el Ingreso Mínimo Vital, IPREM). Los primeros, se debe reiterar, son elementos del Estado social que nos aproximan a los países ricos de Europa. Los segundos cumplen una importante función de cohesión social, para evitar estallidos sociales y romper “guetos” sociales que provocan conflictividad, como se ha visto incluso en países ricos como Francia.

Por eso no se entiende que un programa razonable y moderado en lo social y en lo económico, que a lo sumo reforzaría la cláusula constitucional del Estado social, provoque ya reacciones tan duras de la derecha política y económica. En la derecha (salvo en Vox) todos están muy contentos de que España forme parte de la Unión Europea, pero el nivel socioeconómico que les parece suficiente para nuestro país está más próximo a Bulgaria que a Alemania o a Finlandia.

REFORMA DEL ESTADO (ADMINISTRACIÓN, DEMOCRACIA, JUSTICIA, POLÍTICA TERRITORIAL Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS)

El programa tiene vocación de reformar elementos del Estado y para ello contiene una propuesta, más modesta que rupturista, de ampliar derechos a colectivos hasta ahora discriminados. Para ello propone una Ley contra el racismo, un Pacto de Estado en favor de los derechos de las personas LGTBI+, la prohibición de terapias de conversión y de toda discriminación en el medio laboral. Hay sectores de la derecha que se preguntan por qué hacer el esfuerzo en favor de grupos sociales minoritarios, pero la respuesta es clara: en primer lugar, un Gobierno progresista debe luchar contra la discriminación por mucho que afecte a colectivos reducidos. Y, en segundo lugar, extirpar la discriminación a minorías es una garantía de que las mayorías tampoco serán discriminadas por otros motivos.

Al lado de la ampliación de derechos para erradicar la discriminación de minorías, el programa ofrece algunas medidas de reforma administrativa para asegurar la atención personal al ciudadano, la respuesta a las solicitudes de prestaciones y una mayor digitalización. También propone una nueva Ley de Función Pública y una reforma de la endiablada legislación de contratos administrativos. Salvo en este último punto, el programa no se hace eco de los destrozos que hizo en la Administración la legislación del Gobierno de Rajoy en 2015, que debería revisarse más fondo.

Para consolidar la democracia y la Justicia el programa ofrece propuestas que no han terminado de aplicarse en la presente legislatura, a saber, un modo de renovar el Consejo General del Poder Judicial para evitar el largo boicot del Partido Popular y de la derecha judicial, el desarrollo de la Ley de la Memoria Democrática, una “Ley de bebés” para terminar de arreglar los robos de recién nacidos durante el franquismo, la reforma tan esperada de la “Ley Mordaza” del Gobierno de Rajoy y medidas para reformar la Administración de Justicia incluyendo cambios en el acceso a la judicatura que se esperaba se aprobarían en esta legislatura.

Finalmente, en la estructura territorial el programa se limita a proponer una reforma de la financiación autonómica, una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (expresión ésta bastante anticuada que no se utilizaba desde que se aprobó la Ley de Régimen Local de 1985) y la cogobernanza desde el diálogo y la lealtad.

El programa de reforma del Estado, salvo la indicación de renovar el Consejo General del Poder Judicial frente al boicot de las derechas, es un programa que quizá necesite más impulso en el futuro. Es cierto que, estando pendientes de terminar la negociación con los partidos nacionalistas, no se puede avanzar mucho más y hasta es un acierto que no se especifiquen más ideas que, como se ha visto en las últimas semanas, provocan reacciones desaforadas en la derecha y en su prensa. Pero, más allá de la dimensión territorial de la reforma del Estado, es posible que el futuro Gobierno se tenga que plantear un cambio de más alcance en el funcionamiento y organización de la Administración.

CULTURA

El programa cultural del Gobierno tiene puntos muy correctos y necesarios que ya se habían planteado en la anterior legislatura (reforma de INAEM, reforma de la Ley del Cine, Ley de la Oficina de Derechos de Autor, terminar lo poco que queda de cumplir con el Estatuto del Artista) y propuestas novedosas como una Ley de derechos culturales que aseguren la igualdad en el disfrute de éstos en todo el territorio nacional, vista la política que practican el Partido Popular y Vox en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde gobiernan. En todo caso, el programa cultural es un programa sensato y moderado.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Aunque breve, el programa europeo es muy completo y ofrece una visión progresista de las políticas públicas comunitarias. Es todo un acierto. Es también un acierto la solidaridad con Ucrania y la condena explícita de la “injustificada agresión rusa” y es de celebrar que Sumar haya aceptado esta condena. También el futuro Gobierno se compromete con la paz en Oriente Medio garantizando el Derecho internacional y apostando por un Estado palestino. En todo caso, la parte internacional del programa es abiertamente europeísta y, salvo en la referencia al Estado palestino, no parece que pueda ser criticada por las derechas españolas.

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Si Pedro Sánchez obtiene la investidura y puede aplicar el programa de gobierno firmado por el PSOE y Sumar, España se aproximará a los más altos Estados del Bienestar europeos, pero no será un Estado bolivariano, sino una democracia con tintes socialdemócratas. Las derechas diversas (política, económica, judicial) podrán quejarse porque no gobiernan, pero no por el contenido razonable, sensato y moderado del programa.