Nadie discute, formalmente, que uno de los valores democráticos más compartidos por la opinión pública lo constituye la transparencia.

La ciudadanía puede y debe ejercer el derecho de control sobre aquellos a los que ha elegido para representarla. Puede controlar si en el ejercicio de la política se practica el respeto a los procedimientos legales, y puede y debe conocer los procesos de decisión de las instituciones.

Desde esta posición resultan evidentes los estragos causados por el conocimiento del dramático sainete de la vacuna de AstraZeneca.

El bochorno de la opacidad que ha representado la situación experimentada por eurodiputados de diversos países, que no tenían acceso, o lo tenían en precarias y vergonzosas situaciones, a los contratos establecidos entre la Unión Europea y la compañía AstraZeneca, no tiene parangón democrático.

En la normativa de contratación europea, larga y prolija, se dice que “los contratos de valor medio y más elevado han de adjudicarse mediante concurso”, aunque hay excepciones, entre ellas, casos de extrema urgencia. Y es aquí donde la Unión Europea calló y donde AstraZeneca sacó lo peor de un cuasi monopolio en el peor de los momentos para una ciudadanía amedrentada y ávida de soluciones ante la feroz pandemia.

El problema añadido son las consecuencias, que el ya de por sí indeseable asunto ha desencadenado.

En razón a esta situación, considero extremadamente pertinente que el Tribunal de Cuentas Europeo analice tanto la contratación como la ejecución de los contratos relacionados con la pandemia. Análogamente, en los países miembros de la UE, los contratos realizados con Fondos Covid, más allá de contemplar las excepciones, también deben ser fiscalizados, sin que leyes de protección de datos y cumplimiento de otras obligaciones legales  supongan un impedimento concluyente.

Doy por descontado, que el problema del suministro se resolverá con prontitud. Otra cosa es, ¡ay!, el suministro de la vacuna a la población más desfavorecida y abandonada del planeta.

El episodio tiene otras muchas derivadas para el conjunto de ciudadanas y ciudadanos. Por ejemplo, se ha puesto en entredicho la necesaria, pero indigesta para algunos, relación de la actuación público-privada.

Algunos desde la demonización de la segunda parte del binomio, otros lo han hecho desde el Parlamento y desde tribunas de prensa contra un gobierno legítimo que está sometido al control soberano del Parlamento, al escrutinio de la UE y que, además, ha de compartir gestión con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de diverso color político.

Es deseable recuperar confianza institucional, poner en primer plano el ejercicio de la transparencia necesaria, de la coordinación y comunicación entre instituciones y contribuir así a restañar e incrementar la conciencia y la participación ciudadana.

Un último apunte por mi parte. Hay que señalar, a pesar de todo, el gran acierto de la decisión europea de negociar de forma conjunta las mejores condiciones macro. Evitar una lucha fratricida entre los países miembros es una garantía a todos los niveles.

Extender compromisos análogos es poner en valor a las instituciones que realicen esta tarea para los más desfavorecidos del planeta. Es una exigencia humanitaria, además de una necesidad práctica también para los habitantes del primer mundo.

En la crisis económica y financiera de la pasada década, algunos conspicuos defensores del “capitalismo” llegaron a pedir la desaparición de la UE. Yo no abogo por la desaparición de las farmacéuticas que tan egoístas e insensibles están siendo para con la humanidad, pero quiero recordar la apelación que hace algunos años hacía Macron para Francia.

“Nuestro mundo sin duda se fragmentará, es indispensable reconstruir una independencia agrícola, sanitaria, industrial y tecnológica francesa. Tendremos que elaborar una estrategia sobre la base del largo plazo y la posibilidad de planificar”. Sea, para todos.