La violencia verbal y machista empleada por la Diputada de Vox Carla Toscano contra la Ministra de Igualdad, Irene Montero, la manera como aquella fue jaleada por su Grupo Parlamentario y, en fin, la intervención histriónica (y ridícula, dicho sea de paso) de otra Diputado de Vox, Onofre Miralles, tienen más calado del que puede parecer. Los parlamentarios de Vox no son los únicos, pues hace muy pocos días otro Diputado, éste del Partido Popular, también utilizó una innecesaria agresividad contra Irene Montero.

¿Qué está pasando en el Parlamento? ¿Es asumible la violencia verbal de la extrema derecha, a la que a veces se suman el Partido Popular y Ciudadanos (de boca de Inés Arrimadas que a veces necesita demostrar que es más dura que nadie con la izquierda)?

En primer lugar, ¿por qué la violencia verbal de Vox? En parte, puede ser una mera táctica para que los ciudadanos no se olviden de que existe este partido. A pesar de su vana oposición, el Partido Popular y su Presidente, Núñez Feijóo, llenan todo el campo de la oposición y Vox tiene poco margen para llamar la atención. De modo que tiene que adoptar el papel del histrión o del provocador para que la prensa hable (aunque sea mal) de este partido. Y la única manera de llamar la atención a los medios es la provocación verbal. Nada nuevo. Lo malo es que esa provocación es a costa (o contra) de valores constitucionales, como la dignidad de la persona humana y el principio democrático que iguala a todas las opciones políticas y exige su respeto [“Somos moralmente superiores. Al ‘zurderío’ (sic) se le combate de cara”, afirmó el refinado Diputado Miralles].

Pero, en segundo lugar, al lado de conveniencias tácticas, en la agresividad verbal de Vox hay un trasfondo, trasfondo del que hay que responsabilizar también al Partido Popular. De la misma manera que en Estados Unidos y en Brasil las derechas extremas están poniendo en peligro la democracia al poner en cuestión los resultados electorales cuando no les favorece, en España, si bien no hemos llegado a esa fase (ya veremos a partir de la primavera próxima), estamos en una fase previa que consiste en deslegitimar los órganos constitucionales y las instituciones democráticas. ¿Cómo? No cumpliendo la Constitución al no renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, negando la legitimidad del actual Gobierno y empleando a las Comunidades Autónomas para hacer la guerra (que no la oposición) al mismo Gobierno. Ese caldo de cultivo refuerza la agresividad verbal de Vox que, si recordamos algunas intervenciones parlamentarias de Santiago Abascal o de Macarena Olona, no necesita muchos estímulos para sacar su cara más destructiva y menos compatible con el principio democrático.

El País del 27 de noviembre de 2022 se refiere a la preocupación que hay en los órganos de dirección del Congreso por esta deriva y por la falta de instrumentos jurídicos para atajarlos. Quizá haya que preocuparse menos de disponer de instrumentos normativos (que a mi juicio son suficientes) y afrontar cada sesión con firmeza, sin permitir la menor vulneración de los derechos y de la dignidad de los Diputados y de los miembros del Gobierno. En todo caso, el problema no tiene fácil solución porque impedir a un parlamentario que hable o sancionarle por lo hablado puede incidir sobre el derecho a la libertad de expresión, precisamente cuando la publicidad de los trabajos parlamentarios es uno de los elementos característicos de los Parlamentos. Parlamentos muy antiguos, como el británico, son la sede de debates muy duros, aunque quizá la línea divisoria sea el respeto a la dignidad de la persona. Cada titular de la Presidencia de la Cámara tendrá que evaluar si se traspasa esa sutil línea divisoria y depende de la ponderación que aplique la Presidencia el hacer compatible la libertad de expresión y la dignidad de los propios miembros del Parlamento.